El gobierno ganaría el primer round de la reforma de equilibrio de poderes en la Corte Constitucional, faltando aún que el alto tribunal analice la demanda instaurada por el fiscal Eduardo Montealegre.
De acuerdo a lo que se ha conocido anticipadamente de la ponencia que el magistrado sustanciador Mauricio González pondrá mañana a consideración de sus compañeros de sala, el alto tribunal podría llegar a la conclusión de que no hubo sustitución de la Constitución ni vicios en el trámite en los ocho debates de la iniciativa gubernamental en el Congreso.
La Corte daría así respuesta a la demanda contenida en el expediente D-10890 AC e instaurada el 7 de julio por los ciudadanos Flavio Eliécer Maya, Ómar Édgar Borja y Diana Patricia Rueda quienes piden declarar inexequibles los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del acto legislativo 02 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, acumulada por identidad temática con la presentada el 17 de julio por los ciudadanos Jorge Eliécer Gaitán y Sergio Sánchez contra el artículo 19 de la misma reforma constitucional.
De acuerdo con la información suministrada por la Corte, en ambos procesos se fundamentó la inconstitucionalidad de las normas demandadas por la ocurrencia de vicios de competencia.
Otra demanda
La reforma de equilibrio de poderes también fue demandada por el fiscal Montealegre y está pendiente otra acción de la Corporación de Jueces y Magistrados, aunque es probable que ya no entren por esta vía en contra del acto legislativo, sino que se concentren en la recolección de firmas para acudir al constituyente primario.
Para Montealegre, el Congreso tiene el deber de respetar el principio de unidad de materia en las reformas a la Constitución por medio de actos legislativos. Lo anterior implica que en un acto legislativo tan solo se pueden modificar temas que tengan conexidad entre ellos.
En ese orden de ideas, se afirma que en el acto legislativo el tema central era el reequilibrio de los poderes públicos, es decir, modificar el sistema de controles establecido en la Constitución para que las ramas del poder público se controlen entre ellas mismas. Así las cosas, dice la Fiscalía, los artículos de la reforma que modifican el sistema de gobierno y administración del poder judicial y el régimen disciplinario de los empleados de la Rama Judicial deben ser declarados inconstitucionales.
Como lo publicó hace algunos días EL NUEVO SIGLO, en el estudio que realiza la Corte a las demandas contra la reforma “puede que solo tumbe lo de la Comisión de Aforados, que es lo que más les inquieta”, manifestó Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La demanda que podría prosperar es la mejor presentada, la del fiscal Montealegre, pero aun así Borrero consideró que la sentencia sería modulada porque “ya hay muchos hechos creados que tendría que entrar a modular la Corte”.
Implementación
Mientras tanto, la reforma constitucional sigue vigente y operando.
Por un lado, ya hace un par de semanas el ministro de Justicia, Yesid Reyes, sostuvo, en referencia a poner a andar lo establecido por la reforma, que para el Gobierno nacional es prioritario mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la Rama Judicial, y que para lograrlo, la nueva gerencia de la Rama deberá funcionar de manera abierta y dialogar permanente con la ciudadanía y los usuarios de la justicia.
El ministro también dijo que se requiere un aparato judicial que proteja los derechos de las personas, que aplique correctamente las leyes y que tramite oportunamente los conflictos sociales para evitar que escalen hacia la violencia. “Un sistema de justicia simboliza la primacía de la razón sobre la fuerza y se erige como un elemento central para alcanzar la paz”, indicó.
El jefe de la cartera de justicia advirtió que los cambios incorporados en la reforma de equilibrio de poderes, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, no obedecieron a episodios coyunturales: “Su supresión estuvo soportada por un diagnóstico serio sobre las fallas de diseño de la Sala Administrativa”.
De otra parte, finalmente fueron 51 los aspirantes que se inscribieron para representar a los funcionarios y empleados judiciales en el recientemente creado Consejo de Gobierno Judicial, el cual reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura, según lo estableció la reforma de equilibrio de poderes.
El presidente de la Comisión Interinstitucional, magistrado Wilson Ruiz, informó que en total se inscribieron 27 candidatos por los empleados de la Rama Judicial y 24 aspirantes por magistrados de los Tribunales y jueces de la República.
Inicialmente se habían inscrito 19 magistrados y jueces, y 13 empleados, pero la Comisión hizo una nueva convocatoria a inscripciones dando cumplimiento al auto del Consejo de Estado que eliminó la exigencia de requisitos para quienes aspiren a integrar el Consejo de Gobierno Judicial.
La semana anterior, el Consejo de Estado decidió ordenar un nuevo calendario de inscripción por considerar que la Comisión Interinstitucional de la rama fijó a los aspirantes requisitos especiales superando su competencia natural que le otorgó la reforma de equilibrio de poderes, cual es organizar dichas elecciones.
Referendo
La Rama Judicial comenzó hace algunos días a recoger más de tres millones de firmas con el fin de promover un referendo derogatorio de la reforma.
Por supuesto, ya surgieron peros consistentes en los costos de otro llamado a las urnas y si además podría cruzarse con el mecanismo que se acuerde en La Habana para refrendar lo que se negocie con las Farc.
El magistrado Gustavo Gómez, uno de los promotores de la iniciativa, fue el primero en firmar la solicitud de revocatoria del acto legislativo que, según algunos jueces y magistrados, pone en riesgo la justicia colombiana.
“En un acto de civilidad respaldarán la intangibilidad de la Constitución, el reconocimiento de la Rama Judicial como poder del Estado y la garantía de sus derechos a través de la figura del juez autónomo que concibió la Carta del 91”, argumentó Gómez.
La iniciativa que pretende tumbar la reforma comenzó en 2011, por lo que los trabajadores de la justicia consideran que ya tienen un trabajo avanzado en los diferentes departamentos del país y en variados sectores que involucran incluso a las familias de las personas que se encuentran privadas de la libertad, presidentes de diferentes sindicatos, madres comunitarias, trabajadores del agro, entre otros.
Una vez sean radicadas las firmas, según el criterio de la Corte Constitucional, la ley estatutaria de participación ciudadana y cuando la Registraduría avale las rúbricas, a través de un acto administrativo se convocará a los colombianos a definir en las urnas si el acto legislativo debe ser retirado del ordenamiento constitucional.
Gómez catalogó este hecho como histórico porque demostraría que “el Estado se controla con razón, derecho y no con balas ni violencia y abusos”.