Antes de lo previsto Caldas podría salir de la Ley 550 por medio de la cual suscribió un acuerdo para la reestructuración de sus pasivos por $170 mil millones. La administración departamental considera que se incluyeron en la deuda algunas partidas que no corresponden, y así espera demostrarlo ante el Ministerio de Hacienda.
El gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “estamostrabajando en la depuración de unos pasivos con los cuales no estamos de acuerdo que se hayan incluido en la Ley 550, especialmente de las cuotas pensionales con unas entidades del orden nacional. El procedimiento es depurar el monto de las acreencias, ir allá (al Ministerio de Hacienda) y demostrar que no las debemos para poder retirarlas de la Ley 550. Dependiendo del éxito que tengamos en ese proceso se podrá revisar más adelante si nos podemos retirar de la Ley 550 anticipadamente”.
Los deficientes manejos en anteriores administraciones hicieron que la deuda del departamento creciera vertiginosamente, lo que obligó al gobernador Guido Echeverri poco después de arribar al cargo el 1° de enero de 2012 a poner a consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, específicamente ante la Dirección General de Apoyo Fiscal, la solicitud de un acuerdo de reestructuración de pasivos al tenor de lo establecido en la Ley 550 de 1999.
Tras el visto bueno de la citada dependencia del Ministerio de Hacienda, la administración de Echeverri procedió a presentar un proyecto de ordenanza ante la Duma de Caldas con el objetivo de recibir su autorización para comprometer a esta entidad territorial en un acuerdo para el pago de sus acreencias, producto de lo cual existían 4.300 demandas contra el departamento.
A principios de 2013 efectivamente la Asamblea de Caldas facultó al entonces gobernador Echeverri para que el departamento ingresara a la Ley 550 celebrando un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1999 así como para negociar y conciliar las acreencias existentes.
Como consecuencia entre el 16 y 17 de mayo de 2013 fue realizada la votación a la propuesta de acuerdo de reestructuración de pasivos por parte de los acreedores y posteriormente el 17 de mayo de ese año fue suscrito el respectivo acuerdo reconociendo el departamento deudas por $170 mil millones, de los cuales, $133 mil millones corresponden a pasivos por cuotas partes pensionales, que para ese momento hacía cerca de 13 años que se habían dejado de pagar.
Precisamente por deudas por cuotas partes pensionales a principios del año anterior el departamento fue notificado de embargos por más de $16.000 millones.
Sin embargo justo por esos días en que Guido Echeverri firmaba con los acreedores el acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550, la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la elección de este Mandatario al considerar que estaba inhabilitado para desempeñar el cargo porque su esposa, Ana María Jaramillo, había ejercido como secretaria de Hacienda encargada del departamento de Caldas dentro del periodo de 12 meses antes de su elección como Gobernador.
Lupa a la deuda
En agosto de 2013 en elecciones atípicasJulián Gutiérrez Botero fue elegido para ocupar el cargo que había quedado vacante ante la salida de Guido Echeverri y por ende asumió los compromisos que su antecesor adquirió en materia de la reestructuración de la deuda del departamento.
Sin embargo, en agosto pasado, el gobernador Gutiérrez convocó a la Asamblea a sesiones extras para estudiar cuatro proyectos de ordenanza, uno de los cuales solicita facultades para que el Mandatario regional modifique el acuerdo de acreedores o de reestructuración de pasivos en el departamento.
Sobre el particular en esa oportunidad el gobernador Gutiérrez Botero dijo que “existen acreencias que se incluyeron de manera innecesaria en el acuerdo de la Ley 550 y se pueden retirar porque no se adeudan esos recursos”.
Luego en octubre pasado en la rendición de cuentas del primer semestre de 2014, el Gobernador de Caldas dijo que la deuda pública del departamento es de $55 mil millones, sin embargo, remarcó sobre el acuerdo de la Ley 550 que “se incluyeron unos pasivos que no debemos. Solamente en educación, la semana pasada veíamos una deuda de 18 mil millones de pesos con Cajanal (…) pero no los debemos”.
Agregó que también figuran sumas que no se adeudan con La Previsora, Fonprecon y el Seguro Social.
Pago de obligaciones de seguridad social
El acuerdo firmado establece que las obligaciones del departamento de Caldas con entidades públicas e instituciones de seguridad social se pagarán entre el 2013 y el 2018, ciñéndose a la siguiente prelación:
1. Cuotas parte pensionales
2. Crédito condonable otorgado por la Nación – sector salud
3. Aportes al Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales – Fonpet
4. Aportes de seguridad social en salud
5. Aportes parafiscales
6. Prestación de servicios de salud
7. Régimen subsidiado
8. Otros acreedores.