Un día después de la consulta minera en Cajamarca (Tolima), en la que el 98% de los votantes le dijo No a la explotación de oro en su territorio, el ministro de Minas, Germán Arce, dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. En entrevista con Blu Radio, reveló que tiene lista una propuesta para “llenar los vacíos normativos” que dejaron en “el limbo algunas situaciones del sector”.

El anuncio coincidió con la reunión en Cartagena de la Asociación Colombiana de Minería y cuando están pendientes alrededor de 39 nuevas consultas populares en todo el territorio colombiano.

Para Arce se debe crear un mecanismo para manejar lo que él llama “la paternidad compartida entre el suelo y el subsuelo... si somos capaces de construir una regla que nos permita sentarnos y decidir qué hacer en el territorio le vamos a dar salida a esta trampa de las consultas populares”.

Arce argumentó que el dinero proveniente de regalías mineras en todo el país aporta el 50% de la inversión territorial y criticó que algunos municipios se quieran beneficiar de esos recursos pero no estén dispuestos a que se ejecuten las actividades de las que provienen.

Aunque en ocasiones anteriores ya había dejado claro su inconformidad con las consultas populares, en la entrevista volvió sobre el mismo tema: “la consulta es un instrumento de participación pero no puede cambiar la ley. Este no puede ser un instrumento político, pagado por el Estado, para que algunos actores pongan preguntas de sí y no. Soy respetuoso de que las comunidades definan cómo quieren desarrollo pero aquí estamos hablando de recursos de todos los colombianos. Estamos hablando de derechos generales sobre particulares”.

En la entrevista, Arce intentó descalificar las consultas diciendo que “hay grupos montando campañas para generar estas emociones de petróleo versus agua, que son muy populares pero ponen en jaque las actividades legales que se pueden hacer de manera responsable”.

De otra parte, la Agencia Nacional de Minería, ANM, ya tiene listo un mapa con las zonas que se podrían ver afectadas por cuenta de las 39 consultas populares que se quieren presentar para definir el futuro de la actividad.
 
Actualmente se identifican 13 zonas en donde se llamará a la comunidad a votar en contra o a favor del desarrollo de la minería en diferentes regiones del país.

En estas zonas hay 268 títulos que ya han sido otorgados a empresas que tienen proyectos, en su mayoría, en etapa de exploración y en un pequeño porcentaje, en producción.

Ante la posibilidad, la ANM implementó un plan de contingencia para avanzar en el diálogo con las autoridades municipales.

Silvana Habib, presidente de la ANM, explicó que se han sentado con varios alcaldes para avanzar en la socialización de los proyectos y revisar el impacto que genera la minería en cada una de las regiones.

Los títulos están principalmente ubicados en los departamentos de Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Antioquia y Caquetá.

Asimismo, el viceministro de Minas, Carlos Cante Puentes, durante el panel ‘Futuro de la Minería en los Territorios´, explicó que es necesario recuperar la confianza de las partes involucradas en la actividad, es decir, el Gobierno nacional, regional y municipal, el sector productivo y las comunidades, a través de un diálogo transparente e informado.

"Estamos comprometidos desde el Gobierno nacional en la creación de una estrategia de relacionamiento con las comunidades y de diálogo tripartito, que facilite la comprensión de la minería bien hecha para que futuras decisiones se tomen desde el pleno conocimiento", señaló Cante Puentes.

También explicó la importancia de la transparencia en el sector minero y recordó que seis empresas mineras se encuentran hoy vinculadas a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) e hizo un llamado, "aunque nuestros reportes han sido satisfactorios, queremos que haya mayor número de empresas medianas adheridas a la iniciativa; EITI es una iniciativa que ayuda a promocionar nuestro sector internacionalmente y a generar diálogo entre empresas, sociedad civil y gobierno con una información clara y confiable a nivel local".