Pese a que Colombia ha avanzado en materia de calidad de vida, menor desempleo y una mayor tasa de participación laboral, subsisten importantes problemas estructurales en esta materia, ya que a la generalizada informalidad laboral se suman una elevada tasa de empleo por cuenta propia y el hecho de que numerosos trabajadores sean eventuales o temporales.

Así lo advierte el “Estudio sobre las políticas de Colombia en materia migratoria, social y laboral”, que acaba de publicar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de un informe clave para el proceso de ingreso de nuestra nación a ese ente, que reúne a más de una treintena de países con las mejores prácticas de gobierno en todo el planeta.

Para ello, Bogotá se comprometió a cumplir una serie de metas y estándares mínimos, una hoja de ruta en la que se ha venido avanzando a grandes pasos en algunas temáticas pero en otras la tarea apenas sí está a medio camino.

Aunque el propio informe sostiene la publicación del presente documento y el análisis y las recomendaciones que contiene no prejuzgan de ninguna manera los resultados de la evaluación de Colombia que actualmente lleva a cabo el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, como parte del proceso de adhesión del país a la OCDE, es claro que si deja ver qué tan cerca o lejos estamos para cumplir con la hoja de ruta.

Avances pero…

Según el estudio, las condiciones de vida de la población colombiana han mejorado considerablemente gracias a un intenso crecimiento económico y a unas políticas orientadas a los grupos más vulnerables. El país registra en la actualidad un menor desempleo y una mayor tasa de participación laboral que la media de la OCDE. Incluso se dice que “la favorable coyuntura económica también incentiva la inmigración desde países vecinos”.
Pero a paso seguido se advierte que "subsisten, con todo, importantes problemas estructurales. A la generalizada informalidad laboral se suman una elevada tasa de empleo por cuenta propia y el hecho de que numerosos trabajadores sean eventuales”.

Se agrega, por igual, que la desigualdad de ingresos es la mayor entre los países de la OCDE y la redistribución vía impuestos y prestaciones es prácticamente insignificante.

También se encontró que medio siglo de conflicto interno y violencia ha provocado el desplazamiento de una parte significativa de la población, viviendo una gran parte de ellos en condiciones de pobreza extrema. Pese a logros considerables en este ámbito, la violencia aún constituye un reto y afecta también a los afiliados y dirigentes sindicales.
 

Siguiendo con las conclusiones del drástico estudio, se advierte que el Gobierno colombiano ha emprendido reformas importantes en estos últimos años y sus esfuerzos van poco a poco dando fruto, según constata la OCDE. No obstante, se requiere seguir progresando en la mejora de la calidad del empleo, la cobertura de la protección social, el diálogo social y sobre todo el bienestar en general para todos.
En este aspecto, por ejemplo, se indica que una aplicación correcta de la legislación laboral es un primer paso hacia un mercado de trabajo más equitativo. Aunque los inspectores y los tribunales de trabajo son clave para investigar y sancionar los incumplimientos de la normativa laboral, el diálogo social y los mecanismos de negociación colectiva cumplen también un papel trascendente a la hora de garantizar unas condiciones de trabajo decentes. Un mejor funcionamiento de estos sistemas es crucial. Es imprescindible acometer reformas adicionales para sacar a los trabajadores del sector informal y protegerles mejor, a ellos y a sus familias, contra la pobreza, la enfermedad y el desempleo.
Otro aparte del estudio sostiene que el gasto social público, aunque en aumento, es exiguo y no siempre se centra en los más necesitados.

“El sistema de pensiones es complejo, restrictivo y prioriza a las personas con mayores ingresos, por lo que podría beneficiarse de una reforma integral. Los programas de política social para los pobres y vulnerables deberían ampliarse a fin de mejorar sus resultados, así como potenciarse el efecto redistributivo de los subsidios familiares. Asimismo podría hacerse más por implicar a la gran comunidad emigrante del país, a menudo personas con un alto nivel educativo, y facilitar su retorno y reintegración en el mercado de trabajo colombiano”.

Tras ese crudo diagnóstico, el estudio concluye con una serie de “Recomendaciones de políticas para Colombia”.

De acuerdo con los autores, en vista de que las políticas sugeridas implicarán un aumento del gasto público social, será importante mejorar el sistema fiscal o modificar la composición del gasto gubernamental en favor de políticas laborales y sociales. Aquí las principales:

Políticas laborales e institucionales

• Avanzar aún más para proporcionar ayuda económica a las personas desempleadas. En este contexto, reforzar el sistema de cuentas individuales de ahorro de cesantías limitando las opciones para retirar fondos por razones distintas al desempleo (como la compra/renovación de una vivienda o la educación), y complementar el subsidio económico dando suficiente financiación a los proveedores de servicios de empleo, con el fin de mejorar la efectividad del apoyo en la búsqueda de empleo y de los programas activos del mercado laboral.

• Afrontar la informalidad laboral: 1) mejorando el vínculo entre lo que se les exige a los trabajadores y patronos que aporten al seguro social y las prestaciones y servicios que reciben a cambio; 2) informando mejor a los trabajadores acerca de las prestaciones del seguro social; 3) fortaleciendo la aplicación de la legislación laboral, y 4) corrigiendo los complejos procedimientos para la inscripción de empresas y la afiliación de trabajadores a la seguridad social.

