En cumplimiento del numeral cuarto del Auto 275 de 2011, mediante el cual la Corte Constitucional ordenó a la Procuraduría General de la Nación efectuar labores de seguimiento al esquema de metas de corto plazo elaborado a favor de la población de recicladores por parte del Distrito de Bogotá e informar de su evolución y cumplimiento de manera trimestral, el Ministerio Público entregó el noveno informe sobre el asunto.

En este trimestre no se observan avances significativos en ninguno de los cuatro objetivos del plan de inclusión, pese a que para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) el cumplimiento total del plan es del 86 por ciento, la realidad es que los aspectos sustanciales y las principales medidas de inclusión no serán implementadas ni en el corto ni en el mediano plazo.

Después de 27 meses de seguimiento a la ejecución del plan, se evidencian múltiples dificultades y retrasos, especialmente respecto de las metas de creación de organizaciones autorizadas de recicladores, la dotación de vehículos y la asignación de las rutas selectivas, la generación de los 60 centros de acopio y los 6 parques de reciclaje, la implementación del comparendo ambiental y los documentos de planeación del servicio de aprovechamiento.

Teniendo en cuenta los aspectos descritos por la Corte Constitucional como necesarios para la inclusión de la población recicladora, el ente de control evidenció que, al no haberse implementado el comparendo ambiental, la política de separación en la fuente no muestra los resultados esperados; no se observa una medida que garantice a los recicladores el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos potencialmente aprovechables;  y continúa desactualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el vigente es del 2001, con lo que se sigue incumpliendo por la no creación de los parques de reciclaje.

Finalmente, se observa con preocupación la renuncia de la directora de la Uaesp, informada por medios de comunicación el pasado primero de agosto, la cual representa el sexto cambio en el principal cargo de la entidad que lidera la implementación del plan de inclusión desde marzo del 2012. Esta situación, sumada al cambio de funcionarios y contratistas de la Unidad que tienen responsabilidades en torno al plan de inclusión y que atienden las visitas del Ministerio Público, dificultan la labor de seguimiento y sin duda afecta el cumplimiento de los objetivos y metas previstos.