La colectividad advirtió que el proyecto premia a las Farc y el jefe del ente acusador desnudó falencias del articulado y advirtió sobre muchos riesgos 

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POR CONSIDERAR que el proyecto de ley estatutaria que reglamenta el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “premia de manera significativa y desequilibrada a los desmovilizados de las Farc”, el partido Cambio Radical anunció anoche que no votará esa iniciativa que hace curso en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara.

La decisión fue tomada luego de una reunión de urgencia entre el director nacional, Jorge Enrique Vélez, y los congresistas del partido que hacen parte de las Comisiones Primeras: representantes Rodrigo Lara Restrepo (presidente de la Cámara), Carlos Abraham Jiménez y Jorge Rozo, así como los senadores Carlos Fernando Motoa y Germán Varón Cotrino.

Tras analizar el articulado, Cambio Radical advirtió que “la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, como lo consagra todo Estado de Derecho, que debe respeto por las funciones jurisdiccionales ya establecidas, y no entregarle todas estas competencias a una justicia de excepción”.

Ya el propio Lara, quien ha tenido fuertes diferencias con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, por este proyecto de la JEP y el de reforma política y electoral, había advertido el martes que la JEP no podía convertirse en una “justicia paralela” a la jurisdicción ordinaria, al tiempo que criticó varios artículos del proyecto de ley estatutaria.

Críticas al Tribunal de Paz

Este miércoles, Cambio Radical fue más allá. Pues no sólo advirtió que no votará este proyecto, sino que anunció que “las dudas sobre la idoneidad de todo lo relacionado con la JEP también nos hacen rechazar, de manera categórica, la composición del Tribunal Nacional de Paz”.

Como se sabe, el martes el Comité de Escogencia anunció a los 38 magistrados titulares y 13 suplentes del Tribunal de Paz y las tres salas que compondrán la JEP. De inmediato se generó una polémica porque algunos sectores consideraron que varios de los nuevos juristas tenían posiciones políticas e ideológicas de izquierda, e incluso habían criticado a líderes y partidos de centro-derecha y derecha.

“Con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados tienen una clara tendencia política que, de entrada, no generan ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado”, recalcó anoche Cambio Radical.

Agregó el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras (hoy candidato presidencial por firmas) que “el Tribunal Especial de Paz no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley”. Recalcó que debe protegerse a todos los sectores productivos y “en particular a los ciudadanos que han invertido en el campo colombiano y fueron víctimas del conflicto, que hoy pueden ser revictimizados por un tribunal que no les ofrecerá garantías jurídicas suficientes”.

Así las cosas, con la negativa de Cambio Radical es claro que el panorama para la aprobación del proyecto reglamentario de la JEP se complica, ya que sin esta ley no puede arrancar este sistema de juzgamiento a guerrilleros, militares, policías y civiles que hayan cometido delitos graves y atroces en medio del conflicto armado.

No hay que olvidar que el uribismo y otros sectores nacionales e internacionales han advertido que el hecho de que los culpables de estos delitos de guerra y lesa humanidad no paguen cárcel e incluso queden habilitados política y electoralmente es inadmisible. Incluso la Corte Penal Internacional le tiene la lupa encima a este régimen de justicia transicional para establecer si da pie a niveles de impunidad intolerables. Si lo considera así, podría intervenir aquí.

Lo cierto es que ahora en contra de este proyecto votarán Cambio Radical, el Centro Democrático y algunos sectores conservadores, lo que complica su aprobación en la Cámara y en el Senado, más aun tratándose de una ley estatutaria que, incluso tramitada por ‘fast track’, tiene que tener mayorías calificadas para avanzar en plenarias y comisiones.

Advertencias del Fiscal

Horas antes de que Cambio Radical anunciara que no votará esta iniciativa, en las Comisiones conjuntas el fiscal general Néstor Humberto Martínez había criticado duramente varios de sus principales artículos.

Durante el debate, el Fiscal propuso 15 modificaciones al proyecto de la JEP, con el fin de subsanar esas falencias. Recalcó en que se debe garantizar que esta legislación sea de carácter transitorio. También en que desde el 1 de diciembre de 2016 todos los reinsertados que reincidan en actividades delincuenciales tendrán que someterse a la Fiscalía y no a la justicia transicional.

Igualmente exigió que quede garantizado que el Estado pueda destinar los activos entregados por las Farc para la reparación exclusiva de las víctimas. Por lo mismo se requieren herramientas jurídicas para perseguir a los testaferros de esa guerrilla desmovilizada y que quede claro que no entregar los bienes ilícitos daría lugar a perder los beneficios de la justicia transicional. Esos recursos ilegales tampoco podrán ser utilizados en actividades políticas. Advirtió que hay procesos en curso para seguir metiendo gente en lista de reinsertados, lo que sería un fraude procesal.

Igualmente el jefe del ente acusador insistió en que debe dejarse en claro que todos los desmovilizados reincidentes o los desertores no tendrán beneficio alguno y serán juzgados por la justicia ordinaria.

Advirtió que se podrían aumentar los desertores de las Farc debido a los ofrecimientos hechos por las bandas criminales a los desmovilizados, con sueldos de hasta 8 millones de pesos.

“Si el Gobierno no tiene sino un millón de pesitos para los cultivadores por mes y las organizaciones criminales les están pagando 8 millones de pesos, tenemos que persuadirlos, por el imperio de la ley y del Estado, de que si se van allá, no les vamos a borrar su pasado y tendrán que vérselas con la ley”, advirtió Martínez.

Agregó que “acaban de crear una cosa que se llama ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, ya son más de 120 hombres alzados en armas. La ‘Banca del Guacho’ ya tiene 60 integrantes armados en armas… No les podemos decir que su pasado se lo dejamos limpio y que no pasó nada”.

Sobre el tema de los ‘colados’, también indicó que debía cerrarse ya la lista de reinsertados para evitar que sigan “metiendo gente” en la misma.

‘Micos’

El Fiscal también advirtió de varios ‘micos’ relacionados con el juzgamiento de los máximos responsables de delitos graves, con la lista de reinsertados de las Farc y el planteamiento de suspensión condicional de la pena.

“En la versión final se nos vinieron cositas, que llamamos ‘micos’, que no estuvieron en el proyecto inicial ni en la ponencia, pero aparecieron entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Comisión Primera del Senado”, indicó.

Por lo mismo, el Fiscal presentó varias proposiciones para ajustar el articulado, las mismas que fueron incorporadas para ser estudiadas a partir del próximo lunes, según confirmó uno de los ponentes, parlamentario Jaime Buenahora, y el ministro Rivera, quien insistió en que no existían ‘micos’ en la JEP, no habrá impunidad y que la Fiscalía no perderá sus competencias para adelantar las investigaciones que le correspondan.

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