La canciller colombiana María Angela Holguín calificó el martes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como enemiga del archipiélago de San Andrés, por el fallo que hace una semana recortó la soberanía marítima del país en el Caribe y amplió la de Nicaragua.
"El enemigo es la Corte que no falló en derecho, ese fallo está lleno de exabruptos. Uno lo lee y no puede creer que los países que lo conforman hayan elegido esos jueces para un fallo tan importante", precisó Holguín en una declaración pública en San Andrés.
Holguín respondió así a cuestionamientos de un dirigente político del archipiélago, durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes (baja) que se trasladó a San Andrés para deliberar en defensa de la soberanía de Colombia en la zona.
Tras la sesión, la Cámara expidió una declaración en la que afirma que el fallo de la CIJ "es incongruente, inconsistente y antijurídico, adolece de innumerables fallas que impiden su aplicación y acatamiento".
Igualmente, señala que la decisión "desconoce de manera absoluta las disposiciones y lineamientos del Tratado Esguerra - Barcenas, suscrito en el año 1928, entre las Repúblicas de Nicaragua y Colombia, anulándolo por vías de hecho".
Y agrega que, también "anula, por vías de hecho todos los tratados suscritos entre Colombia y las Repúblicas de Honduras, Costa Rica, Jamaica y Panamá, lo que generara innumerables conflictos en esta región del Caribe, hasta ahora totalmente pacífica".
Finalmente, la declaración asegura que "la Corte Internacional de la Haya, violó la Convención Interamericana de los Derechos del Mar, al igual que el derecho consetudinario, despojando a las islas habitadas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de su mar patrimonial al norte de Providencia, al sur de San Andrés, y al oeste de los dos islas".
El pasado 19 de noviembre la CIJ resolvió una disputa entre Bogotá y Managua por el archipiélago de San Andrés, al determinar que todas las islas, islotes y cayos corresponden a Colombia, a la vez que trazó una nueva delimitación marítima que otorga a Nicaragua mayor soberanía sobre aguas del mar Caribe, en un fallo inapelable.