Candente. Así es el clima con que arranca este martes el segundo tramo de la legislatura parlamentaria. Si bien el Gobierno maneja alrededor del 90 por ciento de las curules en el Senado y la Cámara a través de la coalición de Unidad Nacional, lo cierto es que los principales proyectos vienen cargados de fuerte polémicas y sus debates prometen ser muy movidos.

Sin duda alguna el asunto con más alta tensión gira alrededor del proyecto de reforma a la justicia que ya surtió cuatro de los ocho debates reglamentarios y empezará el quinto en la Comisión I del Senado con un panorama más crítico que el registrado en diciembre pasado, cuando la discusión en la plenaria de la Cámara terminó en medio de la polarización entre Congreso, Gobierno y altas Cortes judiciales.

Como se recuerda, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y una de las salas del Consejo Superior de la Judicatura se levantaron de los debates en el Congreso advirtiendo que el proyecto de reforma a la justicia que se venía aprobando era altamente lesivo para la autonomía de esta rama del poder público.

Los principales peros, en ese entonces, estaban referidos a la propuesta de derivar funciones jurisdiccionales en abogados y notarios; negativa a una mayor asignación presupuestal a la administración de justicia; intención de recortar la facultad de la Corte Suprema para juzgar a altos funcionarios aforados (especialmente los congresistas); confusas modificaciones a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara; creación de la figura del habeas juris (una especie de supertutela procesal); modificación apenas parcial del Consejo Superior de la Judicatura; y el artículo que le quita a los más altos tribunales sus funciones electorales o nominadoras en el caso de Fiscal, Procurador y Contralor generales, dejando tales facultades en cabeza del Presidente de la República y el propio Congreso.

Aunque desde el mismo momento en que la reforma fue aprobada en cuarto debate en la Cámara y luego ‘depurada’ en la instancia de conciliación con el Senado, en donde incluso se le cerró el paso a la idea polémica de crear una especie de ‘supercorte’ para juzgar aforados, se dijo en el Gobierno y el Congreso que se buscarían mecanismos de acercamiento con las altas Cortes para convencerlas de que volvieran a los debates y buscaran consensos para aprobar los cambios en la rama judicial.

Sin embargo, aunque hubo distintos foros, reuniones y mediaciones (incluso de la Iglesia Católica) no se logró distensión alguna, a tal punto que la semana pasada voces de la Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura insistieron, por enésima vez, en sus duras críticas a la reforma, incluso pidiendo que se retirara el articulado, a lo que el Gobierno se negó rotundamente, defendiendo las que califica como sus bondades y descartando que la iniciativa sea “revanchista” contra los máximos tribunales.

Así las cosas, el proyecto será retomado en la Comisión I de Senado en medio de una fuerte polarización. El Congreso y la Casa de Nariño tienen la autonomía y capacidad política para sacar avante la iniciativa pero están conscientes de que hacerlo a espaldas o con la negativa férrea de los máximos tribunales es muy riesgoso. A ello se suma que crecen las voces que hablan sobre errores de forma y fondo en el articulado que podrían llevar a que, si se aprueba, luego sea declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Pulso por fuero

Pero no paran allí los debates que arrastra la reforma a la justicia. En los últimos dos meses le surgió una polémica más candente: el fuero militar.

Como se recuerda, en octubre del año pasado el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue al Congreso y propuso incluir en el articulado de la reforma una propuesta para fortalecer el sistema de investigación y juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública, de forma tal que la justicia penal militar tuviera la prelación para conocer de los delitos cometidos por uniformados en servicio o con ocasión del mismo.

Sin embargo, tiempo después el Gobierno propuso retirar el artículo del fuero para tramitar un proyecto autónomo e integral al respecto. El Congreso se negó a la propuesta y la iniciativa llegó a cuarto debate, claro en medio de una fuerte polémica por parte de sectores de izquierda y ONG que advertían sobre un posible retroceso en el esclarecimiento de los delitos cometidos por militares y policías.

Sin embargo, hace unas pocas semanas fue el propio presidente Juan Manuel Santos el que volvió a proponer el retiro del artículo de la reforma y anunció la presentación de un proyecto autónomo, integral, reglamentario y muy puntual sobre el fuero militar.

El problema es que, una vez más, el Congreso se negó a excluir el artículo de la reforma judicial y el pulso con la Casa de Nariño desembocó en un escenario absolutamente ilógico, insólito y ajeno a toda técnica legislativa: dos proyectos de reforma constitucional paralelos sobre fuero militar. Uno, el que ya viene en la reforma a la justicia; y dos, el radicado el viernes pasado por el ministro de Defensa, que es más integral y detallado que el primero.

Obviamente es absolutamente imposible de predecir qué pueda pasar en este campo, pues si bien la reforma a la justicia va adelantada cuatro debates, puede hundirse en cualquier momento. Sin embargo, el proyecto autónomo no tiene apoyo de los partidos de la coalición de gobierno y podría terminar también teniendo un ‘entierro de tercera’, con el agravante de que uno u otro escenarios bien podrían conllevar a una grave fisura en la coalición de Unidad Nacional.

