Cargos por siete delitos que van desde peculado por apropiación hasta falsedad fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación a la exdirectora Territorial para la Salud de Caldas Martha Isabel Valencia Estrada, un interventor de contratos, un contratista y un particular.

Durante la audiencia, la Fiscalía atribuyó a Valencia Estrada el delito de peculado culposo, mientras que a Mario Alexander Gil Pineda, contratista, y Faivert Pastrana Morales, un particular, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. A este último, vinculado en calidad de interviniente en los casos anteriores, también se le imputó el delito de peculado por apropiación.

Asimismo, imputó cargos en contra del interventor Carlos Alberto Arango Román por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, concusión y falsedad ideológica en documento público.

Ante el juez de control de garantías en Manizales, Gil Pineda aceptó los cargos y le concedieron detención domiciliaria como medida de aseguramiento; mientras que a Arango Román, el Juez Primero Penal municipal de esta ciudad le impuso detención preventiva en establecimiento carcelario. A los demás procesados no se les impuso medida de aseguramiento y continúan en libertad.

La investigación que adelanta la Fiscalía se da por las denuncias realizadas en octubre de 2010 por el subdirector de prestación de servicios de la Dirección Territorial para la Salud de Caldas, Héctor William Restrepo Osorio.

Al parecer se presentó incumplimiento del objeto del contrato 0828 del 1 de diciembre de 2008, suscrito entre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Consorcio Salud Caldense, con el cual se pretendía reconstruir del puesto de salud de la vereda La Iberia, en Riosucio (Caldas).