El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denunció una grave situación a raíz de los asesinatos, desplazamientos y amenazas en el suroeste del país, especialmente en el puerto de Buenaventura, donde en octubre hubo 33 muertes violentas.

Citando cifras del estatal Instituto de Medicina Legal, Otálora precisó que de las 130 muertes violentas registradas durante los primeros 10 meses de 2012 en Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, 33 de ellas ocurrieron en octubre pasado.

El funcionario atribuyó la situación al enfrentamiento entre bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares, que han incrementado las acciones violentas contra la población civil, dentro de una estrategia para "establecer su dominio" en la zona.

Al respecto, dijo también que las acciones de bandas conocidas como 'Los Urabeños', 'Los Rastrojos' y 'La Empresa', han originado entre el 14 y el 31 de octubre pasado el desplazamiento forzado de 2.197 personas pertenecientes a 562 familias de Buenaventura, y advirtió que esta semana podrían registrarse al menos tres nuevos desplazamientos masivos, además de otros individuales.

Otálora recordó, igualmente, que la semana pasada dos personas murieron y otras 34 resultaron heridas, entre ellas 14 menores, en un atentado con explosivos en el municipio de Pradera, en el departamento (provincia) de Valle (suroeste) donde se localiza Buenaventura.

Ese atentado, atribuido por las autoridades a la guerrilla de las FARC, "infringe de manera grave las normas del Derecho Internacional Humanitario y desde luego deslegitima cada vez más" la acción del grupo rebelde, dijo el funcionario.

Otálora aseguró que la situación de violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) afecta a por lo menos once poblaciones del Valle del Cauca.