A  pesar del alto número de demandas que se presentan ante la Corte Constitucional, en sus 25 años de existencia no ha producido una sola sentencia por fuera de los términos previsto legalmente. En el orden del día el alto Tribunal tiene un promedio de 8 demandas para fallo.

El alto Tribunal cuenta con nueve magistrados, cada uno de los cuales tiene la responsabilidad en la actualidad de un promedio de 40 procesos en marcha entre tutelas y constitucionalidades, aunque ha habido momentos en los últimos dos años que esta cifra ha subido hasta el doble.

Sin embargo, la Corte podrá acumular aquellos procesos que se incluyan en el respectivo programa mensual de trabajo y reparto, siempre y cuando la propuesta de acumulación se justifique en los términos de la norma.

Cada togado debe presentar la respectiva ponencia sobre los procesos que le son encomendados a su despacho, sin embargo, las decisiones de la Corte se adoptan por mayoría absoluta en la Sala Plena, ya sea sobre asuntos de constitucionalidad, revisión de las acciones de tutela así como decidir sobre los conflictos de competencia.

Entre la presentación del proyecto de fallo y la deliberación de la Corte deberán transcurrir por lo menos 5 días, salvo cuando se trate de decidir sobre objeciones a proyectos de ley o en casos de urgencia nacional.

Fechas encima

Los procesos que tiene la Corte Constitucional más encima el tiempo para resolver son el expediente D-11027 por la demanda  a la Ley 1761 de 2015, tipificación penal del feminicidio, la cual vence el día de mañana.

La ponente en este proceso es la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.

De igual forma está el expediente D-10935 por la demanda a varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 del gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el principio de progresividad y no regresividad en materia ambiental, la cual tiene tiempo el alto Tribunal de pronunciarse hasta el jueves de esta semana. 

El ponente en este caso es el magistrado Alberto Rojas Ríos.

Otro es el expediente D-10981 por la demanda a la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. Específicamente la acción está dirigida contra el artículo 118 de la norma sobre el Consejo de Disciplina, en el sentido que el representante de los reclusos a este Consejo en los establecimientos de reclusión se designará por el director de lista presentada por los reclusos, previa consideración del delito.

En tanto que hasta el 23 de junio tiene el alto Tribunal plazo para pronunciarse sobre el expediente D-11106, debido a la demanda a la Ley 1448 de 2011 Restitución de Tierras a Víctimas Conflicto Armado, en lo que tiene que ver con oposiciones, pago de compensaciones y pago a favor de terceros de buena fe.

El magistrado sustanciador en este proceso es Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Otro de los procesos que el alto Tribunal debe fallar este mes, el día 27, es el expediente D-11057 por la demanda a la Ley 1739 de 2014, sobre el impuesto CREE, en lo que tiene que ver con la prohibición de compensación con deudas por concepto de otros impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones.

La ponencia en este caso está a cargo del magistrado Alberto Rojas Ríos.

Fallos esperados

El pronunciamiento sobre la exequibilidad o no del acto legislativo para la paz, que permitirá implementar los acuerdos de La Habana, es uno de los fallos más esperados de la Corte Constitucional, que se cree lo tenga listo en unos 45 días.

De igual forma aún le queda por resolver una demanda a la reforma de Equilibrio de Poderes, específicamente la que impetró el entonces fiscal General, Eduardo Montealegre.

También se está a la espera de que  la Corte Constitucional se pronuncie sobre las dos demandas que se han radicado contra la Ley de Zidres, Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social.