Por haber cometido el delito de porte ilegal de armas en 1985, el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro tendrá que defender su inscripción y elección ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Una demanda interpuesta por el concejal Orlando Parada en la que argumenta que el electo alcalde estaba inhabilitado para inscribirse como candidato pues sobre él pesaba una condena inpuesta por un juez penal militar.

Parada se defiende diciendo que la constitución cita que “ninguna persona que haya sido condenada “en cualquier tiempo” por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales “puede aspirar a cargos de elección popular, ser designado como servidor público o celebrar contratos con el Estado”.

Por lo tanto, Gustavo Petro deberá comparecer ante el Tribunal el próximo 9 de noviembre y encontrarse con Parada para decidir si se continúa con el proceso investigativo o se da por terminado el trámite judicial.