Un Fiscal profirió medida de aseguramiento en contra de seis miembros del Ejército y dos postulados de Justicia y Paz, por el homicidio de los indígenas kankuamos  Uriel Evangelista Arias Martínez y Carlos Arturo Cáceres, quienes fueron presentados como miembros de las Farc muertos en combate.

De acuerdo con la investigación el 16 de julio de 2003 integrantes de la contraguerilla “Trueno” y “Zarpazo”, pertenecientes al Batallón de Artillería No.2, La Popa, arribaron al corregimiento de Guatapurí, en zona rural de Valledupar, retuvieron y dieron muerte a los indígenas kankuamos Arias y Cáceres, previo señalamiento que les hicieran integrantes de las AUC, que acompañaban a los efectivos militares.

Las víctimas fueron reportadas, posteriormente, por el comandante del Batallón la Popa,  teniente coronel Publio Hernan Mejía Gutiérrez, como miembros de una facción guerrillera perteneciente a las FARC, que se enfrentaron a las tropas en desarrollo de la operación denominada como JUDAS, quienes tenían el siguiente arsenal: un fusil M1, una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38, dos granadas de fragmentación y un radio de comunicaciones de banda de dos metros.

Por estos hechos el fiscal a cargo de la investigación profirió medida de aseguramiento de detención preventiva, como coautores responsables de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y fabricación tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de municiones de uso privativo de las fuerzas militares en contra de Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Teniente Coronel y que en la actualidad se encuentra privado de libertad a disposición del Juzgado 6 Penal del Circuito de Bogotá.

La decisión también cobija a Carlos Andrés Lora Cabrales, quien para la época de los hechos se desempañaba como Teniente y en la actualidad se encuentra purgando una pena de 30 años de prisión impuesta por el Juzgado Único del Circuito Especializado de Valledupar. Efraín Andrade Perea, Sargento viceprimero en ese entonces y actualmente privado de libertad, sindicado del delito de concierto para delinquir agravado; Luis Francisco Aragón Buelvas, quien se desempeña en el grado de cabo primero del Ejército Nacional, el soldado profesional Wilson Blanco Pérez; así como Jairo Antonio Rodríguez Castro, actualmente técnico de helicóptero en el batallón de mantenimiento del Ejército Nacional.

La medida de aseguramiento también afectó a Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, actualmente privado de libertad, purgando una pena por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida y Geiber José Fuentes Montaño,  condenado a una penas de 40 años por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra de los procesados por el delito de concierto para delinquir, toda vez que aun que se ha indicado que los hechos se cometieron dentro del contexto de un acuerdo criminal entre integrantes del Batallón la Popa y las AUC, sin embargo, tal comportamiento ya fue investigado.