Doce personas que habrían participado en operaciones que dejaron sin alimento a 1.178 niños entre 0 y 5 años que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Barranquilla. El ilícito también afectó a madres gestantes y lactantes.

La acción judicial se realizó porque la exdirectora del ICBF en Atlántico Yolanda Ruiz, el representante legal de la Unión Temporal Unidos por la Niñez, Luis David Avendaño, su hijo Luis David Avendaño Fernández, 4 supervisores de contratos, así como el tesorero y el contador de la unión temporal y otras personas más habrían participado en el desfalco contra la entidad, que impidió la atención adecuada a los infantes de estratos 0, 1 y 2 de los municipios de Tubará y Ponedera, en el departamento de Atlántico.

La Fiscalía los investiga por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. En total, los dos contratos alcanzan la suma de 2461 millones de pesos y el informe preliminar señala un detrimento patrimonial de 600 millones de pesos.

Los capturados habrían cometido irregularidades en la ejecución de las dos convenciones, celebradas entre el ICBF y la Unión Temporal Unidos por la Niñez, para promover el desarrollo integral de la primera infancia en los municipios de  Tubará y Ponedera.

Fueron el contrato No.331, por valor de $1.208.000.000 para atender a 578 beneficiarios mediante la modalidad desarrollo infantil en medio familiar, en el municipio de Tubará, y el contrato No.346, por valor de $1.253.000.000, para atender a 600 beneficiarios mediante la modalidad desarrollo infantil en medio familiar, en el municipio de Ponedera. Estos fueron suscritos en diciembre del 2014.

El Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, explicó que entre los hallazgos más relevantes se encuentran sobrecostos en los refrigerios y mercados, pagos de cánones de arrendamiento que no hacían parte del objeto del contrato, destinación de recursos para fines diferentes a los contratados, así como irregularidades en el proceso de selección del contratista, por cuanto este no reúne ni las capacidades técnicas ni financieras para ejecutar el contrato.

Asimismo, se estableció que el personal postulado ya se encontraba vinculado en otros contratos. Por estas razones, se ha hallado hasta ahora un detrimento cercano a los 600 millones de pesos.