El pulso tributario

Los anuncios del Gobierno en el sentido de que a finales de este mes presentará a consideración del Congreso un proyecto de reforma tributaria estructural no convencen del todo a muchos sectores. Es más, lo que cada día parece más claro es el creciente número de interesados en aprovechar el momento para impulsar toda clase de modificaciones tributarias. Ya se habla, por ejemplo, de una ‘feria’ de propuestas impositivas que van desde acabar al máximo exenciones, crear otras cargas e impuestos a la minería y los hidrocarburos para suplir caídas de ingresos por desmonte de impuestos a la nómina, y hasta establecer tarifas diferenciales…

Sin embargo, de lo poco que ha dejado entrever el Ejecutivo sobre el articulado es que se va a ampliar la base tributaria pero no aumentarán las tarifas de los impuestos. Incluso, habría una reducción del gravamen de renta.

Sobre esta situación, Fedesarrollo considera que toda propuesta de reforma debe tener en cuenta, como mínimo, el compromiso político adquirido por Santos de no aumentar las tarifas impositivas y la oposición de la Corte Constitucional a la universalización del IVA.

El Jefe de Estado sabe que el reto esta reforma no es menor en el Congreso y por eso se ha cuidado de plantear un debate puntual con antelación. Sus pronunciamientos se dirigen a los aspectos generales sobre equidad, ponderación: “necesitamos que esa riqueza, esa prosperidad que se está generando se reparta mucho mejor. Y por eso en la Reforma Tributaria no vamos a ir botando recursos. Los recursos han crecido como nunca antes. 86,6 billones de pesos fue el recaudo el año pasado, muy por encima de lo que habíamos planeado, simplemente por hacer unos ajustes, tapar huecos y perseguir a los corruptos. Pero necesitamos que esos recursos se distribuyan mucho mejor, y necesitamos también que el sistema tributario sea mucho más equitativo”.

Sin embargo, los analistas consideran que si se simplifica el IVA para volverlo más eficiente, probablemente lo hará más regresivo. Ello sugeriría la necesidad de propender por mayor progresividad en el impuesto de renta, seguramente para que la carga de este último tributo recaiga más en las personas que en las empresas, y establecer transferencias bien focalizadas en favor de los más pobres.

A juicio de los investigadores, el proyecto debe incrementar al máximo posible el número de bienes gravados con IVA al 10 y al 16%, unificar la tarifa de renta de las empresas en un nivel que si bien debe ser inferior a la actual tarifa general de 33%, con seguridad debe ser muy superior a la privilegiada tarifa de 15% hoy en día aplicable a empresas en Zona Franca uniempresariales.

Esta situación también será aprovechada por los gobernadores que han pedido disminuir la cantidad de impuestos y contribuciones que existe en cada uno de los territorios, centralizar el recaudo en unos pocos tributos y ampliar la base gravable para fortalecer los entes territoriales y suplir la baja de ingresos por la reforma en el sistema de regalías.

Combustibles en la mira

Al igual de lo que pasó con la reforma judicial, a la que el artículo del fuero se le convirtió en un dolor de cabeza paralelo, uno de los temas más polémicos de la próxima reforma tributaria será el de los combustibles y el manejo de los impuestos que actualmente están incluidos dentro del precio tanto de la gasolina como del ACPM.

Se trata de un debate de marca mayor, en el que, además, se verá impactado otro proyecto insignia de la agenda: la posible venta de otra porción accionaria de Ecopetrol, enajenación que para algunos parlamentarios no se justifica en este momento cuando la cotización del crudo está por las nubes y la petrolera está incrementando considerablemente sus utilidades.

Uno de los abanderados para que el precio de los combustibles sea incluido dentro de la reforma es el senador Luís Fernando Velasco, que incluso coincide con el Ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, sobre la urgencia de tratar el tema dentro del ajuste tributario con lo que aparentemente el precio podría bajar mil pesos.

Velasco ha dicho que “un tema tan importante para los colombianos como es el precio de los combustibles, no se puede dejar sólo en manos de un Ministro de Minas y de su jefe de Hidrocarburos. Eso no puede ser así, los precios deben ser regulados por el mercado o por una ley de la República y no por un decreto. Por eso es escenario propicio para cambiar el modelo en que se determina el precio de la gasolina debe ser el Congreso”.

Incluso la Contraloría General ha indicado que tiene los estudios técnicos que advierten que sí puede bajarse el precio de la gasolina en el país. Lajefa del ente fiscalizador, Sandra Morelli, dijo que el estudio que fue adelantado hace cerca de dos años, el cual fue refrendado en los últimos días, señala que puede reducirse el valor del combustible.

Sin embargo, tanto para el Gobierno como para el Congreso será difícil establecer de dónde podrán reducir los impuestos que actualmente están colgados del precio y que significan casi el 35 por ciento del valor total que pagan los usuarios. Además, esos impuestos como la sobretasa a la gasolina van a reparación de malla vial local, y no se ve otra fuente para suplirlos fácilmente.

Otros proyectos

Como se ve, estos cuatro proyectos insignia marcan un arranque muy tenso del Congreso y prometen más de un debate de alto calibre.

A ello deben sumarse discusiones también muy complejas en torno a proyectos de muchas implicaciones como las iniciativas para crear una Ley de Desarrollo Rural, reglamentación de la ley de Televisión, conciliación de la norma que reglamenta el Sistema Nacional de Regalías, el choque de iniciativas sobre la regulación o penalización de la dosis personal de estupefacientes, Código Electoral, Marco General para la Paz, las reformas a los regímenes departamental y municipal, así como el de áreas metropolitanas…

Como se ve, aunque sólo serán tres meses de este segundo tramo de la legislatura parlamentaria, la movida política estará muy movida en el Congreso. Habrá que esperar a junio para establecer ganadores y perdedores.