Por la vía de acuerdos con campesinos cultivadores se espera erradicar al menos 124.000 hectáreas de coca. Cada familia recibirá del Estado $36 millones para proyectos y autosostenimiento.
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Se inició formalmente la bancarización de más de 21.000 de las 29.000 familias campesinas que sembraban coca y que suscribieron acuerdos con el Gobierno en desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Así lo dio a conocer la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto.

La sustitución de cultivos ilícitos hace parte de los acuerdos de paz y busca concertar con los campesinos que durante años han derivado su sustento de la siembra, especialmente de coca, que dejen esa actividad pasando a productos tradicionales como la yuca y el cacao.

En este sentido este programa que arrancó en mayo del 2017 deja atrás el tratamiento que tradicionalmente se le dado a los pequeños cultivadores de coca, basado en la criminalización y la destrucción de los cultivos por la vía de la erradicación y anteriormente por la fumigación con glifosato, pasando a ofrecer ayuda del Estado para que emprendan proyectos agrícolas lícitos.

El programa establece pagos durante dos años a las familias que firmen el acuerdo con el Gobierno para hacer parte del mismo. En el primer año cada familia recibe 1 millón de pesos mensual de remuneración por actividades de sustitución. 1.800.000 pesos para implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria. Y 9 millones de pesos para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido.

En tanto que en el segundo año se pagarán 10 millones de pesos por familia para proyectos productivos y mano de obra. Adicionalmente están contemplados 3.200.000 pesos por familia para asistencia técnica integral.

La Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto indicó que la bancarización hasta ahora de 21.000 de las 29.000 familias campesinas que suscribieron acuerdos con el Gobierno está a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, DSCI.

El director del Programa, Eduardo Díaz, señaló que luego de los cruces de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la verificación de todos los requisitos, se puso en marcha la estrategia de retiros con tarjeta en sucursales del Banco Agrario, inicialmente en Briceño, Antioquia (11 veredas); Uribe, en el Meta; Tibú, Norte de Santander; San José del Guaviare-Colinas, en el Guaviare; y Puerto Asís, en el departamento del Putumayo.

Agregó que de esta manera se facilita la entrega de recursos correspondientes a quienes se comprometieron con los acuerdos de sustitución de la hoja de coca, en un proceso clave de los acuerdos de paz suscritos entre las Farc y el Gobierno. El propósito corresponde igualmente a facilitar el acceso de la población a los servicios del Estado, como está definido en el acuerdo.

Esos acuerdos determinan el desarrollo del PAI, Plan de Atención Inmediata, que tiene que ver con acciones y recursos que ejecuta el Gobierno para garantizar los ingresos de las familias que sustituyen los cultivos ilícitos. Incluye el desarrollo de proyectos productivos legales, beneficios colectivos para las comunidades, además de otros apoyos a núcleos familiares.

Alrededor de 135.000 familias campesinas, que reportaron 124.000 hectáreas de coca, han expresado su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito, a través de la firma de 63 Acuerdos Colectivos (departamentales, regionales y municipales).

Las familias que hacen parte del PNIS adquieren los compromisos de no resembrar los cultivos de uso ilícito, no estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito y no participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos.

Grave problema

Tras el crecimiento desmedido de los cultivos ilícitos en Colombia en los últimos tres años, lo que motivó los reclamos de la Casa Blanca en Estados Unidos y la preocupación de Naciones Unidas, la administración Santos Calderón se fijó erradicar 100.000 hectáreas de coca: 50.000 por la vía forzosa y 50.000 por la vía de la sustitución.

Según las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -Unodc-  en el año 2016 se produjo un incremento del 52 por ciento en los cultivos de coca en Colombia, al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas.

Sin embargo, las cifras de la Casa Blanca son más dramáticas. El informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca indicó que entre 2013 y 2016 los sembrados de coca aumentaron en más del 130 por ciento, de 80.500 hectáreas en 2013 a 188.000 hectáreas. En el año 2015 los sembrados de coca se extendían por 159.000 hectáreas.