En momentos en que la discusión sobre la ocupación de tierras cobra vigencia por las constantes denuncias que sobre el tema han surgido, el Gobierno Nacional anunció el fortalecimiento de sus estrategias para combatir la adjudicación ilegal, sin embargo, el inconformismo sigue y hay sectores que se preguntan si fue una reforma agraria para pocos.

Parte de los cuestionamientos que se han escuchado provienen del representante del Polo Democrático, Wilson Arias, quien recientemente denunció que Cargill, una de las multinacionales agroindustriales “ha acaparado en la altillanura colombiana al menos 26.000 hectáreas de tierra con antecedente de baldío”.

El congresista manifestó que dicha compañía “ha burlado la Ley 160 de 1994 y para ello, contó con la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia, de la cual hiciera parte el hoy embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia”.

En ese sentido, el Representante a la Cámara citó a la Canciller, María Ángela Holguín, al Congreso para que dé explicaciones sobre la conducta del hoy embajador en Estados Unidos, relacionada con sus asesorías a la multinacional Cargill “y el acaparamiento irregular de tierras en Colombia”.  

Acaparamiento

Arias ha investigado la dinámica del acaparamiento y la extranjerización de la tierra “y cómo estos procesos se han presentado en los llanos orientales de Colombia, particularmente en la zona conocida como la altillanura”.

Aseguró que la primera referencia a las inversiones de esta empresa, las puso en conocimiento de la opinión pública en 2010 y 2011, cuando se detallaron las sospechas iniciales de inversiones irregulares en tierras ante el Congreso de la República.

Explicó que “la investigación inició con el análisis de los ingresos de inversión extranjera para la compra de tierras por parte del fondo de cobertura de la Multinacional Estadounidense, que se denomina Black River, y que en Colombia se constituyó como filial en 2005, con la razón social Black River Colombia SAS (NIT: 900012685-1), esto con el objeto de constituirse en vehículo financiero para la transferencia de recursos provenientes de Estados Unidos”.

Según Arias, dichos recursos terminarían financiando la “red empresarial SAS” que se vendría a consolidar entre 2007 y 2012, “y que lograra adquirir una vasta extensión de tierras en el departamento del Vichada. La transferencia de recursos por la Multinacional Cargill desde Estados Unidos se realizó a partir del 2004”.

El legislador añadió que aparentemente el fondo de cobertura Black River  a través de distintas cuentas demarcadas para la compra de predios específicos, entre 2004 y 2012, “según el Banco de la República, ha girado a las empresas SAS constituidas en Colombia cerca de 38 millones de dólares (más de 75 mil millones de pesos)”.

Otro caso mencionado por Arias es el de la compañía Riopaila Castilla S.A.S. al denunciarla “por posibles conductas punibles de fraude procesal y concierto para delinquir en contra de los representantes legales y los socios de las 27 empresas de fachada (S.A.S) en el proceso fraudulento de compra del globo de tierra correspondiente al proyecto agroindustrial Veracruz”.

En sus palabras, todo ocurre en medio de la necesidad de la empresa Riopaila Castilla S.A. “de hacerse la propiedad de aproximadamente 42.000 hectáreas de tierras para desarrollar el denominado proyecto Veracruz, burlando lo dispuesto en una clarísima norma de anticoncentración de la propiedad de la tierra en Colombia”.

Sin embargo, dice, “en esta empresa criminal intervienen la creación de múltiples firmas tipo SAS (Sociedades Anónimas Simplificadas) como medio fraudulento o engañoso para concentrar la propiedad de una extensa superficie de tierra, prohibida por la ley mediante el concurso doloso de prestigiosos abogados, los representantes legales del ingenio Riopaila Castilla SAS y los representantes legales y socios de las 27 firmas tipo SAS constituidas para tal fin”.

Respuesta de Riopaila

A través de un comunicado, la compañía afirmó que ha actuado de acuerdo a las normas.

“La compañía decidió invertir en la altillanura colombiana para volver productivas tierras que hasta hace muy poco han podido ser objeto de desarrollo por las limitaciones de infraestructura de la región y por las grandes inversiones que se requieren para su explotación”, se lee en uno de los apartes.
En cuanto a la compra de las tierras indicó que “la negociación se realizó directamente con los propietarios de la tierra, a precios comerciales y con la firme convicción de que los bienes adquiridos son propiedad privada y están dentro del libre comercio (...)”.

