Inversiones por400.000 millones de pesos que se realizaron entre 2008 y 2010 con cargo a los bonos del agua, están en peligro de perderse por el abandono de las obras.

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, dijo que “ya se adelanta una denuncia ante la Fiscalía General y la Contraloría General. Señaló además que los recursos se emplearon en obras de acueducto y alcantarillado formaron parte del Plan Carrasquilla y fueron autorizadas por el entonces ministro de Hacienda,  Óscar Iván Zuluaga”.

Afirmó que en esta operación más de 117 municipios contrataron directamente las obras, pero hubo riesgos en la funcionalidad  y de este monto solamente 30 terminaron las obras y el resto fueron obras que hoy no pueden recibir el municipio, ni ninguna entidad porque no son funcionales.

Los bonos de agua es una operación de crédito en el mercado de capitales a través de la cual cada entidad territorial, autónomamente, suscribe un contrato de crédito, el cual es pagado con un porcentaje de la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones, para el programa de Agua Potable y Saneamiento Básico, (SGP-APSB) durante 19 años. 

Actualmente, lo comprometido por las entidades territoriales a través de este esquema representa el 6,1% de la asignación en la vigencia 2012, para un total de 117 municipios.

De los municipios más emblemáticos que fueron afectados están Buenaventura, Valledupar,  María la Bajá y Soacha, entre otros.
El Ministro de Vivienda dijo que la solución es comprar, lamentablemente, estos bonos para buscar unas tarifas muchos baratas para estos municipios, porque están con unos intereses que son leoninos a 20 años y que no pueden hacer prepago de deuda.

Así mismo, y ante las numerosas solicitudes realizadas por los entes territoriales involucrados en el esquema, este Ministerio en coordinación con el Ministerio de Hacienda, invitó a los municipios a participar en una posible negociación financiera que modifique las condiciones del crédito mediante acciones como el prepago, la renegociación o cualquier tipo de modificación que podría mejorar la capacidad de inversión de los municipios en el sector agua potable y saneamiento básico, con los recursos de la correspondiente partición del SGP.

Adicionalmente, en coordinación con la Procuraduría Delegada para Entidades Territoriales se han concertado unas mesas de trabajo con los alcaldes de los 117 municipios, en aras de tomar las respectivas medidas para sanear los contratos ejecutados con dichos recursos, en cuanto a su liquidación y verificar los avances en la construcción de las obras.

La cartera de Vivienda, enejercicio de las competencias señaladas en la Ley 1450 de 2011 y Decreto 1040 de 2012,  entre noviembre de 2012 y abril de 2013, realizó visitas de monitoreo a las 117 entidades territoriales, evidenciando la posible ocurrencia de eventos de riesgo.