Pocas veces en las contiendas electorales colombianas por la Primera Magistratura se había presentado una lid tan decisiva como la actual. Y no porque la campaña haya sido ejemplificante en ningún caso, ni en la oratoria, ni en las grandes manifestaciones, ni en la publicidad y mucho menos en su estilo, sino porque el país parecería estar buscando una definición clara y concreta de las corrientes políticas, estaría igualmente dibujando el futuro día a día y se estaría generando un espacio en el que podría ser más efectivo el núcleo de la figura gobierno-oposición.
Es cierto que, pese a que muchos expertos lo desestimaban, el epicentro ha sido la guerra y la paz. Eso que sonaría un tanto exagerado no lo es en la medida en que Colombia lleva debatiéndose en lo mismo durante décadas, sin una resolución final. De hecho, el Frente Nacional, pactado entre los dos partidos políticos, Conservador y Liberal, a la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y en el que se alternó el poder durante 16 años, provino del tratado de paz que se refrendó en el plebiscito de 1957. Luego, prácticamente desde las elecciones de 1982 el tema de la guerra y la paz ha sido fundamental en la definición de la primera magistratura.
Entonces, ciertamente, cuando el candidato Alfonso López Michelsen afirmó que “la paz es liberal” en las últimas semanas de las elecciones, Betancur ripostó de inmediato con “la paz es nacional”. Esa sola diferencia, volcada después en las vallas publicitarias, permitió el triunfo de Betancur, desenvolviendo por primera vez hacia adelante la eventualidad de una salida política negociada con las guerrillas, cuando un asunto de semejante magnitud no estaba en la mente de nadie.
Cuatro años después, en la disputa entre Álvaro Gómez y Virgilio Barco, las imágenes horrendas de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 gravitaron sobre el electorado y los debates liberales contra Betancur, encabezados entonces por el bisoño representante a la Cámara, César Gaviria, por no haber dialogado en medio de la turbamulta y la barbarie, hicieron lo propio para que Barco hablara del fracaso del proceso de paz y mostrara desaprehensión por la tregua firmada con las Farc meses antes.
Al ganar Barco, no obstante mantuvo la tregua que dijo se rompería departamento por departamento en caso de ataque subversivo. Así ocurrió en una emboscada contra militares del batallón Cazadores, cerca de San Vicente del Caguán, y paulatinamente el cese al fuego pactado se fue desvaneciendo.
Entretanto, en su gobierno los miembros de la denominada Unión Patriótica, partido político fundado para la desmovilización de las Farc, en conexión con grupos de sindicatos y profesores, fue diezmado, desde sus más altos representantes, como con el asesinato de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y al menos tres mil integrantes de la colectividad. Ya para ese momento era un hecho la combinación de fuerza de ultraderecha con el narcotráfico para conseguir corredores estratégicos ante los que comenzó a usar las Farc, especialmente con los frentes fundados en los Llanos Orientales, organizados con el propósito de proteger los cultivos ilícitos. La lucha inicial, sin embargo, se había dado en Puerto Boyacá y luego en el Yarí y el Caguán. Tales fuerzas, inclusive, fueron denunciadas por primera vez por el procurador del gobierno de Betancur, Carlos Jiménez Gómez, en torno al llamado “MAS”, grupo conformado contra el secuestro de Marta Nieves Ochoa.
Constituyente: tratado de paz
Sucedido Barco por su exministro de Hacienda y Gobierno, César Gaviria, tras el asesinato de Luis Carlos Galán por parte de Pablo Escobar, el tema central consistía en la posibilidad de citar una asamblea nacional constituyente, prohibida en la Carta Magna colombiana, puesto que la reforma de la Constitución estaba autorizada única y exclusivamente al Congreso. Estas circunstancias habían devenido de que Barco había propuesto un plebiscito a los efectos, pero en las elecciones presidenciales de 1990 la idea había derivado en esa constituyente.