Adicional a ello, “las compras se hicieron a través de empresas agroforestales que al 31 de diciembre de 2011 fueron adquiridas por Riopaila Castilla S.A., a través de filiales, y por lo tanto, desde el punto de vista societario, hacen parte del Grupo Empresarial Riopaila Castilla S.A.”.

Medidas del Incoder

Ante ello, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) desde inicios de este año anunció el reforzamiento de acciones para fortalecer los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de baldíos.

“Los resultados de la reciente auditoría de la Contraloría General de la República coinciden con las conclusiones del Instituto y por lo que en su momento se implementaron nuevas acciones para prevenir irregularidades”, dijo la entidad.

Dentro de las medidas que el Instituto ha adoptado recientemente está la de suspender por dos meses (prorrogables) la facultad de titular baldíos en todo el país, “hasta que se apliquen nuevos controles como cruces de información con distintas entidades (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, IGAC, DAS y DIAN) y revisión de los procesos que están en curso  actualmente”.

Hoy en día, unas 35 mil personas están en trámite de este tipo ante el Incoder.

Así lo ha venido manifestado la directora de la entidad, Miriam Villegas, para quien “hasta que se garantice que estas personas son beneficiarias de reforma agraria no se les va a titular un metro de tierra más”.

Además, se expidieron nuevas instrucciones sobre procesos de titulación de baldíos, sobre procesos de notificaciones, de realización de visitas oculares a los predios.

“Estas son las pruebas reina para garantizar que el solicitante explota económicamente el predio, también se han dado instrucciones sobre la forma en que se resuelven las revocatorias y los recursos y cómo se traduce y cómo se debe aplicar el procedimiento”, explicó Jhenifer Mojica, subgerente de Tierras del Incoder.

Estrategias

Cabe recordar que desde finales del año pasado, de manera articulada con la Fiscalía y la Contraloría delegada para tierras, el Incoder inició una estrategia anticorrupción que consiste en la revisión de expedientes en direcciones territoriales que tengan indicios o denuncias de corrupción o de irregularidades.

Por ejemplo, en Antioquia, en un trabajo conjunto con la Procuraduría Agraria Ambiental, “se detectaron 1.500 expedientes de titulación de baldíos que tienen ilegalidades en su proceso”.

Ante ello, el Instituto ha iniciado acciones en otros territorios, coincidiendo con los resultados de la Contraloría en Vichada, Caquetá, Meta, Magdalena y Antioquia.

Pronunciamiento de la Contraloría

El Incoder se refiere al reciente pronunciamiento de la Contraloría “por deficiencias en gestión del Incoder para adjudicación de baldíos”.

Y es que la Contraloría General hizo un fuerte llamado de atención sobre la “debilidad institucional del Incoder en el ejercicio de sus funciones de adjudicación de terrenos baldíos”.

El organismo pidió subsanar una serie de deficiencias que detectó en el marco de la auditoría regular que se hace a esta entidad y en una actuación especial sobre adjudicación de baldíos en las direcciones territoriales de este instituto en Vichada, Caquetá, Meta, Magdalena y Antioquia en 2012.

“Se ha encontrado que, en su gran mayoría, el proceso de adjudicación de baldíos es adelantado por  contratistas y no por funcionarios de la entidad, vulnerando la norma que prohíbe celebrar contratos de prestación de servicios,  que corresponde a empleos donde se ejercen funciones de carácter permanente”, de acuerdo a un documento divulgado. 

Se detectó también “que hay una alta rotación de personas que adelantan el proceso y por tanto se desempeñan estas funciones sin el suficiente entrenamiento y experiencia”.

A esto se suma el hecho “de poner en riesgo el manejo y la seguridad de la información y de los documentos del proceso de adjudicación”.

La Contraloría consideró además que la inspección ocular “no garantiza que el proceso de adjudicación se realice en debida forma, toda vez que presenta varias debilidades: por ejemplo, no identifica ni delimita adecuadamente el predio (no se apoya en herramientas tecnológicas como georreferenciadores”.

Tampoco se tienen previstos registros  fotográficos o audiovisuales, “no se realiza una verificación a fondo de las  condiciones del predio, y no se registran pruebas de la permanencia y explotación del predio por parte del solicitante en un lapso superior a cinco años”.

