A través de tres acciones de tutela, empleados del Consejo Superior de la Judicatura esperan frenar la propuesta planteada en el proyecto de reforma a la justicia, al que sólo le restan dos debates en la Cámara de Representantes, en que se expresa la intención de eliminar la entidad.

Una de las acciones, presentada de manera directa ante la Corte Constitucional por la magistrada Paulina Canossa, del Consejo Seccional de Bogotá, argumenta que el Congreso y el Gobierno estarían violando la Constitución al eliminar el Consejo de la Judicatura, asegurando que esto implicaría una “"sustitución de la Constitución y no una reforma de la Constitución, que es para lo que está facultado el Congreso de la República".

La magistrada agrega que si el Gobierno y el Congreso quieren eliminar la Judicatura deben acudir a una ley convocatoria de referendo o a una asamblea constituyente.

Las otras dos acciones de tutela fueron radicadas en el Tribunal Superior de Bogotá por las magistradas Marta Isabel Rueda, del Consejo Seccional de Santander, y Marta Inés Montaña, del Consejo Seccional de Bogotá.