Esto fue así, precisamente, porque a mediados del gobierno de Barco fue secuestrado Álvaro Gómez Hurtado por el M-19, consiguiéndose su liberación extragubernamental sobre la base de abrir un gran diálogo nacional, a fin de aproximarse a la paz. Posterior a la liberación de Gómez, el gobierno entró en tratativas con esa guerrilla, que terminó desmovilizándose y se mantuvo en la paz pese al asesinato de su candidato presidencial, Carlos Pizarro.
En medio de la justa electoral de ese año, se cambió la idea del plebiscito por la de convocar una Asamblea Constituyente, respaldada por los demás candidatos, luego de admitirse también el conteo de una séptima papeleta en ese propósito y que por igual se constituía en un mandato por la paz. Triunfante Gaviria, generó una coalición gubernamental con base en la convocatoria de la Constituyente. Emitió un decreto con base en el estado de sitio y se estaba pendiente de si la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Constitucional, así lo admitiría, entendiendo desde luego que la dicha convocatoria no tenía asidero legal diferente al del controvertido estado de excepción, establecido únicamente para conjurar el desorden público.
La Corte Suprema, infligiendo lo que algunos llamaron un autogolpe de Estado, aceptó por un estrechísimo margen la convocatoria y se afincó para ella en la doctrina del pensador italiano Norberto Bobbio, según la cual una Constitución Política, en su sentido más profundo, consiste en un Tratado de Paz entre los asociados de un territorio dado. Es decir, que la propia Corte Suprema permitió la Constituyente siempre y cuando ella significara un tratado de paz y, por lo tanto, el término de la subversión y del narcoterrorismo.
En tal sentido, el Gobierno abrió canales secretos con lo que entonces se llamada la Coordinadora guerrillera, integrada por las Farc, el Eln y la disidencia del Epl, que se mostró dispuesta a participar en el evento, pero con un cupo extremadamente alto de sus integrantes. De hecho, si bien la Constituyente habría de ser convocada con un cupo de 70 delegados, la Coordinadora pedía unos treinta más para ella. Las conversaciones se adelantaban muy cerca de las elecciones para la Constituyente e incluso el mismo día en que se hicieron, 9 de diciembre de 1990, la Fuerza Pública se tomó los cuarteles centrales de las Farc, en La Uribe y el Embo, zona a su vez que parecía despejada militarmente desde décadas atrás. Todo ello reabrió las hostilidades, pero aún así el emitirse el reglamento de la Asamblea se dejó un artículo especial para la intervención guerrillera, que tampoco condujo a nada. Al contra-replicar las Farc la toma de La Uribe y el Embo, el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, los calificó de “perros rabiosos” por el inusitado y generalizado ataque a las torres de energía eléctrica en la Costa Atlántica, que la dejó sin luz. La Constituyente, pues, quedó más bien entrampada en lo que sucedía en el otro flanco, el del narcoterrorismo, de suyo prohibiéndose la extradición.
Finalmente, hacia el término de los seis meses de Constituyente se volvió a intentar el tema, en principio con las conversaciones en Cravo Norte, con un delegado de las Farc, Daniel Aldana, y de allí se abrió camino el proceso de Caracas, pasado luego a Tlaxcala (México), que fracasó a mediados del gobierno Gaviria, tras el asesinato, de parte de una columna del Epl, del exministro Argelino Durán Quintero a quien habían secuestrado. Aún así, en esas conversaciones, se habló de la posibilidad de un cese al fuego bilateral y verificable, para lo cual el Gobierno ofreció lo que desde entonces se conoció como zona de distensión, que consistía en un territorio de 30 kilómetros cuadrados donde situar la tropa guerrillera en el cese al fuego. La administración Gaviria, en efecto, habló de 40 de esas pequeñas zonas entre dos municipios apartados, pero la Coordinadora guerrillera pidió 96, lo que en realidad dio al traste con el proceso. No obstante, al final de su mandato Gaviria insistió en que era el momento de retornar al tema de la paz, culminada de alguna manera la guerra con el cartel de Medellín, bien por vía de la judicialización, bien por la vía militar.
