El reciente fallo sancionatorio de primera instancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte en contra de Rápido Tolima S.A., empresa de transporte intermunicipal de pasajeros, condujo a la cancelación de su habilitación debido a las irregularidades relacionadas con las condiciones de operación, técnicas y de seguridad, agravadas por los daños ocasionados a los usuarios del servicio y con sustento en el historial que han causado los diversos accidentes de la empresa desde el año 2013.

En abril de 2011, Rápido Tolima S.A. fue sometida a control por parte de la

Superintendencia de Puertos y Transporte, que es el máximo grado de vigilancia de esta entidad, debido a hallazgos administrativos, contables y financieros.

Tiene siete investigaciones administrativas adicionales, todas ya con

Fallos en firme, tres de las cuales fueron sancionadas con multas económicas por más de $20 millones, entre otras, por la no entrega de información, abandono de rutas, tener tarjetas de operación vencidas y por los accidentes en los que están involucrados vehículos de la empresa.

También han sido tramitadas en la Superintendencia investigaciones por

Informes Únicos de Infracciones al Transporte (UITS) cometidos por buses afiliados a la empresa, que fueron remitidos por la Policía de Tránsito y que suman multas por más de $270 millones.

El historial del que habla el fallo de la Supertransporte hace referencia a los más de 12 accidentes presentados desde abril del año pasado, que dejaron  más de un centenar de heridos y al menos15 víctimas fatales, además de los lesionados por el accidente en abril de este año en la vía Honda – Puerto Boyacá y que provocó esta última decisión de la Superintendencia, en el que resultaron heridos 13 pasajeros y murió el conductor del bus cuando su hijo menor de edad manejaba el vehículo.

Los cargos investigados consistieron en que presuntamente Rápido Tolima no ejerce los controles adecuados y suficientes que impidan que menores de edad conduzcan los vehículos vinculados a la empresa o permite dicha actividad y que al parecer no adopta mecanismos necesarios para garantizar que en trayectos de más de ocho horas, la conducción de los vehículos sea ejercida al menos por dos conductores.

“Para la Superintendencia es de vital importancia tomar las medidas necesarias para asegurar que el transporte público sea prestado con calidad y que las vidas de las personas no se pongan en riesgo por faltas reiteradas cometidas por las empresas”, aseguró el superintendente Juan Miguel Durán.