LA MINERÍA  ilegal es un cáncer  que  ha venido creciendo en el país,  causando un daño irreparable y masivo a las selvas y los ríos. Esa actividad criminal  ha aumentado  debido a  que se  transformó literalmente en una ‘mina de oro’, que nutre de dinero las arcas de organizaciones criminales, incluyendo grupos guerrilleros y bandas de delincuentes a lo largo y ancho del país.

En cerca  del 70% del territorio se han detectado actividades de minería ilícita. El 60% corresponde a explotaciones de oro, 25% de coltán, 10% de carbón y 5% de tungsteno. Más de 90 ríos, entre ellos el Cauca o el Magdalena, han resultado contaminados, producto de la explotación aurífera con materiales como el mercurio, impidiendo que el agua sea potable o que se puedan realizar actividades de pesca.

Urge tramitar una ley

Para el senador del partido de la U, Mauricio Lizcano, sí es importante que se tramite una ley para combatir la minería ilegal en el país,  “el problema que hay es enorme, estamos acabando con el medio ambiente, se están financiando las Bacrim, se lava mucho dinero, y las leyes que castigan estos delitos son insuficientes”.

Por su parte el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro, sostuvo que “este sin duda es un problema que debe combatirse con toda la energía necesaria”.

Entre tanto, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda dijo que  “yo creo que antes del combate contra la llamada minería ilegal, se deben tomar medidas para proteger el medio ambiente, y nuestros propios recursos naturales de la gran minería transnacional, esa minería  es la que afecta de manera más seria a los ecosistemas  en muchas partes del país. Es claro que hay que respetar las consultas populares sobre la explotación minera y en alta montaña hay que crear mecanismos de control eficaz contra este flagelo que afecta gravemente al país”.

A su turno, el senador del partido de la U Jimmy Chamorro, manifestó que “se necesita aplicar todo el rigor de la ley contra la minería ilegal. Sin duda alguna, se debe actuar empleando la fuerza legítima del Estado”.

Mientras tanto, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Néstor Franco, dijo a  EL NUEVO SIGLO  que “lo más importante es lograr una coordinación interinstitucional entre las agencias que tienen que ver con la titulación minera y con las que tienen a su cargo la titulación ambiental”.

Para el funcionario “pensamos que hay que aprovechar los recursos naturales y que por lo tanto la actividad minera es sana, siempre y cuando quienes hacen esta actividad tengan como primer precepto el hecho de que están interviniendo en lugares estratégicos del país”.

No bastan los castigos

El  director de la CAR Cundinamarca sostiene que no basta con imponer mayores condenas a la minería criminal o desestimular la minería ilegal, “lo primero que debemos hacer desde el Estado es saber qué visión queremos, si nos gustaría un país ambientalmente sostenible o totalmente socavado por la minería. Cuando nos contestemos esa pregunta a nivel de Estado sí podríamos salir y de manera mancomunada impulsar una ley de explotación minera que preserve ante todo el medio ambiente”.

La actividad

La minería ilegal se divide en la minería tradicional no legalizada y la minería criminal,  esta última es la que más duro le ha pegado al país.

Según Franco “en Cundinamarca lamentablemente todavía tenemos un censo grande de mineros ilegales, y en temas de minería criminal hemos tenido varios casos donde la corporación ha actuado, el año pasado tuvimos 10 operativos con decomiso de maquinaria y hemos logrado generar la prevención en el minero-criminal para que se abstenga de intervenir en el departamento”.

Expansión

El alcalde del municipio La Macarena, del Departamento del Meta, Ismael Medellín, dijo aEL NUEVO SIGLO que “el Congreso debería tramitar una ley que sea rigurosa y combata de fondo la minería ilegal que tanto daño le hace al medio ambiente, en este momento nosotros estamos siendo víctimas de este flagelo, pues sin tener en cuenta a la  población ni a los entes ambientales que existen en la zona, se han otorgado licencias”.

“En este momento en el municipio de La Macarena, que somos reserva natural del mundo, la ANLA otorgó una licencia para la explotación de 160 pozos en la zona, esto genera una afectación enorme porque va a afectar toda la reserva del municipio, y donde se ha otorgado la licencia es en el nacimiento de los ríos, y las perforaciones se van a hacer exactamente  en el nacedero de estos ríos, la situación es extremadamente preocupante”.

Cabe anotar que en12 parques naturales nacionales, entre ellos varios de la selva amazónica, hay minería criminal. Allá, como en otras regiones del país y en evidente contravía con su discurso ecologista, las Farc están ligadas directamente a esa actividad depredadora: una sola compañía, la ‘Acacio Medina’, en Guainía, podía recoger en un mes 1.700 millones de pesos por sus ‘inversiones’ en minería de oro y coltán, según cifras del Ministerio de Defensa. De hecho, hay 1.837 procesos contra las Farc por el daño ambiental.