El ex primer ministro y magnate de las comunicaciones Silvio Berlusconi, quien perdió el miércoles la inmunidad parlamentaria tras su expulsión del senado, corre el riesgo de ser sometido a otro juicio esta vez por el soborno de testigos en el caso Ruby.

Berlusconi, que fue condenado en primera instancia por prostitución de la menor marroquí Ruby y abuso de poder a siete años de cárcel, sobornó a las chicas que fueron convocadas como testigos para que cambiaran su versión de los hechos, según escribieron los jueces de Milán (norte de Italia) en las motivaciones de una sentencia paralela contra tres colaboradores del magnate, publicada este viernes por la prensa italiana.

En ese proceso los jueces condenaron en julio a penas de cinco y siete años de cárcel a tres personas del entorno del entonces primer ministro por haberle procurado jóvenes prostitutas, entre ellas a la menor Ruby.

Con la publicación de las motivaciones, los magistrados del Tribunal Penal de Milán anuncian que ante lo que consideran un delito de "manipulación de pruebas" y "corrupción de actos judiciales", la fiscalía debería decidir la apertura de una investigación judicial contra Berlusconi.

La justicia sospecha que Il Cavaliere, de 77 años, junto con sus abogados Niccolo Ghedini y Piero Longo, pagaron a las bellas jóvenes para que testimoniaran a favor del magnate.

Desde que estalló hace tres años el escándalo por las controvertidas fiestas del "bunga bunga", Il Cavaliere ha consignado 2.500 euros mensuales a las chicas que participaban en sus veladas por los daños "morales" causados debido a la investigación judicial y por la publicación de sus nombres en la prensa, según los abogados del magnate.

Las jóvenes, entre ellas varias latinoamericanas, las cuales fueron convocadas como testigos en los dos procesos, negaron ser prostitutas y "declararon siempre las mismas cosas y utilizaban un lenguaje que no correspondía a su nivel cultural", recalcaron los jueces.

Para Berlusconi se trataba sólo de elegantes fiestas para amenizar sus agotadoras jornadas como primer ministro.

El pago de 2.500 euros para un testigo convocado en un juicio en el que se está involucrado "es un acto ilegal, una manipulación de las pruebas", recalcaron los jueces.

El tribunal, que analizará el caso, deberá abrir antes de Navidad una investigación oficial contra Berlusconi y los abogados.

Se trata de otro lío judicial para el magnate, quien desde el jueves puede ser detenido, su teléfono interceptado y ser blanco de pesquisas por orden de los magistrados sin que el parlamento deba autorizarlo.

Según el diario La Repubblica, el miedo a una detención por los otros líos judiciales que tiene pendientes atenaza al magnate desde hace varias semanas.

El empresario no corre el riesgo de terminar en la cárcel por razones de edad, pero sí de cumplir la pena bajo detención domiciliaria, una humillación para uno de los hombres más ricos de Europa, líder de la derecha italiana desde hace 20 años.