En el juzgado primero civil municipal de Bogotá, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, tomó juramento como alcalde encargado de la capital del país.

"Acabo de tomar posesión. Es un encargo muy honroso que me ha hecho el señor presidente Santos. Entiendo los retos. Es un encargo coyuntural, quiero reiterarlo. Es un encargo que tiene por objeto que la alcaldía tenga una persona para reemplazar una vacancia del alcalde Gustavo Petro", señaló, anotando que "por supuesto, un alcalde encargado no llega con un plan de Gobierno, sino que tiene que cumplir el programa de gobierno que fue el elegido".

“Este encargo no tiene un término de duración, puede durar poco, puede durar semana. Así esté un día en adelante voy e empeñarme a fondo con todo el esfuerzo y la dedicación en cumplir los deberes de alcalde”, explicó Pardo, que ayer sostuvo un empalme con la secretaria general Susana Muhamad y reuniones con el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, y el gerente del sistema Transmilenio, Fernando Sanclemente, para ir conociendo el engranaje de estos temas.

Hoy Pardo sostendrá un consejo de gobierno con los secretarios y un consejo ampliado con los directores de entidades. Para mañana, en horas de la mañana, el mandatario encargado tiene previsto un consejo de seguridad.

"Queremos trabajar en tranquilidad y con armonía y que la única preocupación de toda la Administración de Bogotá sean sus habitantes y la ejecución de los programas. He visto que a la ciudadanía le preocupan temas como la seguridad y la movilidad e iniciaremos con ellos", expresó Pardo.

 

Plan de desarrollo

 

Pardo aseguró que las primeras reuniones adelantadas ayer con los funcionarios de la Administración distrital fueron muy productivas y se establecieron las líneas de acción para dar cumplimiento a los programas del plan de desarrollo Bogotá Humana.

"Aquí hay muy buenos funcionarios que conocen los programas que es lo más importante. Tuvimos una primera reunión de empalme con la Secretaria General, muy productiva se establecieron unas líneas de acción para todo este proceso de transición", indicó el mandatario encargado.

Sostuvo que la segunda reunión que adelantó fue sobre el tema de seguridad donde se va fortalecer el plan 75-100.

"Se miraron los principales delitos el homicidio y el hurto, los estudios que hay sobre georeferenciación del delito, y surgieron unas líneas de acción que vamos a ir desarrollando. Se han identificado 75 barrios que tienen el más alto porcentaje del homicidio y del delito, una serie de calles donde hay la necesidad de las acciones. Hay un plan que se llama 75-100 que viene ya andando para hacer intervenciones integrales en esos barrios. Y también un programa muy importante de cobertura de seguridad de los 31 colegios donde se ha identificado una proliferación de venta de bazuco a la salida de las instituciones", afirmó Pardo.

También señaló que se va trabajar en una serie de intersecciones en las cuales hay un alto nivel de delincuencia, donde este fin de semana se están programando tres planes pilotos.

"Hay una muy clara definición del plan de desarrollo y hemos definido reuniones todos estos días sobre los temas más críticos en función de los programas transversales del plan. Quedo muy satisfecho del nivel de comunicación y de la coordinación y del conocimiento de los programas", manifestó.

 

Un día después

 

Ayer la rutina de Bogotá parecía inalterada tras la salida de Petro, quien en un enérgico discurso ante unos 1.5000 manifestantes llamó el miércoles a una "huelga general" en rechazo a su destitución. La policía no informó sobre incidentes durante ni después de la concentración en favor del alcalde destituido.

Desde La Habana la guerrilla de las Farc deploró la remoción de Petro.

Su destitución "nos plantea además muchas dudas e interrogantes en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación política" de los rebeldes que dejen las armas, dijo a la prensa el jefe negociador de las Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez.

 

Gabinete y terna

 

El gabinete de Petro anunció que se mantendrá en sus funciones hasta el 1 de abril y colaborará con el gobierno central en la transición.

Según la legislación, tras la destitución de Petro el movimiento Progresistas tendría que entregar a Santos una terna de nombres para que el presidente elija al alcalde designado mientras se realizan las elecciones.

Sin embargo, como "el alcalde de Bogotá no tiene partido político (...) no se va a presentar ninguna terna para sucederlo mientras se convocan unas elecciones atípicas", señaló Jorge Rojas, vocero del gabinete saliente.

De no presentarse una terna, Santos nombraría a alguien de ese movimiento político.

Pardo aseguró que cuando el presidente Santos elija a alguien de la terna para que asuma la Alcaldía empezarán a contarse 55 días para llevar a cabo nuevas elecciones.