Pico bélico y proceso
Vino entonces la contienda entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, quien en esa época propuso elevar las conversaciones de paz al máximo nivel posible, entre el jefe de Estado y el comandante de las guerrillas, en tal caso Manuel Marulanda Vélez. Producido al mismo tiempo el escándalo por los dineros de la mafia en la campaña de Samper, el flanco de la paz con la guerrilla perdió fuerza por completo y, en medio de los escándalos que acompañaron ese gobierno, las guerrillas, especialmente las Farc, arreciaron militarmente, hasta las debacles de Puerres, San Juanito, el Billar, Miraflores, Las Delicias y Patascoy, entre otros, matanzas y capturas de policías y soldados que significaron el cambio de estrategia subversiva de la guerra de guerrillas a la de movimientos y territorial. En ese momento crítico para las Fuerzas Armadas la guerrilla sólo aceptó conversar si despejaban militarmente el municipio de La Uribe, añadiendo luego otros tres, lo que fue negado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya.
En las elecciones posteriores entre Andrés Pastrana y Horacio Serpa el tema de la guerra y la paz fue definitivo, hasta el punto de que cerca de las elecciones para segunda vuelta una delegación de la campaña pastranista obtuvo reunirse con Manuel Marulanda y firmar el compromiso de adelantar un proceso de paz en caso de ser elegido. Al ganar Pastrana, tras despejar los municipios de San Vicente del Caguán, Vistahermosa, La Uribe, La Macarena y Mesetas, se dio inicio al proceso de paz que terminaría cuatro años después luego del secuestro del avión en que iba el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, y en el que las Farc arreciaron los actos terroristas a fin de conseguir un cese al fuego bilateral favorable a sus pretensiones, que nunca se firmó, en tanto el Gobierno logró sacar avante el denominado Plan Colombia que, con ayuda de Estados Unidos, permitió la modificación estructural y operativa de la Fuerza Pública.
Cambio de tercio
En todo caso, el proceso del Caguán despertó una gran polémica que impactó el proceso electoral, al romperse en medio de la campaña presidencial y el país terminó por elegir en primera vuelta a Álvaro Uribe Vélez, en un tiempo relámpago. Desde el momento de su victoria, éste optó por una estrategia en dos flancos: abrir un proceso de desactivación y justicia transicional con los grupos paramilitares, que venían en auge, y de otro, enfrentar militar y políticamente a las guerrillas, especialmente a las Farc, que consideraba fortalecidas en el proceso del Caguán. En ello, duró ocho años, bajando considerablemente los índices de secuestro y usando el Plan Colombia para replegar a las Farc hacia la periferia, diezmando sus contingentes a la mitad, unos 8.000 hombres-arma. En el otro flanco, adelantó el polémico proceso con los paramilitares, cuyos jefes en su gran mayoría terminaron extraditados a los Estados Unidos, de alguna manera dejando en vilo el mecanismo de justicia y reparación, pero destapándose las hondas raíces que tenían con algunos estamentos políticos, ganaderos, empresariales y castrenses.
Inclusive, las tensiones de la guerra y la paz y las situaciones intermedias como los acuerdos humanitarios, fueron los elementos políticos protagonistas que llevaron a que el país instaurara la reelección presidencial inmediata.
En todo caso, el segundo mandato de Uribe también se jugó bajo la misma tesis, con énfasis en la salida militar frente a la guerrilla y la intención de darle salida jurídica para la desactivación de los paramilitares, no obstante desdoblándose, en buena parte, en lo que desde entonces se llaman las “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim). Durante la época el énfasis en lo militar permitió, por ejemplo, que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, diera de baja en el Ecuador a uno de los máximos jefes de las Farc, alias Raúl Reyes.
A partir de ese momento comenzó a concretarse la denominada “Seguridad Democrática” con algunas bajas adicionales asestadas a la subversión e igualmente el rescate de la excandidata Ingrid Betancourt, varios militares y los tres contratistas norteamericanos, en el marco de la denominada “Operación Jaque”.
Esto permitió que el entonces ministro Santos se pusiera de primero en la fila de sucesión de Álvaro Uribe luego de que Noemí Sanín derrotara a Andrés Felipe Arias en la consulta conservada y de que, asimismo, la Corte Constitucional prohibiera definitivamente una nueva reelección de Uribe, a la que aspiró hasta último momento.
