En una primera acción judicial la Dijin capturó en Valledupar a un fiscal local por presuntamente suministrar información acerca de procesos en contra de la banda criminal Los Rastrojos, que delinque en los departamentos del Cesar, Santander y Norte de Santander. Adicionalmente, aprovechaba su investidura para transportar sustancias estupefacientes a diferentes partes del país, recibiendo a cambio de estos 'favores' remuneraciones económicas.

De acuerdo con la información oficial, el funcionario estuvo vinculado con la organización delincuencial desde el año 2006 hasta el 2012.

El proceso judicial que por espacio de tres meses adelantó la DIJÍN evidenció que el capturado fue mencionado en diversas diligencias de entrevista e interrogatorios a indiciados y testigos, ex integrantes de la banda criminal Los Rastrojos.

Por los anteriores hechos la Fiscalía solicitó ante juzgado asignado penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá la orden de captura por los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir y concusión.

La semana anterior la Dijin capturó al Fiscal 24 Seccional de Barranquilla. Según el proceso investigativo el funcionario al parecer habría recibido la suma de seis millones de pesos, con el fin de realizar un preacuerdo con una mujer para que se beneficiara con prisión domiciliaria ya que se encontraba recluida en centro penitenciario y levantar la medida cautelar del vehículo inmovilizado dentro del mismo procedimiento, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; medida cautelar que solo podía levantar otro Juez de Control de Garantías y no el Fiscal 24 Unidad de Seguridad y Salud Pública, como lo hizo en este caso.

Simultáneamente, investigadores adscritos al Grupo Anticorrupción capturaron en Valledupar a dos investigadores del CTI, quienes aduciendo contar con orden de allanamiento y registro realizaban procedimientos irregulares con el fin de extorsionar a los propietarios de diferentes mercancías.

Según la investigación dos funcionarios adscritos a la Seccional Cesar, Unidad de Chiriguaná del CTI, efectuaron al parecer una diligencia irregular en la finca Pachito, ubicada en zona rural del corregimiento El Boquerón, en La Jagua de Ibirico; de allí sustrajeron mercancía de contrabando avaluada aproximadamente en $45 millones y retuvieron arbitrariamente al administrador de dicho predio.

Durante el desarrollo de las labores de indagación se obtuvieron elementos materiales probatorios que llevaron a la Fiscalía a inferir razonablemente la ejecución de actos ilegales por parte de los funcionarios del CTI evidenciando que recibieron $30 millones por la libertad de la persona retenida y la devolución de la mercancía incautada.