Una iniciativa que está en pleno debate en el Congreso, buscará blindar al Estado y al ente de control respectivo ante las exigencias de la telefonía móvil, de acuerdo a lo establecido por algunos parlamentarios.
El proyecto busca, asimismo, que las llamadas de los distintos operadores se cobren y contabilicen por segundos y no por minutos como se hace actualmente.
Precisamente el Legislativo empezó la discusión del articulado ayer cuando se adelantaba la votación en primer debate, y que incluye la entrega de instrumentos al Estado “para que garantice la competencia y el acceso democrático al espectro y que la competencia brinde servicio con calidad y tarifas bajas”, tal como lo explicó en diálogo exclusivo con EL NUEVO SIGLO el coordinador ponente y presidente de la Comisión Sexta del Senado, Eugenio Prieto.
Opinión similar fue la del también senador Carlos Baena para quien en la ley queda claro que el Estado se blindará ante el aumento de precios.
La disposición queda así: “los usuarios de telefonía móvil pagarán por el número de segundos de duración de su llamada y en consecuencia, la duración de esta llamada no se podrá cobrar redondeándola al minuto o cualquier otra unidad de tiempo”.
Entonces, “las compañías, especialmente las que tienen un mayor número de suscriptores y que no están obligadas por su condición monopólica, lo hagan”, comentó Baena.
Cambios
Algunas de las más recientes modificaciones que se le hicieron al texto es que se establece un fortalecimiento al ente regulador, es decir, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
“Podrá tomar medidas automáticas cuando se presentan casos como concentración o abuso de posición dominante y tener más capacidad en regulación especial cuando haya problemas de calidad, pues el país debe entender que un regulador débil es un usuario débil”, señaló Prieto.
Se modificarían las sanciones hoy establecidas que aplican para las faltas, por parte de los operadores, a la calidad, prestación del servicio o a las normas sobre la competencia.
“Actualmente esas sanciones son irrisorias y la máxima va en 2 mil salarios mínimos que equivalen como a mil millones de pesos”, añadió el presidente de la Comisión al aclarar que cuando el operador hace el análisis de costo-beneficio para invertir en infraestructura o pagar una sanción, “determina pagar la sanción porque solo representa el 0,1% de sus ingresos”.
De allí que una de las propuestas es que dichas sanciones asciendan hasta el 10% de los ingresos operacionales dependiendo de la gravedad del caso.
En lo referente a la terminación del contrato, el proyecto establece que los usuarios tendrán derecho a dar por terminado sus contratos de suscripción de servicios de telefonía y datos móviles “cuando reiteradamente su proveedor haya incumplido las metas mínimas de calidad de servicio fijadas en la regulación”.
“Es decir que se comienzan a dar las posibilidades para que la Comisión Reguladora de Comunicaciones reglamente las condiciones específicas bajo las cuales se aplicará esta medida”, indicó Baena.
Además, el proveedor no podrá cobrar a los usuarios la penalización por la terminación de contratos, en los cuales no haya transcurrido el plazo fijado en cláusulas de permanencia.
La venta de aparatos también está estipulada pues “se prohíbe la distribución exclusiva por parte de un proveedor de cualquier modelo, dispositivo o terminal móvil asociado directamente al acceso de servicios de voz y datos móviles. Eso da flexibilidad al comercio y que el precio de los aparatos distribuya, pues de ese tema también se está abusando”, dice uno de los apartes del texto.
Las caídas de las llamadas serán reglamentadas así: “La Comisión Reguladora prohibirá la conexión de nuevos usuarios a la redes de proveedores que, de manera reiterada, estén incumpliendo las metas mínimas de calidad en el servicio”.
Esto “porque el problema es que las empresas dicen que no nos dan garantías para instalar más antenas por espacios porque las normas de POT no se lo permiten, y puede que tengan razón, pero se debe regular”, explicó el senador Baena.