La apuesta de la paz
Al momento de elegirse Santos no parecía estar en juego la alternativa de una salida política negociada frente a la guerrilla, aún así desde el día mismo de su posesión dejó entrever que la puerta de la paz no estaba cerrada y que las llaves del diálogo las tenía en su mano. Buscando la salida militar transcurrió la primera parte de su gobierno pero paulatinamente crecían los rumores sobre diálogos secretos con las guerrillas.
De hecho, mientras se mantenían contactos confidenciales con Alfonso Cano, número uno de las Farc, éste fue dado de baja en uno de los operativos del Ejército, autorizado por Santos. Incluso, el jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, ya había sido abatido a los pocos meses de que Santos asumiera. El mismo expresidente Álvaro Uribe, quien paulatinamente se fue pasando a la oposición a Santos, cada vez más acerbamente, denunció las conversaciones secretas y éstas debieron hacerse públicas. De antemano, no obstante, el Presidente venía allanando el camino de la paz con propuestas audaces como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, lo que implicó una jurisdicción especial y la inmediata resistencia de sectores reaccionarios que comenzaron a eliminar los abogados y líderes de los reclamantes.
De este modo, se abrió el proceso de paz de La Habana bajo el marco general del fin del conflicto, firmado por ambas partes, y de ahí hasta hoy se han suscrito tres de los cinco acápites del acuerdo, siempre con la oposición del expresidente Uribe, quien fundó un partido para ello y se presentó al Senado obteniendo el 20 por ciento de la corporación, bastante más bajo que los pronósticos iniciales. Precisamente, en esa idea, lanzó a su exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, para enfrentarlo a Santos, dejando en el camino finalmente a los candidatos de otros partidos, cuando se consideró que su aspiración se había desinflado. No obstante, alcanzó a ganar en la primera vuelta y hoy, de nuevo en medio del debate sobre la guerra y la paz, en general se registra un empate técnico en las encuestas.
Pero en esta ocasión una de las grandes diferencias de los últimos 32 años, las coaliciones hacia la segunda vuelta han tenido un marcado acento en torno a quienes se han alineado a favor de una salida política negociada, vistos los avances del proceso de paz de La Habana, y los que por el contrario quieren un sometimiento a la justicia por parte de la guerrilla, sin ningún contenido político.
La división de criterios nació un poco antes de que iniciara el proceso de paz de La Habana, cuando dentro del capítulo de la ley de Tierras se incorporó el concepto de “conflicto armado interno” que había sido borrado durante las administraciones de Uribe Vélez a cambio del de “agresión terrorista”. Las implicaciones, no solo jurídicas sino también políticas e históricas, saltan a la vista, tanto en cuanto lo primero supone una negociación y lo otro una capitulación. A partir de ello, se han alinderado dos coaliciones de mucho mayor envergadura a las inicialmente planteadas, especialmente la de Santos. Si bien Zuluaga venía en ascenso justo en la primera vuelta, se dio la coalición con el sector de parlamentarios conservadores, liderado por la excandidata Marta Lucía Ramírez, que tuvo un buen desempeño. Entretanto, Santos, que había oscilado en las encuestas entre el 23 y 29 por ciento, obtuvo casi un 26% en la primera vuelta. De inmediato la gran mayoría de integrantes del Partido Verde y el Polo Democrático, que en cabeza de Clara López también había tenido un buen desempeño, en la misma proporción de Ramírez, se alinderaron con Santos en torno del proceso de paz, sin implicar ningún pacto burocrático. Adicionalmente los parlamentarios conservadores con Santos se hicieron parte integral de la coalición, manteniéndose en una proporción importante al lado de la paz, a lo que siguió la adhesión del expresidente conservador, Belisario Betancur.
Ello, faltando ocho días para las elecciones, ha determinado que de las últimas cinco encuestas, Santos gane en tres, empate en una y pierda con Zuluaga en otra, superando con creces su desempeño en primera vuelta.
De este modo, de lo que se está jugando en el país después de tantos años de guerra e intentos fallidos de paz integral, depende el futuro colombiano. Y también que se configuren dos corrientes políticas completamente claras en la Nación.