¿Qué tan grave es la crisis en Bogotá? Esa es la primera pregunta que debe responderse para saber cómo afrontar la difícil coyuntura de una ciudad que tras varios meses de inestabilidad política y jurídica por fin vio esta semana una luz al final del túnel, al definirse la incertidumbre en la Administración Distrital: Gustavo Petro fue destituido y Rafael Pardo asumió temporalmente en su reemplazo, mientras se designa un alcalde provisional que, venido de las toldas petristas, lleve las riendas de la urbe hasta que en un poco más de dos meses se posesione el nuevo mandatario que será elegido en las urnas y estará al mando hasta diciembre 31 de 2015.

Conocidos ya todos los flancos, razones, posturas, polémicas y réplicas respecto a la forma en que el presidente Santos negó las medidas cautelares que había pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y procedió de inmediato a destituir a Petro, es hora de mirar hacia delante para vislumbrar cuál es la hoja de ruta que debe tomar la ciudad en el corto, mediano y largo plazos.

Como se dijo, lo primero que debe hacerse para analizar los caminos a seguir es, precisamente, poner en blanco y negro el diagnóstico del paciente. Si algo ha quedado claro en medio del terremoto político y jurídico de esta semana es que la evaluación de cómo está Bogotá no es objetiva, pues incluso partiendo de las mismas cifras e idénticos marcos situacionales los críticos de la gestión de Petro pintaban escenarios marcadamente catastróficos, en tanto que la Administración ponderaba los logros e indicadores en muchas áreas. De uno y otro lado se cruzaron señalamientos en torno a que había sobredimensionamiento o minimización de las cifras y gestión, según la orilla en que se estuviera en medio de la polémica alrededor de la estadía o no del Alcalde en el cargo.

La necesidad de ese corte de cuentas, no a la Administración Petro sino a la ciudad en general, se hace más urgente porque aún en medio de la crisis de esta semana, hubo voces de importantes dirigentes del sector privado que pidieron no confundir un problema típicamente político-jurídico como el caso Petro, con el estado de la economía bogotana, que si bien tiene algunos indicadores en rojo, construcción por ejemplo, en otros como empleo, capacidad instalada industrial, porcentaje PIB regional vs. Nacional, desarrollo de infraestructura privada o potencial turístico está en la cabeza de la tabla a nivel nacional.

Es más, no son pocos los empresarios y dirigentes económicos que consideran que si no fuera por la fortaleza de la estructura del sector privado en Bogotá, la ciudad habría entrado en una crisis de profundas implicaciones debido al clima de desgobierno que distinguió el último año de Petro. En otras palabras, que pese a los problemas de orden político, la ciudad no colapsó porque el sector real de la economía no se dejó infectar de ese ambiente de inestabilidad institucional en lo público.

Contrario a esa tesis, hay expertos que sostienen que si bien Bogotá está muy bien en varios indicadores micro y macro, e incluso mantiene calificaciones marcadamente potables en materia de sanidad fiscal y presupuestal, la incertidumbre política e institucional sí llevó a que muchos negocios de distinta índole comercial, industrial, de servicios, foco de negocios y eventos, así como de iniciativas de inversión en general miraran otras plazas más estables, como Medellín o Barranquilla, que desplazaron a la capital del país como el principal polo de acción en este campo.

 

¿Subsidios o asistencialismo?

 

Otro campo en el que hay choque de criterios sobre cómo está la ciudad es en el nivel de intervención del aparato distrital en lo social. Algunos sectores consideran que se debe profundizar la política de subsidios directos en materia alimentaria, de salud, educacional y otros flancos. Pero también hay expertos que, con estudios en mano, sostienen que esa política de subsidios y asistencialismo distrital no es una herramienta objetiva para superar los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión. Por el contrario, alegan, se tiende a entronizar a un sector de la población en esas franjas, bajo la perversa tesis de que si progresan o tienen mayor solvencia económica, entonces perderán todas las ayudas oficiales.

 

Sin panacea

 

Y qué decir de la solución a uno de los problemas más complejos que afronta la capital del país: el caos en la movilidad vial. Sorprende cómo se cruzan estudios técnicos y privados que se contradicen en sus conclusiones sobre si es necesario apostar por un sistema Metro en la capital del país o insistir en ampliar la red de troncales de los buses articulados. Son abismales las diferencias en materia de cálculos comparativos sobre pasajeros movilizados/hora, velocidad de los desplazamientos, costo de la adecuación de la infraestructura, así como de niveles de coordinación e integración con otros sistemas como transporte público masivo o individual…

¿Qué sistema de transporte necesita la capital del país? ¿Más buses o troncales de Transmilenio? ¿Un Metro ligero, pesado o tranvía? ¿Reducir o ampliar el Pico & Placa? ¿Instalar o no los peajes urbanos?...  Todas esas preguntas hoy todavía no tienen respuestas claras, pese a que se formulan todos los días cuando se evidencia en las calles que hay un colectivo social a punto de explotar por la crisis en movilidad.

