Buga: sobrecostos en alimentación escolar | El Nuevo Siglo
Foto Defensoría del Pueblo
Lunes, 4 de Septiembre de 2017
Redacción Web
Algunos insumos, que son más baratos en Cavasa, eran cobrados al precio de Corabastos, hasta 30% más caros.

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Sobrecostos en los precios por ración contratados por el municipio de Buga, para la atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE), generaron una pérdida de más de 150 millones de pesos.

Uno de los presuntos responsables sería el burgomaestre Juan Andrés Latorre, elegido con aval del Centro Democrático y la ASI.

Así lo estableció la Contraloría General de la República en una reciente auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones ejecutados por Buga.

A través de un comunicado, la Contraloría informó que, en efecto, el Municipio suscribió un contrato con la Unión Temporal Buga Total, representada legalmente por Juan Manuel Rojas, por una cuantía de más 2.421 millones de pesos, para el suministro diario, durante 95 días calendario, de 16.000 complementos alimentarios escolares, así como de 4.100 almuerzos.

Sin embargo, la Contraloría pudo evidenciar que la ecuación financiera del contrato no obedeció a ningún cálculo técnico que permitiera establecer el valor final del contrato y en consecuencia tampoco los presupuestos oficiales para la atención del mismo.

Aguacate bugueño a precio bogotano

Se identificaron otros sobrecostos en el cálculo del precio de las materias primas, donde se tomó como base para el cálculo la página web de la Corporación de Abastecimientos de Bogotá (Corabastos), pudiendo haberse usado un referente regional como la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca (Cavasa).

Mientras el kilo de aguacate en Corabastos se cotizaba a 3.000 pesos, en el Cavasa el mismo kilo costaba tan solo 2.000 pesos. El de plátano hartón en Corabastos costaba 1.363 pesos, mientras que en Cavasa sólo costaba 900 pesos.

Fue así como se pactaron precios usando como referencia los altos costos de la capital, habiendo debido adoptarse los precios regionales del lugar de prestación de los servicios contratados.

Por todo lo anterior, la Alcaldía de Buga terminó pagado un mayor valor por el suministro de los alimentos requeridos para el PAE, sin que existiera ninguna justificación técnica que respaldara la contratación, ocasionando una pérdida de recursos por más de 150 millones de pesos, recursos con los que se hubiera podido aumentar la cobertura del programa, o mejorar la calidad de las raciones suministradas a los estudiantes.

Dentro de la documentación que soportaba el cálculo de la valoración económica del contrato, se identificaron por parte de la Contraloría supuestos análisis comparativos de precios, que se limitaron a copiar los ejercicios previamente adelantados por otros entes territoriales como el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, o la Gobernación de Córdoba, sin que justificara la pertinencia de la muestra seleccionada, resultando evidente la inutilidad de la misma, que por tratarse de territorios distintos y alejados del municipio de Buga, mal podrían constituir referente alguno para la determinación de los costos y precios de la alimentación escolar por parte de la alcaldía.

Por lo anterior, la Alcaldía de Buga partió de supuestos equívocos para establecer la valoración económica del contrato, con comparativos incongruentes con la realidad del municipio, calculando, entre otros, el pago de manipuladoras para la elaboración de los alimentos, a partir de 8 horas diarias de trabajo, y no a partir del costo por ración contratada, como ha debido ser.

Presuntos responsables

La Contraloría determinó que los responsables de la pérdida de los recursos públicos de los bugueños, serían presuntamente el actual alcalde Latorre, quien obra como representante legal de la entidad contratante, así como su secretario de Desarrollo Institucional, Jorge Humberto Vásquez, quien suscribió el contrato auditado con la Unión Temporal Buga Total. Igualmente involucrada se encuentra la secretaria de Educación Municipal de Buga, Lorenza Santos, quien ejercía el rol de supervisión sobre el cuestionado contrato.

Latorre fue elegido en 2015 con aval de una coalición denominada ‘Juntos por nuestra ciudad’ y que integraban los partidos Centro Democrático y Alianza Social Independiente (ASI).

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