Libertad de prensa (I)

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) declaró en un comunicado que “la violencia hacia periodistas no cesa” y se quejó concretamente de que aunque “el Gobierno nacional creó a finales del año pasado el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (Decreto 2137 de 2018), mejor conocido como PAO”, esta es la hora en que “no se ha establecido interlocución entre el gremio periodístico y la institucionalidad a cargo de la implementación del PAO, con el fin de construir conjuntamente la ruta de prevención, protección y autoprotección de quienes ejercen la actividad periodística en los territorios más afectados por la violencia. Fecolper hace un llamado a reconocer los acumulados de las organizaciones gremiales en el tema para lograr implementar rutas efectivas que no solo aseguren la vida de los y las periodistas, sino también el ejercicio de un periodismo libre independiente”.

Libertad de prensa (II)

Para Fecolper, el Acuerdo de Paz “no devolvió las garantías de seguridad a los periodistas para desempeñar su oficio”, y por el contrario “se ha profundizado la violencia contra los periodistas en los territorios priorizados para la implementación de lo acordado, aumentando los riesgos y la vulnerabilidad de quienes ejercen periodismo desde lo local”.

Libertad de prensa (III)

La organización gremial advirtió en su comunicado que “las cifras de 2018 demostraron que la violencia armada se volvió a instalar como una de las principales formas de agresión a los periodistas, junto a otras modalidades de violencia que se han venido posicionando en los últimos cinco años en el ranking de agresiones a la libertad de prensa: el acoso judicial, los despidos injustificados, la obstrucción al trabajo periodístico por parte de la Fuerza Pública, las campañas de estigmatización por parte de políticos y funcionarios públicos, entre otras”. Según Fecolper, “la actividad periodística se ha visto especialmente restringida en las regiones donde periodistas locales enfrentan las presiones de la violencia armada y el poder político, sin que sus casos logren visibilidad a nivel nacional”.