• Revisar diferentes contratos atípicos del mercado laboral para evitar abusos y promover la formalización. En particular, monitorear de cerca los contratos a través de empresas de servicios temporales y prohibir el mal uso de contratos civiles que socavan los derechos laborales de los trabajadores involucrados. A las empresas se les debería exigir que formalicen a los empleados a los que han vinculado mediante contratos de esa clase, ofreciéndoles contratos ordinarios de trabajo que garanticen el acceso a todos los derechos laborales básicos.

• Desarrollar un marco constructivo para el diálogo social: 1) promoviendo un sistema de dos niveles de negociación (a nivel de sector y a nivel de empresa) mediante la inclusión en el Código del Trabajo de normas sobre la negociación sectorial y regional; 2) eliminando la opción de negociar pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados; 3) extendiendo automáticamente las convenciones colectivas a todos los empleados de una empresa; 4) exigiendo que las múltiples organizaciones sindicales de una misma empresa formen un equipo de negociación para garantizar una única convención colectiva; 5) concediendo a las organizaciones sindicales de mayor nivel el derecho a organizar huelgas, y 6) aboliendo la cláusula de arbitraje obligatorio después de 60 días de huelga. Igualmente, Colombia debería reflexionar sobre las alternativas a la prohibición total de huelgas en los servicios esenciales (por ej., huelgas condicionadas al cumplimiento de un requisito de servicio mínimo) y considerar la posibilidad de reintroducir la mediación en el proceso de resolución de conflictos colectivos. En el contexto de un mayor diálogo social y un reforzamiento de la negociación colectiva, se podría pensar en un ajuste gradual del salario mínimo, actualmente muy elevado, para que recupere su función original de piso salarial en vez de norma salarial.

• Fortalecer más el programa de protección de sindicalistas y sindicalizados por medio: 1) del aseguramiento de recursos suficientes y permanentes; 2) de la reducción del plazo para el proceso de evaluación de riesgos en el caso de personas bajo amenaza inmediata; 3) del monitoreo de la suficiencia de las medidas de protección provistas y el aumento de las mismas si se consideran inadecuadas; 4) del establecimiento de controles efectivos para evitar la corrupción; 5) de la implementación de un instrumento de evaluación para un esquema colectivo de protección y dar a participantes la opción de participar en ello, y 6) de la corrección del bajo índice de condenas por amenazas y violencia contra sindicalistas.

• Fortalecer el sistema de inspección laboral por medio: 1) del incremento del número de inspectores del trabajo para acercarlo a los estándares internacionales; 2) del aseguramiento de suficientes recursos para los inspectores del trabajo; 3) del aseguramiento de que todos los inspectores del trabajo reciban la capacitación apropiada e implementen lo que aprenden; 4) de la realización de suficientes inspecciones laborales preventivas además de las inspecciones a raíz de denuncias; 5) del significativo acortamiento del proceso administrativo de recaudo de multas; 6) de la realización de nuevas visitas y la aplicación de nuevas multas, según corresponda, a las empresas cuyas multas se han vencido; 7) del monitoreo de cerca del contenido y la implementación de los acuerdos de formalización negociados entre las empresas y el Ministerio de Trabajo, y 8) del establecimiento y la implementación de un marco de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General para mejorar el enjuiciamiento de casos laborales conforme al Código Penal.

Políticas sociales

• El sistema de pensiones necesita una reforma integral. Existen diversas opciones de reforma, pero en todo caso se deberían considerar varias medidas. Debería eliminarse la competencia entre el plan público de prestación definida y el privado de contribuciones definidas. Debería aumentarse la tributación de las pensiones, lo cual podría ser una fuente de recursos para mejorar los programas de protección de las personas de la tercera edad. La pensión mínima debería desligarse del salario mínimo. El periodo mínimo de cotización debería reducirse, y el salario de referencia debería fundamentarse en un mayor número de años. La edad de jubilación de los hombres y las mujeres debería igualarse, y su evolución ligarse a los cambios en la expectativa de vida.

• Mejorar la efectividad del sistema de subsidio familiar por medio de la optimización de su diseño y el efecto redistributivo del subsidio monetario, y racionalizar los servicios concentrándose en aquellos de acceso generalizado e interés público.

• Incrementar el gasto público en programas de política social dirigidos a los pobres y vulnerables. Destinar recursos adicionales particularmente a medidas que mejorarían el impacto de las políticas actuales (por ej., ampliar la cantidad y calidad de los recursos educativos, como complemento de la mayor asistencia escolar generada por Familias en Acción).

• Fortalecer la coordinación entre los diferentes programas, agencias y niveles de gobierno que promueven políticas sociales. Integrar las bases de datos e implementar los mecanismos e incentivos correctos para que todos los interesados participen activamente y coordinen actividades.

Política migratoria

• Ampliar la cooperación entre Colombia y los países de destino en cuanto a acuerdos bilaterales de migración laboral, el reconocimiento de títulos extranjeros y la coordinación en el área de la seguridad social.

• Establecer nexos más fuertes con la diáspora, proporcionándole información sobre las oportunidades que hay en Colombia y ofreciendo, según corresponda, oportunidades de capacitación a los migrantes en retorno, en particular a los que necesitan adaptarse al mercado laboral colombiano.

• Capacitar a personas en la utilización de la mejorada infraestructura estadística a fin de monitorear más adecuadamente los flujos migratorios, junto con una mayor transparencia del sistema de permisos.