“Todo esto denota falta de rigor en esa etapa del proceso. Sin lugar a equívocos se  puede afirmar que la inspección ocular, en términos generales, consiste en llenar un  formato a manera de check list”, dice un estudio de la Contraloría.

Otros riesgos

De acuerdo con la Contraloría, “tampoco se hace seguimiento a las titulaciones, con lo cual se pone en riesgo el logro de los objetivos de la Ley 160/1994”.

La norma indica que no es posible la acumulación de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) en terrenos originalmente adjudicados como baldíos.

No obstante, la  Contraloría “ha constatado que algunos beneficiarios gozan de más de una adjudicación y además adquieren predios colindantes, con lo cual acumulan predios resultando que la adjudicación se desvía del objetivo de la Ley”.

 

Acciones del Gobierno

La cartera ministerial se refirió a la concentración de tierras baldías explicando que para dar claridad, precisión y certidumbre jurídica radicará un proyecto de ley en el que se proponga la interpretación, con autoridad del Congreso, de la aplicación de la Ley en el tiempo y la necesidad de establecer controles precisos cuando se pretenda invertir en tierras rurales.

También “insistirá en fortalecer el régimen de protección de las tierras de los beneficiarios de la reforma agraria”.

Además, la aplicación de la Ley 160 de 1994 será exigida ante las instancias judiciales y administrativas y continuará con la Superintendencia de Notariado y Registro y el Incoder, en las investigaciones que puedan evidenciar otros casos de posible violación a la Ley. 

Igualmente el Ministerio “presentará las acciones que fueren pertinentes y solicitará respetuosamente al Consejo de Estado, mayor claridad sobre los efectos de la Ley en el tiempo y el control por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Recordó que el fenómeno de la concentración de tierras que han sido baldías,  en contra de lo previsto en la Ley 160 de 1994, no es un asunto novedoso.

“Desde 2010 el Ministerio de Agricultura y el Incoder iniciaron las investigaciones que concluyeron con la presentación de las primeras demandas de nulidad de contratos de compraventa de estas tierras en el año 2012”, dijo la cartera a través de un documento.

Precisamente dentro del conjunto de acciones adelantadas por el Ministerio, se presentaron  solicitudes de investigación disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Notariado y Registro “frente a las actuaciones de los registradores que inscribieron actos de compraventa sobre tierras, pretermitiendo la prohibición de concentración y se ha insistido ante esta última para procurar la revocatoria o cancelación de los registros”.

 

 

Proyecto sobre inversión extranjera

 

En el Legislativo cursa su trámite un proyecto que regula la inversión extranjera en el país, que durante su primer debate estuvo marcado por la controversia puesto que, tal como lo publicó EL NUEVO SIGLO en su momento,  hubo quienes argumentaron una legalización del robo de la tierra, otros defendían el proyecto insistiendo en la protección del pequeño campesino.

Precisamente, el senador ponente de la iniciativa, Luis Emilio Sierra aseveró que uno de los objetivos es fomentar los proyectos asociativos, para que “quienes han sido adjudicatarios de baldíos puedan vincular esas tierras a proyectos asociativos más grandes”.

En diálogo exclusivo con EL NUEVO SIGLO, Sierra enfatizó en que este es un tema que ha sido discutido “sobre una supuesta invasión de inversionistas extranjeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a acabar con la seguridad alimentaria. Cosa que es absolutamente falsa”.

El senador Jorge Enrique Robledo dijo que dicho proyecto “influye en la posible legalización del robo de millones de hectáreas e incluye cambiar las normas fundamentales que privilegian la defensa de la propiedad campesina, en el caso de los baldíos y es un proyecto de reforma agraria en beneficio de los extranjeros”.

En respuesta, el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo desmintió que el proyecto sea una legalización del robo de tierras.

En conversación con EL NUEVO SIGLO, Restrepo insistió que el Gobierno desempolvó más de 1.500 procesos “que en ese sentido estaban dormidos intencionalmente en administraciones anteriores del Incoder”.

También argumentó que dichos comentarios “hacen parte de una opinión disparatada y fuera de todas las realidades. Con este proyecto se busca que el mercado de tierras en Colombia se haga con gran claridad, transparencia y respeto al Estado de Derecho”.