La Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca consideró que ante el brote de varicela en el Palacio de Justicia de Cali, el cierre de la sede durante dos días y desde hoy de tres de sus pisos, no es suficiente para enfrentar la propagación del virus, y por eso pidió al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca,  que se adopten medidas efectivas para que el problema no se convierta en una epidemia.

El pasado jueves, la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura decidió cerrar las puertas del edificio ubicado en el centro de la ciudad, luego de que varios funcionarios manifestaron tener la enfermedad. Pero hoy lunes la sede reabrió sus servicios, manteniendo en clausura solo los pisos 8, 9 y 11, lo cual preocupa a la Defensoría del Pueblo debido a que estas medidas no son suficientes para frenar el virus y menos en un edificio al que a diario llegan miles de trabajadores, abogados y usuarios.

En un oficio enviado al titular de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, el Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, le indica que es necesario tener en cuenta “que según los especialistas, para este tipo de brotes se requiere en promedio un aislamiento de 14 a 15 días, siendo trascendental ubicar el lugar que podríamos denominar como generador del riesgo para realizar los tratamientos pertinentes”.

A pesar de que la EPS Comfenalco ha estado en el sitio para atender a sus afiliados, dice el defensor Rodríguez Becerra que se “debería, de manera  inmediata, adoptar soluciones más contundentes que incluyan la valoración de cada uno de los funcionarios del Palacio de Justicia y el suministro de las vacunas para contener la propagación”.

La Institución pidió a la Secretaría de Salud Municipal liderar una jornada de prevención a la que se unan todas las Entidades Promotoras de Salud, EPS, de la ciudad; las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, y los demás organismos de salud comprometidos con la materia.

Además del peligro latente para los funcionarios que trabajan en los despachos judiciales, para la Defensoría es también urgente que se evite la propagación a sus familiares; así como a los guardianes del Inpec e internos de las cárceles de Villahermosa, en Cali, y del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, de donde a diario son transportados para las audiencias ante los jueces. Cabe recordar que en estos centros penitenciarios el hacinamiento y la sobrepoblación son bastante altos.

“No se trata de una simple alarma social, es una problemática que merece toda la atención de nuestra parte y por lo tanto, con vehemencia pero con profundo respeto, solicito que se adopten medidas que vayan más allá del cierre del edificio del Palacio de Justicia por espacio de dos días, que reitero, en nuestro criterio, no es suficiente”, concluyó el Defensor Regional.