Darle herramientasjurídicas al Estado para la defensa de las acciones judiciales que se presentan por parte de los afectados, es el propósito de un proyecto que presentará al Congreso el Partido Social de Unidad Nacional (La U) el 16 de marzo.

La iniciativa contempla límites para que el Estado no pague cifras estrambóticas debido a los fallos judiciales.

El representante Jaime Buenahora, copresidente de La U, explicó que en Colombia hay pretensiones de demandas jurídicas que suman 795 billones de pesos, lo más grave para el legislador es que detrás de los fallos pueden existir hechos de corrupción.

Buenahora recordó  que el problema está en que todo esto se define en los tribunales y en el Consejo de Estado y se está en manos de dos o tres magistrados. “Lo que yo quiero es que existan unas limitaciones, dependiendo de las circunstancias y de los delitos”.

El congresista aclaró que por supuesto que el Estado debe ser responsable cuando se falla y ante eso se tiene que responder sin ninguna duda. Anotó también que en el acto legislativo se quiere que se haga la acción de repetición con la finalidad de que no sea el Estado con el dinero de los contribuyentes  el que termine respondiendo, sino el funcionario. “Esa acción de repetición es muy débil y hay que fortalecerlo”.

Agregó que para frenar ese desangre, se tiene que modificar el artículo 90 de la Constitución, agregando un inciso que diga “La ley reglamentará las condiciones y limitaciones de cada caso”.

Cabe recordar que el artículo 90 de la Constitución dice: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Una vez se modifique dicho artículo se tendrán también que presentar una ley en la que se estudie el tema de los límites y así se cae el carrusel judicial según explicó el legislador. “Este  es un proyecto importante que va a ser avalado por el gobierno nacional”.

No obstante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de defender al Estado de las cuantiosas demandas que cursan en su contra, logró determinar que las pretensiones de las demandas contra las entidades del orden nacional cuestan 53 billones de pesos menos de lo que el sistema había contabilizado.

A partir de un ejercicio de verificación de piezas procesales correspondientes a 280 procesos y la corrección de errores en el sistema de información litigiosa, se redujo en 18 por ciento el monto de las pretensiones contra las entidades del orden nacional, excluyendo el proceso judicial contra el Ministerio de Agricultura, que actualmente cursa ante el Consejo de Estado, por un valor de 908 billones de pesos.

Según la entidad a partir del análisis de la información de los procesos judiciales más costosos para la Nación, ya se han determinado las acciones de intervención por parte de la Agencia, por ejemplo respecto de los casos que tuvieron fallo desfavorable a la entidad pública en primera instancia y que están a la espera del fallo de segunda instancia, o procesos cuya pretensión supera un billón de pesos y que aún continúan en primera instancia.

Se recordó que uno de los objetivos de la oficina de la defensa jurídica del Estado, está en ayudar a las entidades públicas del orden nacional a mejorar sus estrategias de defensa jurídica para evitar perder los procesos que cursan en su contra.

Pero también se quiere que en el momento en el cual se profieran condenas justas contra el Estado, éstas sean pagadas oportunamente, pues de lo contrario, se inician procesos ejecutivos que generan mayores costos para el Estado, al punto que por ello puede ser embargado y debe pagar altos intereses moratorios.