En el año 2014, la mayor parte de los postulados a la Ley de Justicia y Paz saldrá en libertad sin haber sido condenados, advirtió al Gobierno nacional la Misión de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe que entregó ayer al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.
En el documento, preparado por el juez español Baltasar Garzón, quien fue designado por la ONU para el acompañamiento que hace el organismo al proceso de paz en Colombia, se indica que es imprescindible la modificación de la Ley de Justicia y Paz.
Frente al lento avance de las investigaciones penales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la OEA propone que se seleccionen los casos de los máximos responsables y mandos "cualificados" para que la Fiscalía los investigue. Y en cuanto a los integrantes rasos de los grupos paramilitares indicó que deben ser judicializados por medio de la Ley 1424, la cual fue liderada por el Gobierno para sacar del limbo jurídico en que se encontraban cerca de 25 mil personas.
En ese sentido la Misión de Paz de la OEA coincide con el proyecto sobre reforma de Justicia y Paz que en septiembre pasado la fiscal Vivianne Morales presentó a consideración del Congreso.
“Hace imprescindible el avanzar, así como la modificación que se propone, que en todo caso incluye la propuesta de la Fiscalía General de la Nación”, señala el informe de la OEA.
Dentro de las estrategias de investigación para darle celeridad a los procesos, la OEA le pide al Gobierno la “aplicación del enfoque diferencial y la perspectiva de género en las investigaciones judiciales, teniendo en cuenta el especial impacto social y político que el conflicto armado ha tenido sobre determinados grupos sociales, comunidades y pueblos”.
La Ley 975, ó de Justicia y Paz, promovida por el gobierno de Álvaro Uribe, sirvió de marco para la desmovilización de las estructuras del paramilitarismo, a cambio de penas blandas a sus cabecillas, entre cinco y ocho años, si éstos colaboraban con la reparación, la verdad y las justicia para los millares de víctimas.
Sin embargo en su aplicación la falta de resultados en materia de condenas es una de las principales críticas que ha recibido esta norma. “Hay más de 400 casos imputados y apenas hemos obtenido cuatro sentencias en seis años”, resaltó hace pocos días la Fiscal General.
Proyecto de la Fiscal
Las consideraciones que hace la OEA sobre la Ley de Justicia y Paz, que se constituyen en el primer resultado del trabajo que desde hace cerca de seis mese cumple el juez Garzón en Colombia, se complementan con el proyecto sobre reforma a la Ley de Justicia y Paz que presentó la Fiscalía.
La iniciativa de la fiscal Morales busca básicamente dar celeridad a las investigaciones y juzgamiento de ex paramilitares y ex guerrilleros que fueron aceptados por el Gobierno en su postulación a la Ley de Justicia y Paz.
Pretende “corregir los problemas de tipo procedimental y sustancial”, con el fin de que el proceso de Justicia y Paz “pueda fluir”.
Sobre el particular la Fiscal explicó que en el marco del principio de Justicia Transicional se busca priorizar los casos de acuerdo al rango y nivel de responsabilidad. “Todos son graves, pero habrá que priorizar los que parezcan más graves, como por ejemplo el desplazamiento forzado, la violencia de género, las masacres…”, señaló Morales.
Tras la radicación de la reforma a la Ley de Justicia y Paz, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra expresó que “lo estamos mirando con cuidado…es un problema que en razón de su envergadura requiere respuestas que implican políticas de Estado, decisiones de Estado”.