La edad mínima para reclutar combatientes, la interpretación de la historia de la guerra, la polarización santista-uribista, una Marcha por la Vida bajo la lupa y la persistencia de la crisis humanitaria, las controversias de los últimos días

“… Quien quiera vivir en paz, que esté preparado para pelear”. Ese es uno de los refranes populares que más se suele traer a colación para ejemplificar que no hay nada que genere más batallas, desde las bélicas, políticas y económicas, pasando incluso por las sociales, que la búsqueda de la paz. La semana que hoy termina es fiel prueba de ello, ya que el proceso para una salida negociada al conflicto en Colombia estuvo, literalmente, batallando a diario.

Una confrontación que se dio en cinco flancos específicos. El primer escenario se abrió en la misma Mesa de Negociación en La Habana, en donde si bien es cierto que el cierre del ciclo 32 de las tratativas se hizo con el anuncio de la guerrilla de que no volverá a reclutar menores de 17 años, también es claro que en modo alguno esa decisión podía recibir un aplauso generalizado del Gobierno y el país, no sólo porque la exigencia a la subversión es que no enrole a sus filas a jóvenes por debajo de los 18 años, tal como lo especifica el DIH, sino que además excluya de sus frentes a los combatientes por debajo de ese rango de edad. Según las Farc, en su “reglamento interno” antes se podía reclutar desde los 15 años, lo que significa que subieron en dos años ese tope mínimo, lo que es abiertamente insuficiente para el Estado.

Si bien el anuncio de la guerrilla se dio en el marco de las negociaciones en torno a las medidas para desescalar el conflicto, es claro que la subversión también aprovechó que esta semana se celebró en todo el mundo el Día Internacional Contra la Utilización de Menores en Conflictos Armados.

Sin embargo, lo que no se puede desconocer es que disminuir la práctica de reclutamiento forzado (aunque la Fuerza Pública denunció que las Farc siguen enrolando forzadamente a menores de edad) es un paso positivo de la guerrilla para darle más piso a un proceso que está bajo la lupa, y que se suma al ya adoptado en diciembre pasado respecto a declarar un cese el fuego y de hostilidades unilateral e indefinido.

Pulso por la historia

El segundo flanco en el que el proceso de paz ‘batalló’ esta semana se refiere a la controversia que se creó tanto en La Habana como en Colombia alrededor del informe que la llamada “Comisión histórica del Conflicto y sus Víctimas” presentó a la Mesa de Negociación.

Como se sabe, a doce expertos se les encargó la redacción de igual número de ensayos sobre los orígenes y la complejidad del conflicto así como “de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”.

En los doce informes hay una profundización sobre la complejidad de la guerra en nuestro país, pues se abordan sus dimensiones militares, políticas y culturales, los orígenes de la guerrilla, una radiografía de la exclusión social y económica de muchos sectores poblacionales, así como la forma en que la tierra ha estado como telón de fondo de las confrontaciones armadas. Igual se ahondó sobre la evolución del accionar subversivo, la degradación de la guerra, las tácticas contrainsurgentes, el papel de Estados Unidos y muchos otros temas que, al final, fueron condensados en dos relatorías bajo los nombres de “Una lectura múltiple y pluralista de la historia” y “Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera  y orden social vigente”.

Si bien este fue un ejercicio más académico e histórico, que no tiene efecto político ni judicial, como tampoco desplaza a una futura Comisión de la Verdad, lo cierto es que generó una controversia, pues no pocos sectores advirtieron que las Farc no pueden utilizar dichas conclusiones o interpretarlas a su acomodo para tratar de justificar o legitimar su accionar terrorista, la violación de los derechos humanos y las miles de muertes y heridos, así como de dolor y destrucción que han causado a lo largo de cinco décadas.

En otras palabras, que la guerrilla no vaya, por virtud de la profundización en los orígenes sociales, políticos y económicos del conflicto, a querer pasar de victimaria a víctima o, peor aún, poner al Estado y a la sociedad en el mismo plano de culpabilidad que la insurgencia.

Tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como el procurador Alejandro Ordóñez, fueron claros en advertir los riesgos de la reinterpretación subjetiva de la historia del conflicto armado.

 Polarización sin reversa

Pero si en La Habana se generó más de una polémica alrededor de lo que pasó en la Mesa, en Colombia la situación no estuvo menos movida. La tensión entre el Gobierno y el uribismo siguió en un pico bastante alto, por cuenta de la gira internacional que el expresidente, el excandidato Óscar Iván Zuluaga y varios senadores emprendieron para dar a conocer sus críticas al proceso de paz.

El rifirrafe entre los defensores y los contradictores de la negociación con las guerrillas se dio en todos los escenarios: medios de comunicación locales e internacionales, redes sociales, Congreso, foros… Los calificativos que se cruzaron fueron de marca mayor. Mientras los primeros aducían que el uribismo quiere que el país siga en guerra eterna, los segundos replicaban que no se puede hacer la paz rindiendo al Estado.

