Como medida para combatir la acumulación de baldíos, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez manifestó que los notarios de todo el país deben exigir declaraciones fundamentadas, en la que tanto el comprador como el vendedor certifiquen que no existen impedimentos legales.

“Los notarios del país deben exigir al momento de protocolizar la compraventa de un predio proveniente de baldíos, una declaración en la que se manifieste bajo gravedad de juramento que no están incursos en impedimentos expuestos en la Ley 160 del 1994”, indicó.

Entre los impedimentos contenidos en esta norma, está el que advierte que un solo titular no podrá ejercer el dominio, posesión o tenencia cuando tenga más de una Unidad Agrícola Familiar y se entendería como un delito faltar a la verdad juramentada. Al respecto, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, aseguró que se enviará una circular a los notarios del país para que a partir de ahora exijan esta declaración.

Durante la “Encerrona de tierras”, el Ministro de Justicia evaluó los avances en temas relacionados con procesos de protección, restitución y formalización de tierras desarrollados por la Superintendencia de Notariado y Registro.

“El Ministerio de Justicia a través de la Superintendencia de Notariado cumple con ayudar a quienes han sido despojados de sus predios, con la formalización de títulos y capacitarlos en el proceso de restitución de tierras. Los campesinos tienen que saber que este Estado, con su Fuerza Pública, con sus fiscales, con sus jueces, trabajan para que no vuelva a haber un desplazamiento jamás”, enfatizó.

Al respecto, la Supernotariado entregó un informe de los avances del convenio suscrito en el 2012 con Parques Nacionales Naturales, para determinar presuntas violaciones a la legislación ambiental colombiana. Hasta el momento, se han estudiado 3.149 folios de matrículas inmobiliarias, cuya área total suma 76.694 hectáreas.

Entre los hallazgos más importantes del documento, está que el 49 por ciento de los predios estudiados en el Parque Selva de Florencia y el Parque de Pisba fueron adjudicados como baldíos y están en manos de privados en trámites que se efectuaron después de haber sido catalogados como zonas de reserva natural protegida. En Selva de Florencia también se detectó que aunque los predios que conforman el parque ya tienen la limitación al derecho de dominio en sus folios, por encontrarse en zona de Parque Nacional Natural, se han efectuado registros de ventas, embargos e hipotecas, actos jurídicos que están prohibidos por la Ley.

Frente a investigaciones adelantadas por la Superintendencia por las presuntas irregulares detectadas con la adjudicación de predios ubicados en el municipio de Tubará (Atlántico), se anunció también que se interpuso la respectiva denuncia penal por incongruencia entre áreas; predios ubicados en zonas de uso público y escrituras con alteraciones del protocolo.