Por presentar serias deficiencias en el recaudo de impuestos y considerar que el sistema es poco progresivo, equitativo e ineficiente, los banqueros le pidieron al Gobierno que desarrolle una reforma tributaria estructural.

El objetivo de las entidades de crédito, uno de los sectores que más carga impositiva tiene en el país, es que se construya una nueva reglamentación normativa de los impuestos así como su administración.

Indica la Asobancaria que los bancos son los encargados de efectuar el recaudo de todos los impuestos nacionales, en desarrollo de lo cual procesa y entrega toda la información a la administración tributaria nacional, para lo cual las entidades financieras han efectuado drásticas implementaciones operativas y tecnológicas a su interior.

Señala que por este conocimiento del sistema impositivo, el sector se considera como un actor idóneo para sugerir al Gobierno Nacional que busque desarrollar una reforma tributaria estructural.

“Es claro que el sistema impositivo actual presenta serias deficiencias: es inequitativo, poco progresivo e ineficiente. No se deben escatimar esfuerzos para lograr un estatuto que vincule a todos los sectores de la economía, que genere un mejor y más efectivo recaudo y que además logre la estabilidad jurídica necesaria para atraer a la inversión extranjera”, sostienen las entidades.

En estas modificaciones deben tenerse en cuenta, por un lado, la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales, dentro de sus muchos efectos, generan incompatibilidad entre la regulación contable y la tributaria, lo que implicará que los contribuyentes obligados a aplicarlas deban llevar para los mismos periodos diferentes contabilidades.

A juicio de la Asobancaria, se podrían sustituir impuestos con bases diferenciales como por ejemplo el ICA, por otros con bases más amplias y estables como el IVA o la renta. Se podría diseñar un sistema que combine elementos para lograr mayor recaudo al menor costo posible y que disminuya la evasión existente.

Además el gremio financiero insiste en pedir que se elimine de forma inmediata el Gravamen a los Movimientos Financieros. La eliminación definitiva del gravamen le traería al país beneficios que con seguridad compensarían la caída en el recaudo que se generaría por su derogación. Desde que este impuesto fue adoptado, el funcionamiento de los mercados financieros se ha visto perturbado notoriamente.

Entre otros efectos de este gravamen se destacan la mayor preferencia por el efectivo, el menor valor y número de cheques compensados, el encarecimiento de la fuente de fondos del sistema financiero, el aumento en los costos de operación del sistema de pagos de alto valor y el consecuente proceso de desbancarización de la economía.

Indica el gremio que los intermediarios financieros desempeñan un importante papel en el sistema impositivo colombiano, que se deriva de su función primordial en la economía.

El año pasado generaron cerca de 5% del PIB y aportaron medio punto porcentual al crecimiento económico, y fueron uno de los contribuyentes que más pagó impuestos, con un aporte de 11% de los ingresos tributarios nacionales.

Esta fue la tercera contribución impositiva más grande, con la misma magnitud que la del comercio y superada sólo por la de la minería (41%) y por muy poco por la de la industria (11,7%).

Solo los bancos pagaron por impuestos 6% de los recaudos nacionales y su pago del tributo de renta representó 5,0% del importe total de este gravamen.

Además, la banca desempeña una función fundamental, que se puede resumir en recepción del pago, traslado de los recursos a las arcas públicas, obtención de información y manejo de acciones de control que le ayudan al Estado en la fiscalización de sus ingresos.

Señala el sistema financiero que a pesar de que la frecuencia de las reformas tributarias ha aumentado de manera sustancial en las últimas décadas, sus deficiencias no se han eliminado, revelando una preferencia por cambios marginales, antes que por reformas estructurales. Estos cambios han sido inducidos por la urgencia de aumentar los recaudos y, en muchos casos, han ido en contra de la calidad misma de la estructura tributaria.