Debido a los problemas de movilidad que ha generado el deterioro anticipado de las losas de la troncal de la Caracas, y por las cuales el IDU y la Alcaldía de Bogotá tuvieron que reconstruir la calzada exclusiva de TransMilenio, la Auditoría espera recuperar alrededor de 70 mil millones de pesos por presunto daño patrimonial al Estado.

 
El Auditor Jaime Ardila Barrera afirmó que la Auditoría General no tiene competencia para ser una instancia de revisión de los procesos adelantados por sus sujetos de control debido a la decisión de caducidad dada por parte del Contralor General de República en el año 2010.

“Es importante que el Juez de la acción popular evalúe si existieron maniobras o artimañas o actuaciones irregulares del funcionario competente de la Contraloría General de la República que no encuentran fundamento normativo y que no solo ocasionó la nulidad de todo lo actuado en el proceso de responsabilidad fiscal sino que generó la caducidad de la acción fiscal en un proceso de tanta trascendencia y de una cuantía tal alta para recuperar los daños causados al patrimonio público”, cita el documento de coadyuvancia presentado por la Auditoría General al juez 40 administrativo.