Combatir el abuso infantil, un deber del Estado

Combatir el abuso sexual contra los menores de edad a través de una política criminal que incluya estrategias orientadas hacia la justicia restaurativa y sin dejar de lado los derechos fundamentales de las personas. Esa fue la principal premisa expuesta por la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello, ante la plenaria de la Cámara durante un debate sobre abuso sexual y explotación comercial de niños, niñas y adolescentes en el país. En la que fue su primera comparecencia ante dicha corporación en su calidad de titular de la cartera de Justicia, la alta funcionaria manifestó que es un deber del Estado combatir dicho abuso, y añadió que frente a este delito el tema de la familia es fundamental.

“No todo son leyes, decretos y normas”

“La familia es la base y la esencia de la sociedad. Por ello es necesario fortalecerla no solo desde el punto de vista legal, sino también desde lo social y lo cultural. No todo son leyes, decretos y normas. Estas no sirven por sí solas para solucionar el problema", anotó. Al tiempo, indicó que el Ministerio de Justicia y del Derecho considera necesario reestructurar el modelo de trabajo y estudio en los centros de reclusión del país y enfocarlo hacia la resocialización de los internos. Así respondió a las inquietudes de los parlamentarios sobre cuáles son y cómo aplica el Estado los procesos de resocialización a los condenados por delitos de abuso sexual contra menores.

La resocialización debe ser real y efectiva

Atendiendo una citación de la representante por Bogotá, Ángela Sánchez, de Cambio Radical, la ministra Cabello precisó que el modelo de trabajo y estudio para la población penitenciaria debe ir más allá y no solo servir para rebajar las penas, tal como sucede hoy. A juicio de la alta funcionaria, dicho beneficio debe ir acompañado por una política real y efectiva de resocialización con el fin de que al individuo se le prepare para volver a la sociedad y no reincidir. Finalmente, aclaró que la política de resocialización debe aplicar estándares mínimos ya establecidos en las normas penitenciarias.