La definición integral del fuero de los uniformados incluida en la reforma constitucional a la Justicia Penal Militar quedará  lista hoy, con la aprobación en plenaria de la Cámara de la conciliación, cuyo informe acogió en su totalidad el texto aprobado en el Senado.

Los conciliadores del Senado destacaron la manera como se aprobó el proyecto.

El congresista liberal Juan Manuel Galán dijo que los representantes a la Cámara aceptaron acoger el texto del Senado en su integralidad.

El senador conservador Roberto Gerlein indicó que la conciliación que llegó a la plenaria tuvo la anuencia de todos: “se votó afirmativamente, sin ningún voto en contra”.

El vicepresidente del Senado, Guillermo García, del Partido Liberal, manifestó que gracias a los conciliadores las dudas que había quedaron subsanadas.

“Había que establecer con claridad que ciertos delitos de lesa humanidad, el tema de violaciones, el tema del secuestro, continúan en la justicia ordinaria, al igual que los falsos positivos”, dijo.

Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, manifestó que todo está claro en el sentido de que esto es un tema judicial en donde se van a entregar unas funciones muy claras a la justicia penal.

“Esto es un mayor compromiso para el Ejército como lo dice el Ministro. Este no es un tema en donde se van a buscar beneficios para los soldados, para el Ejército, sino que se crece para el Ministerio de Defensa”, expresó.

Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, consideró que la reforma era innecesaria y que le traerá problemas a la justicia penal.

La senadora Daira Galviz, de Cambio Radical, manifestó que “yo me abstuve de votar el fuero militar. Tengo algunos reparos como el de la desaparición forzada”.

De acuerdo con el texto que será aprobado hoy, se creará un Tribunal de Garantías Penales que tendrá la competencia de servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública y que se encargará también de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar.

El Tribunal estará integrado por ocho magistrados: cuatro miembros de la Fuerza Pública en retiro y cuatro miembros que serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno.

Sin embargo, dicho Tribunal empezará a ejercer las funciones asignadas una vez el Congreso apruebe una ley estatutaria que lo reglamente.

La reforma crea un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública.

Este fondo estará bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

En el proyecto que ya se aprobó en el Senado se incluyó que los miembros de la Fuerza Pública cumplan la detención preventiva en centros de reclusión especializados.