La creación de una unidad especial de Fiscalía y Policía Judicial para investigar la oleada de crímenes de niños y niñas que se ha presentado en Colombia en las últimas semanas, propuso ayer el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al fiscal General, Eduardo Montealegre.

Igualmente, Otálora Gómez convocó al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, a que en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas para la infancia, de conformidad a lo establecido en la Ley 1098, les solicite a los alcaldes y gobernadores incluir como una de sus prioridades de política la protección del derecho a la vida e integridad de los menores de 18 años.

El Defensor del Pueblo dijo que el Estado colombiano cuenta con instrumentos para diseñar políticas de prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece de forma precisa las responsabilidades que deben asumir las entidades de los ámbitos local y nacional, para prevenir y erradicar la violencia contra los menores.

La difícil situación de los niños, niñas y jóvenes en Colombia coincide con la celebración, por primera vez, del Día Internacional de la Niña a través del cual la ONU busca promover sus derechos y llamar la atención sobre la situación de millones de niñas y adolescentes en América Latina, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza extrema y las que están expuestas a violencia y discriminación.