La pelea entre la minería y la agricultura está a punto de terminar. Aunque por años se ha creído que ambas actividades no pueden convivir en el campo colombiano, el esfuerzo de entidades privadas ha demostrado que el verdadero problema está en la falta de conocimiento, información y trabajo para que en conjunto se impulse el desarrollo económico del país.   

Es por eso que la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) firmaron un acuerdo de cooperación que busca, a través de mecanismos de capacitación, aclarar al país la importancia que ambas actividades tienen en la economía nacional y su independencia en el uso de la tierra.

EL NUEVO SIGLOpresenta la visión de cada uno de los sectores, su aporte al país, el desarrollo de sus actividades y el compromiso que tienen para convivir de la mano y hacer del campo un lugar para todos.

Falta comunicación

Afirmando que el sector es consciente de los temores de la agricultura por el desarrollo de la actividad minera en el país, el director de la Cámara Asomineros de la Andi Eduardo Alfonso Chaparro afirmó que el verdadero problema está en un vacío de comunicación entre ambos sectores.

Para Chaparro, es importante tener claro los instrumentos para generar confianza y conocimiento entre todos los autores de la cadena agrícola y minera, para lo cual el convenio firmado entre la SAC y la ANDI se convierte en una herramienta indispensable para generar confianza y trabajar en conjunto.

Según el directivo, dicho convenio permitirá conocer quién es cada sector y qué papel juega dentro del desarrollo económico del país, de esta forma podrán realizar trabajos orientados a la capacitación y el conocimiento de cada actividad y acabar con los problemas en el campo.

Es así como esperan avanzar en programas para que el agricultor conozca de cerca el tema minero, su institucionalidad, los proyectos, el funcionamiento de los títulos mineros y la diferencia de la minería formal con las explotaciones ilícitas de minerales.  

Otro punto que para la ANDI es indispensable en el relacionamiento con el sector agrícola es el tema laboral. Según Chaparro, desde tiempos ancestrales coexisten problemas laborales en áreas donde hay agricultura y minería, por ejemplo en zonas del Eje Cafetero, Boyacá y Antioquia.

“El convenio nos ayudará a mostrar cómo es cada industria, entender las diferencias y trabajar para tener mejores condiciones e impulsar el desarrollo del país y de las actividades sin obstáculos”, dijo el directivo.

Chaparro insistió que se debe tener claro que hay especulaciones en el mal uso de la tierra y mala interpretación de los títulos mineros, pero que realmente no existen especificaciones técnico-científicas para decir que la minería afecta el desarrollo agrícola.

Para el director de Asomineros, el número de solicitudes para un título minero se confunde con la cantidad de explotaciones que se hacen, es decir que el terreno de cada título no siempre es totalmente utilizado para la minería. “Cuando se validan las cifras de títulos mineros frente a las opciones de explotación se encuentra que ese pedido de hectáreas no son al 100 por ciento explotadas porque hay lugares donde no hay minería”, comentó.

De acuerdo con Chaparro, se tienen alrededor de un millón y medio de hectáreas destinadas a la minería, eso representa 4 por ciento del total de tierras del país, y en los últimos 20 años no se han abierto minas de gran tamaño, sino únicamente pequeños proyectos.

Sin embargo, el funcionario llamó la atención por el tema la explotación ilícita de minerales, situación que a su juicio debe ser examinada detenidamente por el Gobierno Nacional para su erradicación.

Por su parte, los mineros han ejercido acciones para identificar y denunciar esos hechos ilegales en la actividad, es por eso que solicitan amparo de la ley y acompañamiento de las autoridades gubernamentales y nacionales para controlar la ilegalidad.

“Hay mineros que llevan hasta tres años buscando amparo de la ley, pero por temas políticos no lo han logrado. Pero lo más grave de todo esto es que confundan a los pequeños mineros que aún no están formalizados con los explotadores ilegales”, puntualizó Chaparro.

Hay campo para todos

Para el presidente de la SAC Rafael Mejía López, es importante dar debates técnicos en torno a la coexistencia de la minería y la agricultura en Colombia. “Lo más importante es planificar y debatir constructivamente estos tema, en beneficio del conjunto de la sociedad”, dijo.

Según Mejía, el convenio hace parte de un escenario técnico que busca mediante un trabajo serio y sin juicios de valor establecer los impactos de la minería en la agricultura y las afectaciones en el desarrollo de la actividad.

“Los debates se convierten en el camino de la comunicación para tener un panorama claro y buscar las soluciones necesarias para el desarrollo de ambos sectores sin complicaciones”, dijo.

Asimismo, Mejía informó que hace unos días en la primera reunión técnica con la ANDI abordaron ejemplos de cómo en otros países la minería y la agricultura han logrado trabajar en conjunto. Sin embargo, la SAC insiste en la necesidad de tener normas claras en el uso del suelo y el control de costos de producción.

Según Mejía, la situación es que en las zonas agrícolas donde se hacen actividades mineras los ingresos generan un efecto negativo en el mercado laboral porque desestimula a los campesinos a trabajar en el agro.

En cuanto al costo de los fletes, Mejía explica que también en las áreas donde se desarrollan ambas actividades los fletes se incrementan por la mayor demanda de transporte afectando de manera directa a la cadena productiva.

Para el dirigente gremial, aunque tienen claros los impactos de la minería en la agricultura, lo importante no es entrar en un conflicto social y económico sino buscar las soluciones necesarias para evitar esos efectos negativos.

Es por eso que las mesas de trabajo con la ANDI permitirán la explicación detallada de los títulos mineros y su incidencia en el desarrollo productivo, donde la preocupación está en que los títulos se están dando sobre zonas productivas afectando el medio ambiente.

