Gracias a los acuerdos de última hora con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, donde el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, decidió retirar de su ponencia alternativa su oposición a la prelación del fuero militar en las investigaciones contra uniformados por el ejercicio de sus funciones, ayer la Comisión Primera de la Cámara decidió mantener esta polémica figura en el proyecto de la reforma a la Justicia.

Los ponentes decidieron mantener la figura, a pesar de que varios legisladores solicitaron discutirla por fuera de la iniciativa.
Sin embargo, los representantes Guillermo Rivera y Pablo Salamanca, del Partido Liberal, así como Germán Navas, del Polo Democrático, votaron negativo el artículo 9 del proyecto que incluye el fuero militar, exponiendo una posible impunidad en la investigación a los uniformados.

Por otra parte, en un inusual pulso, ayer la ponencia minoritaria suscrita por el representante Prada y algunos miembros de Cambio Radical le ganaron le ganaron el round a la mayoritaria en el tema de la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Con una votación con 17 votos a favor y 16 en contra, la propuesta de Prada de crear un nuevo tribunal que procese a los aforados triunfó sobre la posición mayoritaria de modificar lo propuesto en el Senado.

Prada le explicó a EL NUEVO SIGLO en qué consiste la propuesta aprobada en tercer debate: “Vamos hacer un concurso meritocrático por parte de la Cámara de Representantes, para crear un tribunal para la investigación de los aforados, el cual va ser compuesto por profesionales del derecho, que tengan requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de la lista que el concurso arroje, la Cámara va elegir a esos magistrados. Ellos van a garantizar que todos nosotros los aforados tengamos un proceso independiente y serio para la investigación”.

Según el legislador, la diferencia con la propuesta aprobada en el Senado consiste en que dicho tribunal va estar dividido en tres salas, una para la investigación, otra para la decisión en primera instancia y la última conocerá de las apelaciones; se encargará de procesar a los magistrados de altas cortes, al Presidente de la República y al Vicepresidente.

Ayer también la Cámara aprobó la figura de la silla vacía para cualquier delito. Hasta el momento, la última reforma política contemplaba que los partidos políticos no podían nombrar reemplazo en una curul si el congresista titular era capturado o enjuiciado por nexos con grupos armados al margen de la ley. En la reforma quedó consignado que la sanción aplicará cuando el legislador fuera juzgado o cobijado con orden de captura por comisión de cualquier hecho punible. Sin embargo, el proyecto dejó una excepción, que es la del fraude electoral o delitos relacionados con la participación ciudadana, donde sí habrá reemplazos.

Asimismo, se aprobó la propuesta hecha por el Gobierno en la reforma judicial con la que se pretende descongestionar el aparato, consistente en otorgarles facultades jurisdiccionales a notarios y abogados. No obstante, hubo una petición hecha por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, la cual será analizada en los cinco debates restantes de la iniciativa, consistente en que la comisión creada para la descongestión judicial, integrada por los presidentes de las altas cortes, representantes judiciales y el ministro de Justicia entre otros, de concepto previo para la entrega de dichas funciones judiciales a particulares y se especifique qué ejercicio realizarán abogados y notarios. Cabe recordar que todos los presidentes de las cortes siempre se habían opuesto a esta propuesta, pues se estaría privatizando la administración de justicia.

De igual manera, algunos magistrados expusieron que sería el Ejecutivo quien se beneficiaría con la medida de otorgarles esas facultades a notarios, pues estos son vigilados por la Superintendencia de Notariado y Registro, que hace parte del Ministerio del Interior.

Ayer, también la Comisión Primera de la Cámara decidió excluir de la ponencia el artículo primero de la reforma, que contemplaba ampliar a 72 horas el arresto proferido por autoridades administrativas, como los inspectores de policías, de presuntos delincuentes.

El objetivo era dar mayor tiempo para las capturas y su posterior legalización, cuando por ejemplo se daban en alta mar o zonas donde hay juzgados, aunque también se aplicaba en las contravenciones o delitos menores, cuando se necesita retener por ejemplo personas bajo la influencia del alcohol o sustancias psicotrópicas. No obstante, la posición mayoritaria es que no se les podía otorgar a autoridades administrativas la función de privar de la libertad.