CAN se acerca a los municipios

El secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, anunció este fin de semana que próximamente se reactivará el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales, institución del Sistema Andino de Integración orientada a impulsar acciones conjuntas con los gobiernos locales de los países de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Pedraza indicó que les ha solicitado a los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países andinos, la acreditación de tres alcaldes delegados ante el mencionado Consejo creado en 2004 y cuyas actividades deben reiniciarse en corto plazo. “Hoy tenemos una Comunidad Andina renovada y dinámica que avanza en la ejecución de acciones concretas en beneficio de 111 millones de ciudadanos y en ese trabajo por el camino de la integración, la participación de las autoridades municipales de nuestros países es fundamental”, señaló.

Un contralor motorizado

La semana pasada vieron llegar como parrillero en una de las motos de su esquema de seguridad al contralor Carlos Felipe Córdoba a una rueda de prensa conjunta con el procurador Fernando Carrillo. Quienes lo conocen expresaron que, aunque evidentemente se trató de una forma de afrontar el pesado tráfico de Bogotá que amenazaba con impedirle llegar a tiempo al compromiso, no se trata de algo extraño, pues se trata de una solución que adopta habitualmente.

Diputados culminan sesiones

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, clausuró el primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea, tiempo en que los diputados aprobaron cuatro proyectos de ordenanza de vital importancia para el desarrollo de la Administración departamental. El diputado Gersel Pérez, de Cambio Radical, presidente de la corporación, detalló que se aprobó la restructuración del reglamento interno de la Asamblea, además, se aprobó un cupo de endeudamiento por $802.000. El proyecto autoriza un cupo de endeudamiento para la celebración de operaciones de crédito público que permitan dotar a la entidad Gobernación del Atlántico para financiar programas y proyectos institucionales. Son alrededor de $200.000 millones para atender la problemática de agua potable y saneamiento básico, especialmente en los corregimientos y los municipios más alejados del departamento.