Una gran parte de la contratación directa pública se sigue haciendo a dedo y para pagar favores políticos, denunció el auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera.

De acuerdo al ente de control, en el primer semestre del año el Gobierno nacional efectuó contrataciones por 18.4 billones de pesos. El informe establece que 16.3 billones se dieron por contratación directa y regímenes especiales que no fueron sometidos a ningún proceso de selección objetiva.
Explica que 3.7 billones de pesos se dieron mediante contratación directa.
"Seguimos observando que la ley 80 es el mecanismo que menos utilizan las instituciones públicas para contratar", dijo Ardila.

Denunció que en este proceso de contratación directa y a dedo se utiliza la 'tercerización', a través de convenios interadministrativos que "también es una de las situaciones que es bastante preocupante y que los organismos de control venimos llamando la atención sobre este fenómeno".

Insistió el jefe del organismo de control que "buena parte de esa contratación directa para lo único que sirve es para pagar favores políticos".
A juicio del Auditor General, los regímenes especiales que son los que utilizan buena parte de las entidades del Estado, permiten hacer ese tipo de contrataciones directas, porque son empresas industriales o que son sociedades de economía mixta y por eso tienen esa facilidad para hacer este tipo de contratación.

Insistió en que hay que entrar a reformar la ley 80, pues los objetivos no se están cumpliendo.
De acuerdo con la Auditoria, en el ministerio de Protección Social, se realizaron 197 contratos de prestación de servicios, por un valor de 10 mil millones de pesos. En el caso del Ministerio de Agricultura, la cifra fue de 97 contratos por 26 mil millones de pesos.

También se destacan 18 contratos del ICBF con la cooperativa de trabajo asociado Coprosperar por 22 mil millones de pesos.
La auditoria expresó su preocupación por la suscripción de contratos con aparente desconocimiento de los principios de contratación estatal.

Por otra parte y a través de diferentes estudios que ha realizado la Auditoría General de la República, se ha podido concluir que las diferentes reformas legales no han cumplido su objetivo de frenar las irregularidades y las prácticas corruptas en la contratación pública.
“Las modalidades y procedimientos de selección de contratistas encuentran muchas falencias que facilitan la existencia de irregularidades, manipulaciones, sobrecostos y que en muchos casos son la principal causa de los incumplimientos y atrasos en las obras, lo cual genera un ambiente propicio para la corrupción y el menoscabo de los recursos del erario”, explica el auditor General Jaime Ardila Barrera.

La Auditoría pone como ejemplo la situación en Antioquia, donde de los 1,57 billones de pesos contratados, por la modalidad directa se contrató la suma de 1,26 billones de pesos, equivalente al 80.25% del total de la contratación.

Indica la institución de auditoría que “se observa un claro distanciamiento de la regla general que exige la licitación pública en la mayoría de los contratos.