Una institución del Banco Mundial allanó el camino para que la tabacalera Philip Morris continúe su litigio contra Uruguay por algunas de las medidas antitabaco que implementa el país, una decisión que la multinacional festejó y que el gobierno uruguayo no consideró una batalla perdida.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial (BM) que busca la solución de disputas entre gobiernos y entidades de otros Estados, aceptó tener jurisdicción en el litigio de la compañía contra Uruguay, y decidió que la demanda presentada en 2010 -que tuvo su primera audiencia en febrero pasado en París- continúe ahora con cuestiones de fondo.
Esto no significa "perder" una batalla, es apenas una fase de "precalentamiento" en el caso, señaló el prosecretario de la Presidencia uruguaya, Diego Cánepa, al portal digital del diario El Observador.
Cánepa adelantó que en las próximas horas se reunirá en Estados Unidos con los abogados que llevan adelante la defensa de Uruguay para definir los próximos pasos a seguir.
Por su parte, Philip Morris International (PMI) dijo en un comunicado que "celebra" la decisión del CIADI "de oír la reclamación" y advirtió que el rechazo a las objeciones de Uruguay respecto a la jurisdicción "ha despejado el camino para que PMI demuestre que estas dos regulaciones (por las que se instauró la demanda) son arbitrarias e innecesarias y violan los compromisos internacionales del país".
Las dos medidas antitabaco tomadas por Uruguay por las que protestó PMI son por un lado, la prohibición de comercializar más de una variedad de cada marca de cigarrillos, y por otro, el aumento de hasta el 80% de la superficie de la cajilla de cigarrillos de la advertencia sobre daños potenciales del hábito de fumar.
PMI asegura que Uruguay viola "múltiples provisiones del Tratado Bilateral de Inversión (BIT) que Uruguay mantiene con Suiza", país donde la tabacalera tiene su sede.
"Esta decisión hace que Uruguay asuma su responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales, responsabilidad que intentó evadir en las cortes locales y ante este Tribunal" (el CIADI), comentó la vocera de PMI, Julie Soderlund, en el comunicado.
"Estas medidas injustificables restringen que los negocios legítimos vendan sus productos y usen sus marcas registradas, al mismo tiempo que aumentan los incentivos para el mercado negro de cigarrillos, el cual representa hoy un cuarto de todos los productos de tabaco consumidos en el país", agregó.
Un largo camino
El proceso que a partir de la decisión del CIADI podrá seguir adelante, tendrá su próxima audiencia a finales de 2014 o principios de 2015. La decisión final del caso se espera para dentro de dos a tres años.
Uruguay se transformó el 1 de marzo de 2006 en el primer país de América Latina y el quinto del mundo en prohibir fumar en espacios públicos cerrados, primer paso de una estricta política antitabaco liderada por el gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010), oncólogo de profesión.
Debido al rechazo a dos de las medidas tomadas por el gobierno del país sudamericano, PMI presentó una demanda internacional y una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay, máximo tribunal del país.
Pero ese organismo desestimó el caso en noviembre de 2010.
En 2011, PMI anunció el cierre de su planta en Uruguay y trasladó su producción a la vecina Argentina.
Durante todo el proceso, Uruguay ha recibido un amplio respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Y de distintas ONG internacionales.
Lejos de limitar las medidas antitabaco, el gobierno uruguayo envió recientemente al Congreso un proyecto de ley que prohíbe totalmente la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.
En mayo, la ministra de Salud Pública uruguaya, Susana Muñiz, informó que en los últimos cinco años el consumo de tabaco se redujo un 10% aproximadamente. Un 20% de la población de Uruguay es fumadora, estimó.