Al admitir que los cambios siempre pueden inquietar, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón dijo que con las modificaciones a la justicia castrense “estamos dando pasos seguros y tranquilos”.

En la aprobación de la reglamentación del fuero militar, ayer en la plenaria de la Cámara, el show se lo llevó el blanco legítimo.

De acuerdo con lo aprobado, mientras en el artículo 5 se prevé que “los miembros de la Fuerza Pública deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y blancos legítimos”, en el 38 se determina que “ninguna acción, operación militar u orden de servicio policial que cause daños a blancos legítimos u objetivos militares” conllevará “responsabilidad penal para quienes la planeen o la ordenen”, así como “para quienes la ejecuten”, aunque “la conducta no se haya ajustado a la orden de operaciones” ni aunque “ocurran daños colaterales o incidentales a bienes o personas civiles”; y en el 10 se define que “se entiende por blanco legítimo la o las personas que forman parte de los grupos armados que cumplan una función directamente relacionada con las actividades hostiles del mismo”.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que conceptos como el del blanco legítimo “están en el protocolo de Ginebra. Es allí donde se define el blanco. Eso lo que hace es que las Fuerzas Armadas no puedan emplear la fuerza con cierta discreción, que tienen que evaluar si una organización atacada es un grupo con las condiciones establecidas en  el marco de las hostilidades que definen un marco legítimo”.

Para el representante por Bogotá, Alfonso Prada, copresidente vocero del Partido Verde, el blanco legítimo es la persona que hace parte de un grupo armado ilegal, que tiene jerarquía, organización, que además “atenta” contra la Fuerza Pública y “busca su aniquilamiento”.

Sin embargo, para algunos congresistas la redacción abre la posibilidad para atacar personas que estén realizando actividades directamente relacionadas con las hostilidades sin que necesariamente estén en el campo de batalla.

“Se trata de un criterio que está orientado por parte del Estado a tener un recurso para poder atacar a los milicianos. El objetivo final es ese porque los milicianos no tienen el fusil en la mano, pero están haciendo una actividad relacionada directamente con la hostilidad”, explicó el representante por el Cauca John Jairo Cárdenas, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

“Si usted está en el contexto de derechos humanos, la obligación suya como autoridad es proceder, decirle ‘alto, ríndase, entréguese’ y capturarlo y juzgarlo. Pero si usted define que es blanco legítimo lo puede atacar sin que medie ninguna consideración”, consideró el congresista.

Debate

Pinzón resaltó que “esta no es un buena noticia para las Fuerzas Militares, sino para todos los colombianos, que es a quienes los beneficia”.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, junto al ministro Pinzón, agradecieron al Congreso la aprobación del proyecto.

Prada destacó que por primera vez en Colombia se ha hecho claridad las reglas de juego que incorporan el Derecho Internacional Humanitario al Derecho colombiano, “armando un solo estatuto normativo que le permitirá a los militares qué hacer y qué no hacer”.

Pero para el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, la ley estatutaria aprobada contiene los mismos errores con los que se inició, que fueron criticados por las Naciones Unidas. “No hicieron nada para mejorar la reforma al fuero militar”, anotó.

Navas declaró que “hay varias demandas pendientes” y que “si nosotros demandamos la reforma constitucional, también demandaremos esta”.

Para la también representante por Bogotá, Ángela Robledo, del Partido Verde tuiteó que “será urgente que la Corte se pronuncie frente dos demandas que interpusimos frente a acto legislativo que amplio fuero militar”.

El representante tolimense Alfredo Bocanegra, vocero del Partido Conservador en la Cámara, indicó que el proyecto trata temas tan sensibles que van desde los derechos de la fuerza pública, hasta el debido proceso la guarda de los derechos humanos