 

Arquitectura política

 

En ese mismo plano de diagnosticar a fondo la capital del país no puede quedar por fuera lo que está pasando en materia de arquitectura política de la ciudad.

Por ejemplo, en el marco de este nuevo impulso a una reforma política ya se habla de la posibilidad de modificar la circunscripción nacional para Senado. Y es que si algo quedó claro en los últimos años es que la ciudad se convirtió en una fuente de votos para todos los candidatos a esa corporación legislativa, pero cuando éstos son elegidos su trabajo en materia de control político, gestión de recursos y reformas legales y reglamentarias se enfoca en sus regiones natales, mas no en la capital del país. No hay, salvo muy contadas excepciones, senadores típicamente bogotanos, en el sentido de la representación activa de los intereses de la ciudad en las esferas del Legislativo y Ejecutivo nacional.

En temas como el situado fiscal, la distribución de regalías, la reparación de víctimas de la violencia, las ayudas humanitarias a desplazados, el  equilibrio entre presupuestos girados a regiones con base en porcentaje de  población con necesidades básicas insatisfechas… la defensa de los intereses de Bogotá fue muy tibia e incluso inexistente. Y eso que, estadísticamente comprobado, la capital del país es la que más desplazados por la violencia recibe año tras año.

¿Acaso para ese trabajo en específico no están los 18 Representantes a la Cámara que elige la capital del país? En teoría sí, pero sería ingenuo desconocer que no sólo en la administración Petro -aunque sí fue más notoria esa falencia en este mandato-, sino en anteriores alcaldías se ha evidenciado un corto-circuito entre la bancada capitalina y la Administración Distrital.

Paradójicamente los parlamentarios sostienen que esa falta de coordinación se debe, en gran parte, a que no hay vasos comunicantes ni correspondencia entre la arquitectura política de la capital del país y el Congreso.

Además, está claro que debido a su Estatuto Orgánico y al régimen autonómico distrital, Bogotá se maneja bajo criterios que no siempre compaginan con los nacionales, como se evidenció recientemente con el programa del gobierno Santos sobre casas gratis para población vulnerable, en donde la terquedad de la Administración Distrital impidió que en la capital del país miles de familias se pudieran beneficiar, como sí ocurrió en otras capitales de departamentos y municipios anexos.

¿Debe reformarse ese Estatuto Orgánico? Para no pocos analistas el problema de la falta de coordinación entre la administración de Bogotá y el Gobierno nacional se debe a que el Decreto 1421 de 1993, que contiene dicho estatuto y es considerado algo así como la “constitución capitalina”, no dejó claros esos senderos obligatorios de comunicación y coordinación entre ambas esferas, de forma tal que la posibilidad de acompasar proyectos y programas queda a la discrecionalidad del alcalde, el presidente, los secretarios o los ministros de turno. Ello, en medio de un país polarizado entre corrientes políticas muy variopintas, termina siendo traumático y nada funcional.

Para traer a colación un choque de enfoques reciente, baste con recordar lo que pasó con la intervención del Distrito en la llamada ‘Calle del Bronx’, uno de los sitios de mayor consumo y venta de estupefacientes en el centro de Bogotá. La Alcaldía privilegiaba un enfoque preventivo y social en esos operativos, e incluso se llegó a hablar de un programa para suministro controlado de alucinógenos ‘blandos’ a los drogadictos, obviamente dentro de un plan de rehabilitación. Por el contrario, desde las esferas del Gobierno nacional y de la misma Fuerza Pública el enfoque que más se remarcó fue el de la necesidad de intervenir con golpes de mano para desarticular los ‘ganchos’ (organizaciones criminales) que preponderaban en ese sector.

 

¿Ciudad-región?

 

Y si de profundizar el diagnóstico se trata, es evidente que otros de los flancos en donde todavía no hay una idea clara del camino a seguir es, precisamente, en el aterrizaje concreto de la ciudad-región.

