La Corte suprema brasileña despojó al diputado Paulo Maluf, aliado del presidente Michel Temer, de su mandato legislativo y lo condenó a casi ocho años de prisión por lavado de dinero.
"El Supremo Tribunal Federal condenó al diputado federal Paulo Maluf, por el crimen de lavado de dinero, a siete años, nueve meses y 10 días de reclusión en régimen inicial cerrado", informó la corte en un comunicado.
En un nuevo capítulo de la saga de corrupción que golpea al país, la corte le prohibió además ejercer cargos públicos.
Según expertos judiciales, Maluf, de 85 años, podría cumplir la sentencia en prisión domiciliaria.
El ahora exdiputado fue acusado por la fiscalía de blanquear "dinero desviado de obras públicas y enviarlo al extranjero a través de operadores del mercado ilegal de cambio".
El caso contra Maluf, del Partido Progresista (PP, derecha), remite a un esquema de sobornos iniciado en los años 90 en Sao Paulo, donde fue gobernador. Y según la fiscalía, continuó participando activamente "en los años siguientes".
De acuerdo con el expediente, Maluf ocultó y disimuló el origen de esos recursos mediante un esquema de cuentas en Suiza, Inglaterra y las Islas Vírgenes.
Fachin determinó que parte de los delitos de lavado cometidos entre 1998 y 2006 no habían prescripto y votó en favor de condenarlo.
Electo en 2011, Maluf cumplía su cuarto período como diputado en Brasilia. Fue gobernador de Sao Paulo de 1979 a 1982 y alcalde la ciudad capital de ese estado de 1969 a 1971, durante la dictadura militar (1964-1985).
En una audiencia anterior, el juez Edson Fachin había determinado que estaba "debidamente constatada la materialidad y la autoría del diputado".
Fachin tiene también entre sus manos el caso más explosivo de Brasil: una investigación por corrupción y obstrucción de la justicia contra el presidente Michel Temer, grabado por un empresario en una conversación donde se mencionan diversos delitos, entre ellos la posible compra del silencio de un exlegislador preso.
El magistrado tramita todas las causas de la Operación Lava Jato en la máxima instancia, incluyendo las que involucran a ocho ministros, decenas de diputados y un tercio de los senadores.