“Estamos en disposición de promover un empalme con el nuevo equipo de gobierno que surja de las elecciones que se anuncian y actuar en función de defender en interés público, de asegurar nuevos avances en la superación de la segregación social y mantener la hoja de ruta de la adaptación y mitigación del Cambio Climático”, afirmó Rojas, agregando que “los integrantes de este gabinete salimos con la frente en alto, dispuestos a defender este ejercicio democrático de la Bogotá Humana, salimos de manera responsable con la ciudad”.

A pesar de las declaraciones de Rojas, el electo senador Antonio Navarro, de la Alianza Verde, surgida de la integración de Progresistas al Partido Verde, aseguró que no se deben dejar quitar el apoyo popular: "Obviamente en esto hay opiniones distintas. Vamos a conversar. Yo creo que deberíamos presentar terna, debemos presentar candidato y mantener el apoyo público para la alcaldía de la Bogotá Humana".

 

“Espaldarazo a la institucionalidad”

 

El procurador Alejandro Ordóñez dijo que no acoger las medidas cautelares “era lo esperado”, considerando que lo hecho por el presidente Santos “es un espaldarazo a la institucionalidad, es una respuesta clara respecto a la existencia de instrumentos jurídicos en el ordenamiento interno donde los colombianos podemos defender nuestros derechos, garantizar el cumplimiento y la protección de ellos. Pienso que salió fortalecida la institucionalidad y creo que hay una tranquilidad en la sociedad, en el país y en las instituciones”.

“Los organismos internacionales tienen competencias, tienen límites y aquí se presentó un claro desbordamiento de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tal razón pienso que el presidente actuó prontamente y en cumplimiento de deberes constitucionales y legales”, le dijo a Caracol Radio.

 

Reunión con CIDH

 

Al término de una reunión entre el vicepresidente Angelino Garzón y el Santos, aquel aseguró que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un socio muy importante de Colombia, por lo que se deben evitar las fisuras de las relaciones.

“Lo más importante ahora es que podamos contribuir a que haya una reunión, ojalá en Colombia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el señor presidente de la República. Creo que esa reunión es urgente para encontrar un camino de fortalecimiento de las relaciones del Sistema Interamericano con el Gobierno nacional. Personalmente  le recomendé encontrar todos los mecanismos para lo cual yo estoy dispuesto a colaborar, para normalizar las relaciones y la política de derechos humanos en Colombia”.

 

Unidad

 

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, instó al Distrito y a la ciudadanía de la capital, a respetar la institucionalidad y trabajar por la unidad de la ciudad.

"Bogotá es de todos los colombianos y por ello el Gobierno Nacional hace un llamado para que juntos trabajemos por la ciudad y por superar tres de sus grandes retos: mejorar la seguridad, la movilidad y la situación de Transmilenio", indicó Iragorri.

 

 

Elecciones atípicas

 

Una vez el presidente de la República expida el decreto para convocar a elección atípica y decidir quién será el nuevo alcalde mayor de Bogotá, la Registraduría cuenta con un plazo de 55 días para realizar la logística que permita adelantar dichos comicios en la capital del país.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1475 de 2011, artículo 29, “en caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el presidente de la República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato”.

El presidente de la República definirá mediante decreto la fecha de la elección y la Registraduría procederá a elaborar el calendario electoral para elegir el nuevo mandatario.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que las posibles elecciones atípicas a la Alcaldía de Bogotá pueden tener un costo de 35.000 millones de pesos, un valor similar al del referendo revocatorio.

"Ya sabíamos que el referendo revocatorio costaba 35.000 millones de pesos. De manera que ese es el referente. Ese es el costo del referendo. Esperemos que las elecciones atípicas sean de ese orden. El Ministerio de Hacienda le transfirió a la Registraduría 35.000 millones de pesos. Nosotros le hemos dado la instrucción al registrador de congelar esos recursos", dijo.

 

 

Cancelan formalmente la revocatoria

 

La Registraduría Distrital expidió la resolución por la cual se da por terminado el proceso de revocatoria de mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que estaba programada para el 6 de abril.

Ante la Resolución 0340 del 20 de marzo de 2014, expedida por los Registradores Distritales no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal y de lo Contencioso Administrativo que dice: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general ni contra los de trámite, preparatorios o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.

La Entidad reiteró que no ejecutó los recursos destinados por el Gobierno Nacional para efectuar la revocatoria, que ascendían a 35.000 millones de pesos.