La Comisión segunda de la Cámara de Representantes aprobó ayer la propuesta de pedir a la Cancillería la extradición de María del Pilar Hurtado. El representante por Bogotá Iván Cepeda lideró esta proposición para que el 7 de agosto de este año, con la posesión del próximo presidente colombiano, se le solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores el regreso de Hurtado, quien permanece asilada en Panamá.

El recién elegido presidente del vecino país, Juan Carlos Varela, reveló que evaluaría extraditar a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) si el gobierno colombiano lo solicita. Varela aprobó en 2010 el asilo político de Hurtado cuando era canciller del expresidente Ricardo Martinelli.

Varela aseguró que esperará a llegar a la presidencia, el primero de julio, para sentar una posición clara sobre el tema. Sin embargo, explicó que hace 4 años accedió a conceder el asilo “como contribución a la paz social y el momento que vivía Colombia, pero ahora están viviendo una etapa electoral y nosotros una transición política y por eso prefiero instalarme en la Presidencia y ver las solicitudes de la justicia colombiana para dar una respuesta”.

Luego de conocer las declaraciones del jefe de Estado panameño, el fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que el ente investigador insistirá “en las órdenes de captura en este caso” ya que por tratarse de interceptaciones ilegales “es de suma gravedad”.

Esto contrasta con las declaraciones que hace cuatro años dio el fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago, en el sentido de que Hurtado podría ser pedida en extradición siempre y cuando las decisiones frente a las investigaciones que se adelantan en su contra determinaran la imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Según el Decreto-ley 1630 de junio de 1960, que establece las condiciones sobre los asilados políticos en el vecino país, estas personas solo perderían su condición en caso de que abandonen el país por voluntad propia, o por orden del órgano Ejecutivo.

En caso de regresar a Colombia, la exjefa del DAS deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

A la solicitud de la Cámara, que fue aprobada con 7 votos a favor y uno en contra, se sumará a la anunciada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En días pasados, esta organización no gubernamental aseguró que le pedirá una vez más a la Cancillería colombiana que ordene la captura con fines de extradición a la implicada en los escándalos de chuzadas durante el gobierno de Álvaro Uribe. En 2011, un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá le exigió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que reconociera al Colectivo como víctima en el caso de las interceptaciones ilegales.

El representante y senador electo Iván Cepeda también ha declarado ser víctima de las ‘chuzadas’, y aseguró que el expresidente Uribe “acostumbra desacatar la justicia y desafiar a autoridades judiciales. Fue quien promovió la fuga de María del Pilar Hurtado”. Además, cree que “utilizar espionaje para hacer daño al proceso de paz es continuidad de la vieja estrategia de Álvaro Uribe: "Chuzar, chuzar y chuzar".