Un país al que hace un año le destituyeron a la Presidenta por manipulación de cuentas públicas, su entonces vicepresidente y luego sucesor es acusado meses después por la Fiscalía de recibir un presunto soborno, y ahora su exmandatario más popular -que encabeza las encuestas para los comicios de 2018- es condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, sin duda alguna está al borde de un abismo institucional, tan profundo que algunos analistas no dudan en señalarlo, incluso, como la ‘cuota inicial’ de un estado fallido. Eso es, precisamente, lo que ocurre en Brasil, el gigante suramericano en donde las cúpulas políticas de izquierda y derecha están judicializadas, el clima social es explosivo y la economía no logra salir de un escenario recesivo cada vez más estructural.
La crisis es de magnitudes históricas. Ayer el implacable juez Sergio Moro, símbolo nacional de la lucha contra la corrupción política, condenó a nueve años y seis meses de cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras encontrarlo culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por beneficiarse de un lujoso apartamento ofrecido por una empresa constructora que estaba detrás de contratos con la poderosa empresa estatal Petrobras. Como se sabe, el Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados políticos, que dominaron en los últimos 15 años el poder en Brasil, terminaron involucrados en un escándalo político y judicial de proporciones al quedar al descubierto que utilizaron a la multinacional como ‘caja menor’ para financiar sus campañas y lucrarse de millonarios contratos a punta de sobornos y tráfico de influencias. Este escándalo es conocido mundialmente como “Lava Jato” y tiene ya tras las rejas a muchos ministros, congresistas, altos funcionarios y empleados de la petrolera.
Aunque la condena a Lula Da Silva fue proferida en primera instancia, y de inmediato sus abogados anunciaron que la apelarían ante la Corte Suprema e incluso la denunciarían a nivel internacional como un acto de persecución política, lo cierto es que quien años atrás fuera considerado como una de las figuras más rutilantes y exitosas de la nueva izquierda latinoamericana, podría terminar en la cárcel en poco tiempo. Las sentencias del juez Moro tienden a ser muy sólidas y la posibilidad de que el fallo sea reversado en segunda instancia es, para muchos expertos jurídicos, remota. De esta forma Lula Da Silva no sólo vería frustrada su posibilidad de volver al poder en 2018 sino que su prioridad, a los 71 años de edad, debe ser evitar terminar su vida tras las rejas, más aún porque tiene otros tres procesos penales abiertos.
Como si fuera una paradoja del destino y evidencia de la descomposición política en ese país, la condena al exmandatario se produce en la misma semana en que la llamada “Comisión de Constitución y Justicia” de la Cámara de Diputados, debe votar Sí o No a un informe que recomienda enviar al Supremo Tribunal Federal la denuncia que por el delito de “corrupción pasiva” le formuló semanas atrás la Fiscalía al presidente de la República, Michel Temer, tras encontrar indicios de que recibió un millonario soborno de una compañía brasileña que es la mayor procesadora de carne del mundo.
Aunque Temer y sus abogados alegan inocencia, y desde el punto de vista político se considera que la izquierda no tiene los suficientes votos en el pleno de la Cámara para viabilizar el juicio penal al Presidente, lo cierto es que éste arrastra una impopularidad superior al 90 por ciento y varios de sus ministros y altos funcionarios han tenido que renunciar tras ser encausados en el proceso “Lava Jato”.
Ya muchos analistas ven complicado que Temer, de un partido de centro-derecha, pueda terminar su corto mandato el próximo año. Como se sabe, asumió el poder a mediados de 2016 cuando, al ser el Vicepresidente, entró a reemplazar a la presidenta izquierdista Dilma Rousseff (cuyo páter político es Lula Da Silva), quien fue apartada del cargo y después destituida por el Congreso por maquillar cifras económicas oficiales.
Como se ve, en menos de un año este país ya suma una expresidenta destituida, un presidente en ejercicio acusado de corrupción por la Fiscalía y a su exmandatario más popular y aspirante a regresar al poder el próximo año, condenado. Y eso sin contar con decenas de congresistas, dirigentes políticos, ministros y altos funcionarios enjuiciados. Todo en medio de una crisis social, política y económica sin precedentes…
Brasil, afortunadamente, hoy no es un estado fallido pero, lamentablemente, pareciera enrumbarse a ello.
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