El Gobierno Nacional decidió la necesidad de reformar el protocolo de prevención y atención del riesgo de la población civil, en atención a las recientes acciones perpetradas por grupos armados irregulares, especialmente en los departamentos de Antioquia, Valle, Chocó y Cauca.

La Comisiónde Alertas tempranas, presidida por el ministro del Interior, Fernando Carrillo; el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; la Directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria; el viceministro de Agua, Iván Mustafá; y altos mandos de la Fuerza Pública, acordó tipificar nuevos escenarios de riesgo ajustados a las acciones recientes de los grupos criminales que continúan generando desplazamiento, homicidios múltiples o selectivos, reclutamiento forzoso, desapariciones, entre otras vulneraciones a los Derechos Humanos.

De esta manera, y respondiendo a la solicitud del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el sistema de alertas tempranas incluirá aquellos niveles de riesgo de orden social y económico, para así atender situaciones que afectan a las poblaciones más vulnerables. 

Según la Comisión de Alertas esta es una forma en la que el ejecutivo ratifica su compromiso de reforzar el procedimiento para atender los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, especialmente en aquellas zonas donde hay presencia de grupos armados al margen de la ley. Dichos informes son evaluados por la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, para exhortar a las entidades del Estado involucradas a que reajusten las medidas de prevención. 

 “En la reunión se acordó fortalecer el sistema de alertas tempranas, que además es un paso adelante para poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demostrar que seguimos ganando mucho terreno en materia de prevención y garantía de los Derechos Humanos”, afirmó el Ministro del Interior.

Adicionalmente, la Comisión concluyó que ordenará medidas en los niveles departamentales y municipales encaminadas a reforzar el papel de los gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la República, en la prevención del desplazamiento forzado.