Ahora, siendo claro que una gira de Uribe por el exterior, por más eco mediático que tenga y contactos que pueda realizar, no va a cambiar un escenario geopolítico favorable para el proceso de paz en Colombia, que tiene a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea a la cabeza, lo cierto es que cada día se ve más difícil que el uribismo y el santismo puedan generar escenarios de consenso o, al menos, de disenso tranquilo y equilibrado.

Por ejemplo, el presidente Santos le reiteró a “la oposición de la derecha” la invitación a dialogar por la paz. “…Estoy seguro de que si nos sentamos los puedo convencer de que aquí no vamos a desaparecer al Ejército, ni vamos a entregar a la Policía para que un comandante de las Farc sea su director; ni vamos a entregarle este país al comunismo”, precisó.

Y de paso ratificó que “todo lo que están diciendo (los críticos) no tiene nada que ver con la realidad”.

Sin embargo, la respuesta de la otra orilla fue en el mismo tono beligerante de las últimas semanas. De un lado indicaron que sí están dispuestos a sentarse a hablar sobre la paz, pero en un debate público y abierto. Y, de otro, Uribe desde el exterior se fue lanza en ristre contra el proceso, diciendo que se estaba pactando con el terrorismo y el narcotráfico, y que la violencia había crecido sustancialmente.

Obviamente no se hizo esperar la réplica gubernamental y de los defensores del proceso, empezando de nuevo el cruce de acusaciones, que no puede negarse que tiene como telón de fondo la campaña de cara a los comicios regionales y locales de octubre.

Marcha bajo lupa

Capítulo aparte (cuarto flanco de batallas esta semana) mereció toda la controversia que se generó alrededor de la Marcha por la Vida que está impulsando para el próximo 8 de marzo el excandidato presidencial Antanas Mockus.

La convocatoria que había recibido semanas atrás el apoyo cerrado del Gobierno, su coalición y amplios sectores de la sociedad, así como las reservas del uribismo, quedó esta semana en el ojo del huracán al conocerse que a finales del año pasado Corpovisionarios, entidad no gubernamental cercana a Mockus, había firmado un contrato con el Fondo de Programas Especiales para la Paz por 480 millones de pesos para diseñar herramientas que pongan en marcha acciones innovadoras que facilitaran la comprensión del proceso de paz y consolidaran y movilizaran el apoyo ciudadano al mismo.

Como era apenas obvio, de inmediato desde el uribismo y otros sectores se empezó a decir que la Marcha por la Vida estaba siendo patrocinada por el Gobierno por debajo de cuerda y que Mockus había mentido sobre el origen independiente de la convocatoria.

Aunque tanto la Casa de Nariño como Mockus y Corpovisionarios rechazaron los señalamientos, e incluso levantaron las cláusulas de confidencialidad sobre los resultados de la investigación, los críticos no bajaron la guardia.

Al final la Marcha por la Vida, si bien se mantiene convocada quedó bajo la lupa y lo que debería ser un motivo natural que lleve a todos los colombianos a lanzarse a las calles, terminó imbuido en la polarización política reinante, que impidió analizar, por ejemplo, una de las conclusiones preocupantes del estudio de Corpovisionarios: que más del 50% de las personas no conocen si saben qué pasa en el proceso de paz.

Drama sigue

Como si todo lo anterior no fuera ya de por sí muy complicado, hubo otros elementos que esta semana se le sumaron a ese diario ‘batallar’ del proceso.

De un lado, mientras que desde La Habana, incluso después de reunirse con la subcomisión de género y el Frente Amplio por la Paz, las Farc insistieron en que el Gobierno declare un cese el fuego bilateral e indefinido, en Colombia se denunció que si bien esa guerrilla cumple su tregua unilateral desde el punto de vista de suspender acciones militares ofensivas, no ha cesado de reclutar menores, extorsionar, sembrar minas antipersona y participar del narcotráfico y la minería ilegal.

A ello se suma que un informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, ente adscrito a Naciones Unidas, advirtió que si bien hay un proceso de paz y los indicadores respecto a la crisis humanitaria producto del conflicto armado en el país han disminuido, la situación todavía continúa siendo grave en muchas zonas  del territorio nacional, y podría incrementarse en un escenario de post-acuerdo, debido a la persistencia de otros actores armados como las Bacrim o el Eln.

Por ejemplo, en el marco del Día Internacional Contra la Utilización de Menores en Conflictos Armados, se insistió en que las organizaciones criminales mencionadas son las que más reclutan menores de edad, seguidas de las Farc.

Como se ve, el proceso de paz tuvo que ‘batallar’ esta semana en distintos flancos, varios relativos a la siempre compleja dinámica de la negociación, y otros relacionados con el escenario político interno y externo, en donde cada día es más evidente la polarización creciente.