“El sector agrícola es vital para el crecimiento del país y para la seguridad alimentaria mundial, por eso buscamos conciliar los intereses de ambos sectores”, comentó Mejía.

La segunda reunión del convenio de cooperación será, según la SAC, en dos semanas para continuar debatiendo temas de interés bilateral. Aunque los debates son solamente del sector privado, el gremio no descarta que en el mediano plazo se cuente con la participación del Gobierno Nacional.

Se puede convivir

Tomando como ejemplo a Canadá, Perú y Australia, que han podido alinear las actividades agrícolas y mineras en su desarrollo social y económico, la directora Ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala Claudia Jiménez Jaramillo afirmó que estos son dos sectores que pueden y deben convivir.

“Colombia no puede dejarse meter en la errada teoría de exclusión de actividades económicas. El país debe crear condiciones que permitan generar competitividad en los diferentes sectores económicos, con el potencial para contribuir al desarrollo de la Nación y a mejorar la calidad de vida de los colombianos”, dijo.

De acuerdo con Jiménez, no es cierto que la minería esté comprometiendo el suelo que se podría estar destinando a la agricultura. “La explotación minera como tal, requiere poca área”, comentó.

Según cifras oficiales, del total del territorio continental colombiano sólo 4,4  por ciento (cerca de 5 millones de hectáreas) se encuentra titulado y sólo 1 por ciento de esas áreas adjudicadas con títulos mineros se vuelven exploración.

“De este 1 por ciento tan sólo el 0.1 por ciento se vuelve proyecto minero en explotación, es decir la extracción minera como tal. Lo cual significa que el 0.00001 por ciento del suelo nacional es usado por proyectos mineros, entonces no se puede afirmar que hay una ‘mancha negra’ en el país”, explicó la directiva.

Igualmente, Jiménez indicó que de las 5 millones de hectáreas tituladas, 1,18 millones corresponden a la minería a gran escala y por este hecho tienen la garantía de contar con una minería legal y responsable aliada del progreso de las comunidades colombianas.

“La minería con estándares se esfuerza por dejar una huella de prosperidad, bienestar social y desarrollo económico para Colombia”, afirmó.

De otro lado, la dirigente gremial dijo que las empresas mineras a gran escala implementan altos estándares de calidad en la ejecución de sus proyectos. En 2010, invirtieron más de 67 mil millones de pesos en responsabilidad social y 190 mil millones de pesos en programas de responsabilidad ambiental, con los cuales se han visto beneficiadas cerca de 251 mil colombianos.

Además, el sector minero legal contribuye de manera significativa al país. En el acumulado la minería ha invertido 650 mil millones de pesos en infraestructura, compró en un año 2.6 billones de pesos a proveedores nacionales, en 2011 contribuyó con 1.6 billones de pesos en regalías, representó 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto y 25 por ciento del total de las exportaciones de nuestra Nación.

Teniendo en cuenta el aporte del sector al país, la directora de la Asociación hizo un llamado a tener mesura en las afirmaciones que confunden a la opinión y desprestigian inútilmente un sector con gran expectativa de crecimiento.

“Sería irresponsable no apalancar parte del desarrollo de Colombia en el sector minero, el cual puede contribuir con la disminución de la pobreza en el país. El Gobierno Nacional es consciente de esto y es por ello que definió a la minería como una de las locomotoras de la economía”, afirmó.

También Jiménez invitó a trabajar por un desarrollo incluyente, que busque la competitividad de todos los sectores capaces de contribuir con una mejor calidad de vida y prosperidad para los colombianos.

“El país debe dejar de plantear discusiones en términos de minería o agricultura y pensar en minería y agricultura”, concluyó.

Obstáculo en tierras

Mientras que el sector minero afirma que la cantidad de tierras utilizadas para la actividad es tan sólo 4 por ciento del total de hectáreas del país, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo Salazar advirtió que la aprobación de títulos mineros se convertirá en un obstáculo para la titulación de tierras.

Según Restrepo, por la frenética aprobación que se dio en años anteriores al Gobierno Santos y la aplicación de una vieja norma, se podría impedir la titulación  a familias campesinas de  24 millones 714 mil hectáreas de tierras baldías, el equivalente a 79,6 por ciento del territorio rural colombiano.

El funcionario señaló que la Ley 160 de 1994, en su artículo 67, establece que “no serán adjudicables los terrenos baldíos situados  dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables”.

Es por eso que Restrepo solicita reformar la norma de tal manera que la restricción se refiera a terrenos situados dentro de un radio de 500 a mil metros. Un proyecto de Ley en ese sentido está en trámite en el Congreso de la República.

“Como crecieron desmesuradamente los permisos mineros, la posibilidad de formalizar tierras se ha venido restringiendo”, señaló el funcionario al advertir sobre el peligro en que se colocaría al sector agrícola y a la seguridad alimentaria del país, si las licencias mineras se traducen en explotaciones efectivas.

El Ministro también señaló que al superponer los mapas en donde se desarrollan o en el futuro se adelanten actividades minero-energéticas, se afectaría, con una gran mancha negra, 53,5 por ciento de la agricultura y ganadería colombiana.

“Calculando la población rural ubicada en la mancha negra, habría cinco millones 363 mil campesinos en riesgo de conflicto con la minería. De seguir así, la crisis social en el sector rural va a ser inmanejable”, indicó el Ministro.

Restrepo Salazar celebró el anuncio del Partido Conservador de promover una iniciativa en el Congreso de la República para establecer más controles a la actividad minera y armonizarla con el medio ambiente  y la agricultura.

“Colombia debe saber explotar sus recursos mineros. No a costa del medio ambiente y de la agricultura, porque de lo contrario se pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país”, concluyó.