Los últimos tres gobiernos distritales trabajaron a fondo en este concepto pero, a decir verdad, lo que quedó en evidencia es que la llamada Área Metropolitana entre la capital del país y los municipios circundantes nunca se ha concretado. Es más, en el día a día, en este aspecto parecen más avanzadas Medellín con el Valle de Aburrá o, incluso, el trabajo que se viene adelantando en Bucaramanga y los municipios vecinos.

Es más, el último intento más que enfatizar en la creación del Área Metropolitana, se enfoca en una zona más grande. Se trata de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) Región Central, que busca aglutinar a Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Boyacá. La idea viene construyéndose desde hace más de dos años pero hasta el momento se empieza a surtir el proceso que busca un concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República (COT), y la viabilidad y aprobación del Concejo de Bogotá y las Asambleas Departamentales.

 

En pañales

 

¿Y la ciudad-región? Más allá de las posturas discursivas de los sucesivos alcaldes de Bogotá, los municipios de la Sabana y los gobernadores en la última década y media, lo cierto es que este continúa como un gran pendiente. La ausencia de esa integración es la génesis de problemáticas como las que se presentaron entre el alcalde Petro y los municipios circunvecinos por la venta de agua potable en bloque, o el pulso por el impacto de la instalación de peajes en las entradas y salidas de la ciudad. Es más, la última polémica se dio alrededor de la decisión del Distrito de restringir el ingreso de camiones de carga a la ciudad, lo que generó una protesta de varias municipalidades circunvecinas.

Igual descoordinación entre lo que hace el Distrito y las alcaldías vecinas se hizo evidente en casos como la restricción a la venta  de pólvora pirotécnica o el sistema Pico & Placa, que opera en la ciudad pero no tiene ninguna correspondencia o equivalencia en la región de la Sabana.

Es más, uno de los proyectos de los que más se viene hablando en los últimos tiempos es el del llamado Tren de Cercanías, que busca utilizar para el transporte de pasajeros en la ciudad-región la red férrea que atraviesa tanto a los municipios como a la ciudad. Aunque en el papel se considera como un proyecto viable, que requiere poca inversión frente a lo que implicaría el Metro o más autopistas de entrada y salida de la ciudad, lo cierto es que pese a que está planteado desde hace más de una década, hoy no tiene ni un vagón en funcionamiento.

Pero hay otros temas incluso más complejos. Por ejemplo, la diferencia entre tasas de tributación, costo y uso del suelo o las prioridades urbanísticas, ha llevado a que muchas empresas que tenían sede en Bogotá se hayan trasladado a la Sabana, que tiene cada vez más parques industriales y menos tierras cultivadas, afectándose así la seguridad alimentaria de la región y la capital del país.

 

De dónde se parte

 

En ese orden de ideas, parecería claro que lo primero que se debe hacer en Bogotá es establecer de manera objetiva y fría un diagnóstico de ciudad. Los mismos funcionarios del Distrito reconocen que no en pocos casos las cifras y escenarios sobre los que trabajan difieren metodológicamente de los utilizados a nivel nacional, o se trata de estudios desactualizados.

Es más, la diferencia sustancial entre los Planes de Desarrollo de las últimas cinco administraciones pone de presente que a la ciudad le falta una agenda de largo plazo y que muchos de los mandatos en realidad se enfocan en sus prioridades coyunturales más que en una hoja de ruta estructural y con vocación de permanencia en el tiempo.

Es claro que tras la salida de Petro, Bogotá se apresta a tener en menos de dos meses a un alcalde de transición, que no sólo tendrá escasos 18 meses en el cargo, lo que le impide hacer un diagnóstico profundo de ciudad, sino que, además, está sujeto a cumplir el plan de desarrollo vigente, “La Bogotá Humana”.

Sin embargo, ese periodo de 18 meses bien podría ser utilizado por los gobiernos Distrital y Nacional,  así como por las distintas esferas económicas, sociales, institucionales y, sobre todo, políticas, para aunar esfuerzos en pos de un solo objetivo: diagnosticar a Bogotá. Hacerlo de una manera seria, metodológica, profunda y, sobre todo, aceptada por todos los sectores.

Realizado ese diagnóstico, entonces los que aspiren a ser el alcalde de Bogotá en el periodo 2016-2020 tendrán una plataforma real y actualizada para proyectar sus propuestas de ciudad y campaña, ya no con propuestas efectistas, sino con un programa coherente y estructural.

Si algo quedó claro esta semana es que Bogotá necesita retomar el rumbo. Sin embargo, el primer requisito para ello es, precisamente, saber en dónde se está. Es ahí en donde debe diagnosticarse en qué está la ciudad.