De la revisión de las estrategias se advierte que en las metas pilares del esquema no se registran avances significativos, si bien se encuentran algunos progresos respecto del informe anterior, como en la meta de dar publicidad al programa Basura Cero”.

Así lo consignó la Procuraduría en su tercer informe de seguimiento al esquema de metas de corto plazo elaborado por el Distrito a favor de la población recicladora.

El Ministerio Público acompaña y sigue con “carácter preventivo” el esquema propuesto por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para la inclusión de la población recicladora en el esquema de aseo de Bogotá, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en el auto 275 de 2011.

En el informe, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública reiteró “la necesidad de que la Uaesp analice y prevea las dificultades en la implementación del plan de inclusión de la población recicladora, con el propósito de evitar nuevos retrasos”.

Denuncia penal

Mientras tanto, ayer la Red de Veedurías Ciudadanas denunció a Diego Bravo, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), así como a Mario Álvarez, gerente de Aguas de Bogotá, al contratista Óscar Salazar Franco, a Juan Carlos Garzón, jefe de operaciones de la EAAB, y a Gabriel Parra, asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Según Pablo Bustos, director de la Red, las irregularidades en la adquisición de los compactadores de basura y el arriendo de varias volquetas para la recolección de basuras habría ocasionado un detrimento al Distrito que ascendería a los 8.000 millones de pesos.

Para Bustos, la empresa Aguas de Bogotá no podía adelantar las contrataciones directas de arriendo de los vehículos compactadores de basura, contratos que solo irían hasta abril y fueron extendidos hasta julio de 2013.