A disposición de un Juez con Funciones de Control de Garantías y de la Fiscalía 22 Seccional de Acacias, en el Meta, quedaron 16 capturados bajo la sindicación de integrar una red criminal dedicada a la trata de personas, en la modalidad de explotación sexual a menores en por lo menos tres departamentos.
En desarrollo de la Investigación, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sorprendieron a una mujer que vendió a su propia hija de 16 años a una red de prostitución en Villavicencio y Acacias.
“Es un aterrador caso de explotación sexual infantil”, dijo uno de los agentes encubiertos al revelar a EL NUEVO SIGLO que el “golpe contra la red criminal fue posible a partir del seguimiento hecho por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), al caso de una menor de 16 años, cuya madre, identificada como Marlene Castro B., la entregó a los dueños de establecimientos dedicados al comercio sexual”.
El agente de la Unidad de Vida y Derechos Humanos de la institución armada precisó que durante el proceso “los investigadores adelantaron varias diligencias de inspección con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cuales fueron complementadas por testimonios y entrevistas, incluida una de carácter sicológico-forense a la niña, quien reconoció haber sido víctima de abuso desde los 12 años de edad, con el auspicio y consentimiento de su progenitora”.
Señaló el investigador que de acuerdo “con las evidencias recolectadas, Marlene Castro B. obtenía ganancias cercanas a los cuatro millones de pesos mensuales, producto de la explotación sexual de su hija, quien al igual que otras jovencitas, fue obligada a recorrer establecimientos ubicados en Honda, Mariquita, Guaduas, Villavicencio, San Martín, Puerto Lleras, Fuente de Oro, y hasta la ciudad de Puerto Ayacucho, en territorio venezolano”.
Mientras tanto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol informaron que entre los 16 capturados se encuentran empresarios informales, empleados y pensionados, los cuales luego de su detención en Villavicencio y algunas poblaciones de Meta y Cundinamarca, deberán responder por incurrir presuntamente en los delitos de trata de personas y estímulo a la prostitución.